Drones que entregan medicamentos y telesalud en bibliotecas locales son algunas de las ideas que líderes estatales acaban de presentar para gastar su parte de un programa federal de salud rural de $50.000 millones.
El gobierno de Trump, que ha prometido “transparencia radical”, afirmó en un documento de preguntas frecuentes que planea publicar el “resumen de proyectos” de los estados que obtengan fondos. Siguiendo el ejemplo de los reguladores federales, muchos estados ocultan sus solicitudes completas, y algunos se han negado a revelar cualquier detalle.
“Seamos claros”, dijo Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés). “Los directores de hospitales, los administradores de clínicas, los líderes comunitarios: todos van a querer saber qué están haciendo sus estados”.
Entre los miembros de la NRHA se incluyen hospitales y clínicas rurales con dificultades económicas, a los que legisladores federales prometieron beneficiar con el Programa de Transformación de la Salud Rural del gobierno de Trump.
Morgan señaló que sus miembros están interesados en saber qué proponen los estados, qué ideas son aprobadas o rechazadas y cuáles son sus justificaciones presupuestarias, que explican cómo podría gastarse el dinero.
Mejorar la atención médica rural es una “tarea increíblemente complicada y difícil”, afirmó Morgan.
El Programa de Transformación de la Salud Rural, con una duración de cinco años, fue aprobado por el Congreso en una ley —la llamada One Big Beautiful Bill Act— que también reduce drásticamente el gasto de Medicaid, del cual dependen en gran medida los proveedores de salud en zonas rurales. Este programa está siendo observado con atención porque representa una inyección muy necesaria de fondos, aunque con la condición impuesta por el gobierno de Trump de que el dinero se utilice en ideas transformadoras y no simplemente para mantener a flote a hospitales rurales en crisis.
La ley indica que la mitad de los $50.000 millones se dividirá en partes iguales entre todos los estados con una solicitud aprobada. El resto se distribuirá en base a un sistema de puntos. De la segunda mitad, $12.500 millones se asignarán en función del nivel de “ruralidad” de cada estado. Los otros $12.500 millones se otorgarán a estados que obtengan buenos puntajes en iniciativas y políticas alineadas, en parte, con los objetivos del gobierno de Trump bajo el lema “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” (Make America Healthy Again).
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en repetidas ocasiones abrir el gobierno al pueblo estadounidense. Su agencia tiene una página web dedicada a la “transparencia radical”.
“Estamos trabajando para que este sea el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) más transparente en sus 70 años de historia”, escribió Kennedy en un testimonio escrito al Congreso en septiembre.
Lawrence Gostin, profesor de derecho en salud pública en la Universidad Georgetown, dijo que el HHS está actuando “de manera totalmente opaca” y que el público tiene derecho a exigir “mayor apertura y claridad”. Sin transparencia, agregó, la población no puede evaluar las responsabilidades de esa agencia.
Catherine Howden, vocera de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia seguirá las regulaciones federales que rigen los materiales de subvenciones competitivas al publicar información sobre el programa de salud rural.
Las solicitudes de subvención “no se hacen públicas durante el proceso de evaluación por méritos”, dijo Howden, y agregó: “El propósito de esta política es proteger la integridad de las evaluaciones, la confidencialidad de los solicitantes y la naturaleza competitiva del proceso”.
Demócratas y algunos defensores de la atención de salud temen que las decisiones sobre la distribución del dinero tengan motivaciones políticas.
“Me preocupan las represalias políticas”, dijo la representante Nikki Budzinski, demócrata de Illinois. Como los demócratas controlan la política de nuestro estado, “nuestra solicitud podría no ser tomada tan en serio como la de otros estados liderados por republicanos”, agregó.
En noviembre, los legisladores demócratas de Illinois en la Cámara de Representantes enviaron una carta al administrador de los CMS, Mehmet Oz, solicitando una “evaluación justa e integral” de la solicitud estatal. Las autoridades de Illinois aún no han comunicado su propuesta a KFF Health News, que presentó una solicitud de registros públicos.
Heather Howard, profesora en la Universidad de Princeton, dijo que le “sorprende gratamente la transparencia de muchos estados”.
Howard dirige el programa State Health and Value Strategies de la universidad, que monitorea el fondo de salud rural, y elogió a la mayoría de los estados por publicar sus resúmenes del proyecto.
“Esto demuestra el enorme interés que despierta el programa”, dijo Howard.
Su equipo, que revisó cerca de dos docenas de resúmenes estatales, identificó temas comunes como la expansión de servicios móviles y a domicilio, mayor uso de tecnología, y desarrollo de la fuerza laboral con becas, bonos por contratación y ayuda para cuidado infantil en puestos de alta demanda.
“Creo que es emocionante”, dijo Howard. “Considero muy valioso lo que podemos aprender de estas propuestas”.
Howard señaló que las solicitudes de Georgia y Alabama incluían el uso de telerrobótica: una propuesta para utilizar robots para realizar ecografías remotas.
Otro tema que “me entusiasma”, dijo, es el esfuerzo de los estados por crear grupos o comités asesores, como en Idaho, donde se espera que los grupos de trabajo se enfoquen en tecnología, desarrollo de fuerza laboral, colaboración con comunidades indígenas, y salud mental y conductual.
Los 50 estados presentaron sus solicitudes a los reguladores federales antes de la fecha límite del 5 de noviembre, y las resoluciones se anunciarán antes de que termine el año, según los CMS.
Hasta finales de noviembre, casi 40 estados habían hecho público su resumen del proyecto, que es la parte principal de la solicitud donde se describen las iniciativas propuestas, según un seguimiento de KFF Health News. Más de una docena de estados también publicaron sus presupuestos.
Un pequeño grupo de estados —Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming— publicó todos los componentes de la solicitud.
KFF Health News presentó solicitudes de registros públicos para obtener las peticiones completas de los estados. Algunos se negaron a entregar cualquier parte de sus materiales.
Nebraska, por ejemplo, rechazó la solicitud argumentando que su contenido es “información comercial o propietaria” que “podría beneficiar a competidores comerciales”.
Kentucky compartió el resumen de su solicitud, pero indicó que el resto es un “borrador preliminar” no sujeto a divulgación bajo las leyes estatales.
Erika Engle, vocera del gobernador de Hawaii, Josh Green, dijo que el gobernador “está comprometido con la transparencia”, pero se negó a compartir la propuesta del estado.
Hawaii y otros estados aún están procesando solicitudes formales de registros públicos.
Este programa de salud rural forma parte de la ley aprobada en julio que se prevé que reducirá el gasto federal de Medicaid en zonas rurales en $137.000 millones durante los próximos 10 años.
Se espera que estos recortes afecten las finanzas de centros rurales, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando. Un informe reciente de Commonwealth Fund reveló que muchas áreas rurales siguen sin acceso adecuado a atención primaria. Pero las normas del programa de salud rural indican que solo el 15% de los nuevos fondos puede utilizarse para pagar atención directa a los pacientes.
Entre los recortes a Medicaid y la nueva inversión del programa, “hay una verdadera oportunidad para que las políticas nacionales tengan un impacto en las zonas rurales, tanto de forma negativa como positiva”, señaló Celli Horstman, investigadora principal de la fundación en Nueva York y coautora del informe.
Entre las propuestas disponibles al público, los estados con gobiernos demócratas muestran disposición para apoyar algunos de los objetivos del gobierno, aunque también rechazan otros, lo cual podría restarles puntos.
Por ejemplo, Nuevo México indicó que presentará una ley para que los estudiantes tomen la Prueba Presidencial de Aptitud Física (Presidential Fitness Test) y que los médicos realicen cursos de educación continua sobre nutrición. Pero no impedirá que las personas usen sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para comprar productos “no nutritivos” como sodas o dulces.
Muchos estados planean invertir en tecnología, como telesalud, ciberseguridad y equipos para monitoreo remoto de pacientes. Otros temas incluyen mejorar el acceso a alimentos saludables, fortalecer los servicios de emergencia, prevenir y tratar enfermedades crónicas, y recurrir a trabajadores comunitarios de salud y paramédicos para visitas domiciliarias.
Algunas propuestas específicas incluyen:
- Arkansas quiere gastar $5 millones en su programa “FAITH” —Acceso, Transporte y Salud Basados en la Fe— para que instituciones religiosas rurales organicen eventos de educación y pruebas preventivas. También se instalarían circuitos para caminar y equipos de ejercicio en las congregaciones.
- Alaska, que históricamente ha usado trineos de perros para entregar medicamentos en zonas remotas, quiere probar el uso de “sistemas aéreos no tripulados” para agilizar la entrega de medicinas.
- Tennessee quiere aumentar el acceso a actividades saludables con inversiones en parques, senderos y mercados agrícolas.
- Maryland propone abrir mercados móviles e instalar refrigeradores y congeladores para facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables que suelen dañarse en zonas rurales con pocos supermercados.
El senador estatal Stephen Meredith, un republicano que representa una parte del oeste de Kentucky, dijo que espera que los hospitales rurales sigan cerrando, pese al programa estatal.
“Creo que estamos tratando los síntomas sin curar la enfermedad”, señaló después de escuchar una presentación sobre la propuesta de Kentucky.
Morgan, cuya organización representa a hospitales rurales que probablemente cerrarán, dijo que las ideas del estado pueden sonar bien.
“Uno puede escribir una narrativa que suene maravillosa”, afirmó. “Pero traducir esas metas aspiracionales en un programa funcional, eso es más difícil”.
Los reporteros de KFF Health News, Phil Galewitz, Katheryn Houghton, Tony Leys, Jazmin Orozco Rodriguez, Maia Rosenfeld, Bram Sable-Smith y Lauren Sausser contribuyeron con este artículo.
