El principal organismo no partidario de control gubernamental del país ha confirmado que está examinando los costos de operar el único programa de Medicaid activo con requisito de trabajo, mientras legisladores republicanos estatales y federales consideran requisitos similares.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) informó a KFF Health News que su análisis del programa Georgia Pathways to Coverage podría publicarse este otoño.
En sus primeros 100 días, la administración Trump ha afirmado que eliminar el despilfarro en los programas federales era una prioridad, lo que ha permitido al multimillonario Elon Musk y al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) un amplio margen de maniobra para modificar radicalmente las operaciones de las agencias federales.
La idea de un mandato nacional que requiera que los beneficiarios de Medicaid trabajen, estudien o realicen otras actividades que cumplan los requisitos para mantener la cobertura está ganando terreno a medida que los republicanos del Congreso evalúan propuestas para recortar $880 mil millones del déficit federal a lo largo de 10 años.
Estos ahorros buscan compensar los costos de las prioridades del presidente Donald Trump, incluyendo la seguridad fronteriza y los recortes de impuestos que beneficiarían en gran medida a los más ricos.
La mayoría del público, independientemente de su orientación política, se opone a los recortes de fondos a Medicaid, según una encuesta publicada el 1 de mayo por KFF, la organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a KFF Health News.
La investigación de la GAO llega en un momento crítico, afirmó Leo Cuello, profesor de investigación del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.
“El Congreso parece estar implementando recortes a Medicaid de forma frenética y apresurada”, afirmó. El informe de la GAO podría explicar al Congreso la magnitud de los problemas con los requisitos de trabajo “antes de que se apresuren y lo hagan sin pensar”.
Las experiencias de Georgia y Arkansas, los dos únicos estados que han implementado programas similares, demuestran que los requisitos de trabajo reducen la inscripción en Medicaid y agregan costosas capas de burocracia.
Ahora, más estados intentan obtener la aprobación de la administración Trump para aprobar los requisitos de trabajo para Medicaid, el programa estatal-federal que ofrece cobertura médica a millones de estadounidenses con bajos ingresos y discapacidades.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que aprueban programas piloto de Medicaid, como los de requisitos de trabajo, no respondieron a una solicitud de comentarios.
La GAO descubrió en 2019 que la gestión de los programas de requisitos laborales puede resultar costosa para los estados (cientos de millones de dólares, en algunos casos) y que los funcionarios federales no consideraron esos costos al aprobarlos, lo que no puede aumentar el gasto de Medicaid.
Aun así, la administración Trump ha apoyado los requisitos laborales. Estos programas exigen que los empleados estatales verifiquen manualmente si los beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad y supervisen su cumplimiento continuo.
En 2023, más del 90% de los adultos estadounidenses elegibles para la expansión de Medicaid ya trabajaban o podrían estar exentos de los requisitos, según KFF.
Durante su audiencia de confirmación para dirigir los CMS, Mehmet Oz afirmó estar a favor de los requisitos laborales, pero no creía que debieran utilizarse como “un obstáculo, un intento engañoso de impedir que las personas accedan a Medicaid”.
La primera administración Trump aprobó los requisitos laborales en 13 estados. Casi todos los programas fueron bloqueados por la administración Biden o por tribunales federales.
Georgia es uno de los 10 estados que no ha expandido completamente Medicaid a casi todos los adultos de bajos ingresos.
El estado lanzó Pathways to Coverage el 1 de julio de 2023. Ha sido una prioridad política del gobernador republicano Brian Kemp, cuya oficina se vio envuelta en una larga batalla legal con la administración Biden cuando intentó bloquear el programa.
El programa costó más de $57 millones estatales y federales hasta finales de 2024, gran parte de los cuales se destinó a administrarlo. Al 25 de abril, 7.410 personas estaban inscritas, un pequeño porcentaje de las que estarían cubiertas por una expansión total de Medicaid. Pathways también ha ralentizado los tiempos de procesamiento para otros programas de beneficios en el estado.
Al ser consultado sobre los costos y beneficios de Pathways, Garrison Douglas, vocero de Kemp, señaló el reciente mercado estatal de Obamacare en Georgia. Este registró una inscripción récord debido, en parte, a la mejora de los subsidios aprobada por la administración Biden.
“Estamos cubriendo a más georgianos de lo que habría cubierto la expansión tradicional de Medicaid, y por menos dinero”, dijo Douglas, refiriéndose a la parte estatal, no federal, del gasto.
Los subsidios mejorados que impulsaron la inscripción expirarán este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que extenderlos costaría al gobierno federal alrededor de $335 mil millones en 10 años.
En marzo, Arkansas solicitó a la administración Trump que relanzara su programa de requisitos de trabajo de Medicaid. El período federal de comentarios públicos sobre el programa finaliza el 10 de mayo. Una versión anterior fue suspendida por una orden judicial en 2019, pero no antes de que más de 18.000 personas perdieran su cobertura en menos de un año.
Georgia planea solicitar a la Casa Blanca que renueve su programa con cambios modestos, incluyendo la reducción de la frecuencia con la que los inscritos deben demostrar al estado que están trabajando o participando en otras actividades calificadas.
La investigación de la GAO sobre el programa de requisitos de trabajo de Georgia se produce después de que tres senadores demócratas estadounidenses —Jon Ossoff y Raphael Warnock, de Georgia, y Ron Wyden, de Oregon— solicitaran a la GAO en diciembre una investigación sobre los costos del programa. Su solicitud citaba un informe de KFF Health News.
“Impulsé este informe de la GAO porque confío en que sus hallazgos respaldarán aún más lo que ya sabemos: Pathways to Coverage cuesta más dinero a los contribuyentes y cubre a menos personas que si el estado simplemente se uniera a otros 40 estados para cerrar la brecha en la cobertura médica”, declaró Warnock en un comunicado.
La GAO afirmó que su objetivo es determinar cuánto ha gastado Georgia en la gestión del programa, cuánto de ese dinero fue federal y cómo se está monitoreando ese gasto.
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