Durante una cena bajo palmeras en la terraza de Mar-a-Lago en diciembre, el presidente electo Donald Trump tranquilizó a los directores ejecutivos de las farmacéuticas Eli Lilly y Pfizer diciéndoles que el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. no sería una elección radical para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
“Creo que va a ser mucho menos radical de lo que imaginan”, aseguró Trump ese mismo mes durante una conferencia de prensa en su complejo turístico en Palm Beach, Florida.
Ocho meses después, Kennedy ha intensificado sus ataques contra el sistema de vacunación.
Uno de sus principales objetivos es un programa federal de compensación que resuelve reclamos de daños por vacunas.
Según algunos expertos legales y líderes en salud pública, su estrategia podría llevar a la quiebra o al debilitamiento del fondo, obligando a las farmacéuticas a asumir riesgos legales y costos que las llevarían a dejar de fabricar vacunas por completo.
“Es una agenda radical”, dijo Angela Rasmussen, viróloga de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. “Está usando varios mecanismos distintos y realmente no hay límites. La gente va a empezar a darse cuenta, pero no será suficiente para detener la ola de muertes, incluidas las de niños”.
Kennedy ha dicho que es necesario reformar el sistema de vacunación en el país porque, según él —sin ofrecer evidencia—, las vacunas están relacionadas con el autismo, la neurotoxicidad, las alergias y la muerte. Es una de las figuras líderes del movimiento “Make America Healthy Again” (“Hagamos a Estados Unidos Saludable Otra Vez”), una campaña informal que rechaza la medicina tradicional y promueve la llamada “libertad médica”.
Muchos de sus seguidores se oponen a las vacunas y creen que son peligrosas, a pesar de la evidencia científica que demuestra lo contrario.
Kennedy ha reconocido que quiere reformar el fondo de vacunas, conocido como el Programa de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP, por sus siglas en inglés). El 28 de julio escribió en la red social X que “el VICP está roto, y pienso arreglarlo”. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está trabajando con el Departamento de Justicia para reformar el programa, que protege a las farmacéuticas de la mayoría de las demandas por lesiones.
El HHS no respondió a la solicitud de entrevista con Kennedy, pero funcionarios de la agencia dijeron que él no está en contra de las vacunas. “El secretario Kennedy no es antivacunas: está a favor de la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo por correo electrónico Vianca Rodríguez Feliciano, vocera del HHS.
Sin embargo, según personas familiarizadas con las discusiones internas —que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar sobre el tema—, Kennedy ha estado trabajando en silencio para restringir la disponibilidad de vacunas ampliamente utilizadas.
Una estrategia con varios frentes
La estrategia comenzó a tomar forma en la primavera. El primer paso fue sembrar dudas infundadas sobre la seguridad de las vacunas. En una reunión de gabinete en abril, Kennedy le dijo a Trump que el HHS estaba realizando un estudio masivo para identificar la causa del aumento de diagnósticos de autismo para septiembre.
Según informes de prensa, Kennedy asignó la tarea a David Geier, un investigador que ha repetido la afirmación —ya desacreditada— de que las vacunas causan autismo.
Luego, Kennedy redobló la apuesta cuestionando el uso de aluminio, que se agrega a muchas vacunas para reforzar la respuesta inmunitaria. En una reunión de gobernadores en julio, lo vinculó con las alergias, a pesar de que un estudio reciente en la revista Annals of Internal Medicine no encontró ninguna conexión. Se espera ampliamente que pida a un comité asesor federal que revise el uso del aluminio.
La investigación sobre el autismo y las dudas sobre el aluminio fueron los primeros pasos en su ofensiva contra el fondo de compensación, según dos fuentes.
Ese fondo ofrece compensaciones a personas con lesiones causadas por vacunas y ha pagado más de $5.000 millones desde su creación en 1988, según la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).
Antes de presentar una demanda en un tribunal, las personas afectadas presentan sus reclamos ante el “tribunal de vacunas”, que no tiene jurado y evalúa la evidencia. El dinero proviene de un pequeño impuesto especial sobre cada vacuna.
La compensación se determina en parte por una tabla que mantiene la HRSA y supervisa el secretario del HHS. Esta lista enumera las vacunas y sus posibles efectos secundarios, y abarca las inmunizaciones de rutina recomendadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que están sujetas al impuesto. Las lesiones incluyen anafilaxia y encefalitis. Quienes sufran esas condiciones dentro de cierto tiempo después de vacunarse pueden recibir una indemnización.
Kennedy quiere que se incluyan el autismo o las alergias en esa tabla, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas y con preocupaciones expresadas públicamente por farmacéuticas y ex funcionarios. Podría lograrlo, por ejemplo, si una investigación dirigida por el HHS vinculara las vacunas con el autismo, o si un comité asesor recomendara eliminar el aluminio de las vacunas.
“Dado el índice de autismo, si se presentan muchos casos, eso podría llevar a la quiebra del programa”, dijo Dorit Reiss, profesora de la Universidad de California en San Francisco.
Si eso ocurriera, algunas farmacéuticas podrían dejar de fabricar vacunas —que no suelen ser productos muy rentables— para evitar demandas largas y costosas de personas que no puedan ser compensadas porque el fondo federal se haya agotado, dijeron expertos en estas leyes y fabricantes.
“El fondo de compensación, si desaparece, afectaría la decisión de seguir adelante o no con las vacunas”, dijo David Dodd, presidente y director ejecutivo de GeoVax Labs, una empresa biotecnológica que desarrolla vacunas e inmunoterapias.
Kennedy ha puesto a personas de su confianza para llevar adelante esta estrategia. Ha presionado para que escépticos de las vacunas ocupen puestos clave en los CDC, que recomiendan las vacunas, y en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que las aprueba.
También seleccionó a líderes del movimiento antivacunas para que evaluaran candidatos para su equipo.
El resultado ha sido una serie de decisiones regulatorias y políticas que han limitado el acceso a las vacunas y el desarrollo de nuevas.
Este mes, el HHS anunció que suspendía $500 millones en subvenciones y contratos para el desarrollo de vacunas de ARNm, incluidas versiones más duraderas contra covid.
El gobierno federal dejó de recomendar las vacunas contra covid para mujeres embarazadas sanas y para niños, sin consultar al comité asesor de vacunas que tradicionalmente participaba en esas decisiones.
Además, Kennedy reorganizó ese comité con miembros elegidos por él, incluidos escépticos de las vacunas, y eliminó como enlaces a grupos como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Nacional de Enfermeras y otras organizaciones. El comité modificado recomendó no aplicar vacunas contra la gripe que contienen un conservante que erróneamente se ha vinculado con el autismo.
Las llamadas de la Casa Blanca
La intención de Kennedy de mantener a escépticos de las vacunas en puestos de supervisión se evidenció en un acuerdo que hizo recientemente con Trump y su equipo, según dos fuentes. El acuerdo se concretó un domingo de julio por la noche, cuando Kennedy recibió una llamada de la Casa Blanca.
El tema era Vinay Prasad, un alto regulador de vacunas de la FDA. Recientemente había provocado una oleada de críticas en la industria por haber participado en la decisión de la agencia de pedir a la empresa Sarepta Therapeutics que suspendiera la distribución de una terapia génica, por razones de seguridad.
Las redes sociales y comentaristas conservadores encendieron la polémica. Laura Loomer, una provocadora de extrema derecha, dijo el 21 de julio en X que Prasad debía ser despedido y lo llamó “liberal progresista autoproclamado y fanático de Bernie Sanders”, en referencia al senador Bernie Sanders (independiente por Vermont). Varios legisladores comenzaron a presionar a la Casa Blanca con preguntas.
La controversia llegó a Trump, quien quería que Prasad se fuera, según las fuentes. Pero Kennedy no quería perderlo. Consideraba que necesitaba a alguien crítico de las vacunas al frente de la supervisión en la agencia.
Así que Kennedy negoció. A Prasad se le pediría que renunciara como director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, que regula vacunas y productos biológicos como las terapias génicas. Y el centro se dividiría en dos operaciones, lo que le permitiría a Kennedy elegir quién estaría a cargo del área de vacunas.
Algunos líderes en salud pública compartieron públicamente detalles del acuerdo y expresaron su preocupación. Scott Gottlieb, ex comisionado de la FDA, dijo el 1 de agosto en CNBC que pensaba que “sería muy destructivo para la agencia”.
Después de dejar la agencia en julio, Prasad ahora regresa, aunque no está claro si en el mismo cargo.
Recientemente, Kennedy fue demandado por Ray Flores, abogado externo principal de Children’s Health Defense, una organización antivacunas fundada por el propio Kennedy.
La demanda —financiada por esa organización— alega que Kennedy no lanzó un grupo de trabajo para estudiar la seguridad de las vacunas, como supuestamente se exige. Sin embargo, según una fuente, Kennedy y sus aliados consideran que se trata de una demanda “amigable” porque busca un resultado que él mismo desea.
El 14 de agosto, el HHS anunció que reactivaría un panel federal —disuelto en 1998— para supervisar las vacunas pediátricas.
Las acciones de Kennedy contra las vacunas también han generado demandas en su contra, incluida una presentada por la Academia Americana de Pediatría y otros grupos de salud pública. Su decisión de detener el financiamiento para el desarrollo de vacunas de ARNm provocó una oleada de críticas en redes sociales.
“Esto es irresponsable. Es peligroso. Va a costar vidas. Debemos contraatacar”, escribió el 5 de agosto el senador Edward Markey (demócrata por Massachusetts) en X.
“Intenté mantenerme objetivo y sin alarmismo frente a las acciones del HHS, pero sinceramente, esta medida va a costar vidas”, dijo ese mismo día Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos durante el anterior gobierno de Trump.
Kennedy y sus seguidores siguen decididos. En respuesta, sus aliados lanzaron una campaña de relaciones públicas sin precedentes para promover la figura del secretario de Salud, alimentando la especulación de que podría estar considerando una candidatura presidencial en 2028.
La organización sin fines de lucro MAHA Action organizó una llamada en julio para movilizar a los seguidores de Kennedy e inició una campaña publicitaria de seis cifras elogiando a Kennedy y a las iniciativas de salud del gobierno de Trump.
“Que no quepa duda: esta es una revolución que cambiará el rostro de las políticas de salud pública”, dijo Tony Lyons, presidente de MAHA Action, en un comunicado. “Los estadounidenses están exigiendo una transparencia radical y ciencia de primer nivel”.
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