Los pacientes comienzan a hacer fila antes del amanecer en Operación Salud Fronteriza, una clínica de salud gratuita que se realiza cada año durante cinco días en el Valle del Río Grande de Texas. Muchos residentes de esta región predominantemente latina, ubicada en la frontera con México, no tienen seguro médico, por lo que esta feria de salud ha sido durante más de 25 años un recurso clave de atención médica gratuita en el sur de Texas.
Hasta este año.
El plan de la administración Trump de retirar más de $550 millones en fondos federales para salud pública y pandemias en Texas hizo que se cancelara el evento, justo antes de su inicio programado para el 21 de julio.
“Hay personas que vienen todos los años y dependen de este evento”, dijo Dairen Sarmiento Rangel, directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Hidalgo. “Algunas personas incluso acampan afuera de Operación Salud Fronteriza para ser las primeras en recibir servicios. Este evento es muy importante para nuestra comunidad”.
Los gobiernos estatales y locales ya han tenido que hacer dolorosos recortes a sus programas, luego de importantes reducciones en la financiación federal para salud que ya han entrado en vigor. Ahora, se preparan para enfrentar los golpes financieros que están por venir —algunos no ocurrirán hasta finales del próximo año o incluso después— como resultado de la ley fiscal y de gasto aprobada por los republicanos en el Congreso en julio, conocida como la One Big Beautiful Bill, que pone en marcha gran parte de la agenda nacional del presidente Donald Trump.
Texas, por ejemplo, anticipa una reducción de hasta $39.000 millones en fondos federales para Medicaid durante los próximos 10 años debido a nuevas barreras para la inscripción, como revisiones de elegibilidad más frecuentes, según un análisis publicado en julio por KFF.
En conjunto, estas reducciones representan un cambio radical en la forma en que se financian y se ofrecen los programas estatales de salud. En la práctica, la administración está trasladando una parte importante de los costos de salud a los estados. Esto obligará a sus líderes a tomar decisiones difíciles, ya que muchos presupuestos estatales ya están presionados por la disminución en la recaudación de impuestos, la desaceleración del gasto federal por covid y la incertidumbre económica.
Más de una docena de estados han bajado sus proyecciones de ingresos para el año próximo, según un informe publicado en junio por Pew.
“Es casi inevitable que los estados recorten varios servicios de salud debido a la presión fiscal”, dijo Wesley Tharpe, asesor principal en política fiscal estatal del Centro para Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), una organización de tendencia progresista.
Algunos estados tratan de suavizar el impacto de forma proactiva.
En Hawaii, los legisladores se han propuesto ayudar a organizaciones sin fines de lucro que ya enfrentan disminución en fondos federales. Repartirán $50 millones en subvenciones a organizaciones de salud, servicios sociales y otras que hayan sufrido recortes. Para acceder a los fondos, deben demostrar que su financiación fue eliminada, reducida o afectada por los recortes.
“No es justo que organizaciones dedicadas a ayudar al pueblo de Hawaii se vean obligadas a reducir sus servicios por los recortes federales”, declaró el gobernador demócrata Josh Green en un comunicado.
Otros estados recortan proyectos para enfrentar la situación.
El gobernador de Delaware, Matt Meyer, demócrata, supo en marzo que la administración Trump retiraría $38 millones en fondos de salud pública al estado. Como consecuencia, un mes después, los líderes legislativos estatales frenaron un proyecto para renovar y ampliar el complejo del Capitolio estatal.
“Reconocimos que los recortes federales irresponsables a la red de protección social de miles de habitantes de Delaware nos obligaban a ahorrar recursos para proteger a los más vulnerables”, dijo David Sokola, presidente temporal del Senado estatal.
En Nuevo México, el estado con el mayor porcentaje de residentes inscritos en Medicaid, un grupo bipartidista de legisladores votó a favor de crear un fondo fiduciario para reforzar el financiamiento del programa. Según algunas estimaciones, aproximadamente el 10% de los más de 800.000 residentes que están cubiertos por Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) podrían perder su cobertura bajo esta nueva ley federal.
Algunos líderes estatales advierten a sus comunidades que lo peor está por venir.
En un evento realizado el 18 de agosto en un hospital del sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul subió al escenario junto a trabajadores de salud para criticar la nueva ley de Trump.
“Lo que los republicanos en Washington han hecho con la ‘Ley Más Horrible’ que he visto es, literalmente, perjudicar a los neoyorquinos”, dijo. El sistema de salud del estado se prepara para enfrentar recortes cercanos a los $13.000 millones al año.
En California, los legisladores analizaron el impacto de los recortes en una audiencia del comité de la Asamblea General el 20 de agosto, donde algunos legisladores demócratas señalaron que programas estatales como los de salud reproductiva estaban en peligro.
“Nos hemos preparado para esta realidad: la llamada ‘Big Beautiful Bill’ del presidente Trump ahora es ley”, dijo el legislador demócrata Gregg Hart durante la audiencia, calificándola como “un ataque directo a los programas fundamentales de California y a nuestros valores”.
“Lamentablemente, la realidad es que el estado no tiene la capacidad para compensar todos estos recortes federales draconianos con el presupuesto actual”, agregó. “No podemos simplemente firmar un cheque y hacer que esto desaparezca”.
La radical ley presupuestaria, que fue aprobada sin apoyo demócrata, reducirá el gasto federal en Medicaid en aproximadamen $1.000 millones durante la próxima década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Las reducciones en el gasto vienen en gran medida de la imposición de un requisito laboral para las personas que obtuvieron Medicaid con la expansión promovida por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), además de otras nuevas barreras para acceder a la cobertura.
Según la CBO, más de 7,5 millones de personas perderán la cobertura de Medicaid y quedarán sin seguro, mientras se extienden recortes fiscales para personas ricas que, según los demócratas, no los necesitan.
Por su parte, los republicanos y el presidente Trump afirman que el paquete fiscal y los recortes en los programas son necesarios para evitar el fraude y el despilfarro, y para garantizar la sostenibilidad de Medicaid, un programa federal-estatal que brinda cobertura a personas con discapacidades y de bajos ingresos.
“La One Big Beautiful Bill elimina a los inmigrantes ilegales, aplica requisitos laborales y protege a Medicaid para los verdaderamente vulnerables”, anunció la Casa Blanca en un comunicado del 29 de junio.
Los recortes a Medicaid no comenzarán hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre de 2026, pero ya se han aplicado otros recortes.
La administración Trump ha intentado recuperar $11.000 millones en fondos federales de salud pública destinados a los estados durante la pandemia, lo que provocó una batalla legal con una coalición de estados gobernados por demócratas. También recortó unos $1.000 millones en subvenciones federales para servicios de salud mental en las escuelas y detuvo los fondos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que financiaban a más de 90 universidades públicas.
Un análisis de KFF Health News demuestra que las cancelaciones han afectado a todo el país, sin importar la afiliación política o la ubicación geográfica. De las organizaciones que sufrieron recortes en el primer mes, aproximadamente el 40% se encuentran en estados que Trump ganó en noviembre.
La secretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, dijo que la agencia prioriza las inversiones que respalden el mandato de Trump de enfrentar las enfermedades crónicas. Defendió algunos de los recortes y afirmó, erróneamente, que la nueva ley no reduce Medicaid.
“La pandemia de covid-19 ya terminó, y el HHS no seguirá desperdiciando miles de millones de dólares de los contribuyentes en una crisis que los estadounidenses superaron hace años”, dijo.
Líderes estatales señalan que los fondos federales por la pandemia, que la administración busca recuperar, se habían destinado a otras medidas de salud pública, como la vigilancia de enfermedades emergentes, la respuesta ante brotes y la contratación de personal. En mayo, fiscales estatales ganaron una orden de restricción temporal contra la administración.
“Lo que estamos viendo ahora es que los estados anticipan grandes recortes a Medicaid, pero también enfrentan una serie de recortes federales más pequeños, pero significativos, en programas de salud pública”, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en KFF. (KFF Health News es uno de los programas de KFF)
Parte del desafío para los estados es simplemente entender los cambios.
“Creo que es justo decir que hay preocupación, confusión e incertidumbre”, afirmó Kathryn Costanza, experta en Medicaid en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Los estados intentan entenderlo todo, creando grupos asesores para seguir los cambios federales, presentando demandas para intentar bloquear los recortes y reasignando fondos.
En Colorado, los legisladores aprobaron una ley que permite que fondos estatales de Medicaid se usen para servicios de salud —excluyendo abortos— en clínicas de Planned Parenthood of America, después de que la nueva ley de Trump prohibiera la financiación federal para este tipo de atención. Aún está por verse si esa prohibición se mantiene en los tribunales.
La legislatura de Louisiana asignó $7,5 millones a universidades estatales para compensar los recortes en financiación federal para la investigación, gran parte de ella relacionada con temas de salud.
Y en Dakota del Sur, el banco de alimentos más grande del estado pidió a los legisladores que destinen $3 millones para compensar recortes en fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Los estados deben equilibrar sus presupuestos cada año, por lo que los recortes ponen en riesgo muchos servicios si los legisladores no están dispuestos a aumentar impuestos. El trabajo comenzará en serio en enero, cuando muchos estados inicien sus nuevas sesiones legislativas.
Y es probable que las decisiones difíciles continúen. Los republicanos en la Cámara de Representantes del Congreso consideran nuevas leyes que podrían traer más recortes, como la reducción al generoso financiamiento federal que actualmente reciben 20 millones de adultos inscritos en Medicaid gracias a la expansión de ACA.
Como resultado, algunos estados revertirán sus expansiones de Medicaid y recortarán aún más programas de salud.
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