Línea de ayuda nacional para casos de violencia doméstica: Las personas que han sufrido abuso doméstico pueden recibir ayuda confidencial en thehotline.org o llamando al 800-799-7233.
La inmigrante originaria de India le creyó a su esposo cuando le dijo por teléfono que la mataría, si todavía estaba en su casa de Georgia para cuando él llegase en 10 minutos.
Contó que su esposo y su familia —también inmigrantes— la maltrataron durante todo el matrimonio: la golpeaban con un cinturón, le echaban agua caliente sobre el cuerpo, le hacían cortes en la piel y le estrellaban la cabeza contra la pared.
“Varias veces intenté escapar, pero me encontraban y me llevaban de vuelta a casa”, contó la mujer, quien está en el país sin autorización legal y habló bajo condición de anonimato por temor a que su identificación perjudicara sus posibilidades de regularizar su situación migratoria.
Sin tiempo para huir después de escuchar la amenaza de su esposo, en julio de 2020, llamó al 911, aunque sabía que eso podía llevar a su deportación. La policía llegó y, según recuerda, encontró al esposo amenazándola con un cuchillo frente a sus hijos pequeños. Él hombre fue arrestado, pero no procesado, dijo ella.
La mujer y sus hijos buscaron apoyo en el Centro de Justicia Tahirih (Tahirih Justice Center), una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a nivel nacional a inmigrantes sobrevivientes de violencia de género. Cinco años después, aún sigue lidiando con el proceso migratorio.
Además de ser más vulnerables a la violencia sexual, los inmigrantes enfrentan múltiples desafíos de salud física y mental, según los investigadores. Tienen tasas elevadas de trastorno de estrés postraumático, depresión, suicidio y ansiedad, de acuerdo con un estudio de 2024.
“A nivel personal, sé que la ansiedad relacionada con el clima político actual está llevando a visitas costosas a salas de emergencia y afecta la capacidad de las personas para llegar al trabajo y ganarse la vida”, dijo Nicole E. Warren, enfermera obstetra y profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.
Los inmigrantes sin papeles también enfrentan tasas más altas de enfermedades crónicas y mayor mortalidad por enfermedades prevenibles, debido a su acceso limitado a servicios médicos y al miedo a solicitarlos, según activistas.
“Una de nuestras clientas tenía tanto miedo de salir de su casa que evitó buscar atención médica durante su embarazo, por temor a tener contacto con el ICE”, contó Miriam Camero, directora de defensa del cliente y servicios sociales en Tahirih.
Los bancos de alimentos han informado que muchas personas inmigrantes que antes buscaban ayuda han dejado de ir por temor a la deportación.
Siempre ha sido difícil para las personas indocumentadas obtener ayuda cuando la necesitan. Pero la represión migratoria del gobierno de Donald Trump ha aumentado las dificultades. Y la situación también ha complicado el trabajo de quienes defienden sus derechos.
“Estamos trabajando horas extra para poder cubrir todo”, dijo Vanessa Wilkins, directora ejecutiva de la oficina de Tahirih en Atlanta. “El planeamiento de seguridad y la protección adicional que podrían necesitar las clientas —incluyendo documentos que aseguren que estén a salvo— pueden hacer que una se sienta completamente abrumada”.
El difícil camino a la visa U
Para sobrevivientes de abuso doméstico sin estatus legal, como la mujer de India, ir a las autoridades se vuelve aún más riesgoso en medio de la crisis migratoria, dijo Maricarmen Garza, abogada principal de la Comisión sobre Violencia Doméstica y Sexual de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association Commission on Domestic & Sexual Violence).
“No hay garantías”, explicó Garza, “especialmente por cómo la aplicación de las leyes migratorias está entrelazada con las fuerzas del orden”.
En más de la mitad de los estados, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) pueden colaborar mediante acuerdos formales con agencias policiales estatales y locales para identificar y deportar a personas que se encuentran en el país sin autorización. Según defensores de víctimas, esto puede obstaculizar los intentos de obtener el certificado necesario para solicitar una “visa U”, que permitiría a la persona vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, con la posibilidad de obtener la residencia permanente.
La mujer de India recuerda que la policía le dijo que, si presentaba cargos, podría obtener el certificado para solicitar una visa U. Ella aceptó, pero recuerda la ansiedad que le provocó presentar alrededor de cinco informes de abuso en dos años para lograrlo. “Me daban ataques de pánico solo al escribirlos, porque significaba revivir todo otra vez”, contó.
Al ser consultada sobre las dificultades que enfrentan las víctimas inmigrantes de violencia doméstica, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, elogió los esfuerzos del presidente Donald Trump para frenar la inmigración ilegal. “El esfuerzo exitoso del presidente para deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes penales está haciendo que todas las víctimas estén más seguras y garantiza que no volverán a ser dañadas por criminales peligrosos sin estatus legal”, dijo Jackson en un comunicado.
Agregó que las “acusaciones sin pruebas” de que a inmigrantes se les ha pedido que retiren cargos “no deben tomarse en serio”.
Las mujeres inmigrantes sin estatus legal pueden ser especialmente vulnerables al abuso y a la explotación debido a barreras de idioma, aislamiento cultural y social, según investigadores.
Un informe de 2023 señaló que, en algunos grupos de inmigrantes, hasta el 93% de las mujeres ha sufrido violencia de pareja en algún momento de su vida, en comparación con alrededor del 41% de las mujeres nacidas en Estados Unidos.
A medida que la administración Trump reconfigura el sistema migratorio del país, quienes han sufrido violencia y llegaron sin autorización enfrentan mayores obstáculos para demostrar su abuso y trauma ante las autoridades migratorias, dijeron defensores.
Un programa de salud para refugiados y asilo de la Universidad Johns Hopkins ofrece evaluaciones forenses gratuitas a víctimas inmigrantes para respaldar sus solicitudes de ayuda humanitaria, incluyendo la solicitud de visas U.
Warren, subdirectora del programa para la salud de la mujer, dijo que antes bastaba con una declaración escrita de los hallazgos clínicos para respaldar las declaraciones legales de las solicitantes.
“Ahora, nos están pidiendo que demos testimonio en persona”, afirmó.
Retrasos en las solicitudes
La mujer de India solicitó una visa después de obtener el certificado de la policía en 2023. Su caso forma parte de los casi 11,6 millones de solicitudes migratorias pendientes hasta junio, la cifra más alta registrada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés). Según la agencia, hay 415.000 solicitudes de visas U en espera.
Solo se otorgan alrededor de 10.000 de estas visas por año, y el trámite puede tardar más de siete años, según Garza.
A eso se suma que la administración Trump ha reducido la disponibilidad de los vales de vivienda de la Sección 8, que ayudan a personas con bajos ingresos a pagar la renta. Desde septiembre, quienes no tienen autorización legal para estar en el país ya no pueden recibir esa ayuda, aunque vivan con ciudadanos estadounidenses.
“Si Tahirih no estuviera apoyándome, podría estar en la calle”, dijo la mujer, quien afirmó que solo puede pagar la mitad de su renta.
Las defensoras de víctimas aseguran que están trabajando más que nunca para apoyar a sus clientas, pero que los recursos se están agotando ante los recortes federales y la creciente demanda.
El centro Tahirih reportó un aumento del 200% en el volumen de llamadas durante los cuatro meses posteriores a la llegada de Trump a la presidencia, en comparación con el mismo período del año anterior.
“Al final del día hay muchos correos electrónicos y muchas personas a las que ya no podemos responder tan rápido como antes”, dijo Casey Carter Swegman, directora de políticas públicas del centro.
Para llegar a sobrevivientes inmigrantes que tienen miedo de pedir ayuda, las defensoras están “volviendo a lo básico”, dijo Joanna Otero-Cruz, presidenta y directora ejecutiva del grupo Mujeres contra el Abuso (Women Against Abuse), con sede en Philadelphia.
“Estamos haciendo trabajo comunitario con peluqueras y otros pequeños negocios”, explicó. “Ellos son nuestros ojos y oídos”.
En Riverhead, Nueva York, una mujer de 38 años originaria de El Salvador contó que ha sido víctima de violencia doméstica en dos ocasiones, pero tuvo demasiado miedo como para denunciarlo a la policía.
Dijo que la segunda agresión la cometió un hombre para quien cocinaba y limpiaba. La mujer, quien también pidió el anonimato por vergüenza y temor a la deportación, dijo que la violó, le tomó fotos desnuda y la amenazó con publicarlas en redes sociales si iba a las autoridades. Luego, comenzó a acosarla, contó.
Noemi Sánchez, coordinadora regional en Long Island del Ministerio Rural y Migrante, una organización sin fines de lucro que apoya a trabajadores agrícolas, trabaja estrechamente con la mujer para fortalecer su autoestima y ayudarla a entender que “ninguna mujer merece que un hombre la maltrate”.
Mientras tanto, la sobreviviente de India recibió un permiso temporal de trabajo en 2024 y ahora trabaja como asistente de enfermería certificada. “Eso me ayuda a sobrevivir”, dijo.
“He recorrido un largo camino”, agregó. “No fue fácil. Tuve mucho apoyo. No me dejaron sola”.
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