La hija de 4 años de Nicole Silva iba a la casa de un familiar cerca de La Jara, un pueblo del sur de Colorado, cuando un vehículo chocó de costado contra el auto en el que viajaba. Hubo varios traslados en ambulancia: dos terrestres, a un hospital local y al Hospital Infantil de Colorado, y otro aéreo a Denver.
La hija de Silva tenía Medicaid, que supuestamente cubría el costo de las ambulancias. Pero una de las tres compañías que operaron ese día, Northglenn Ambulance, una empresa pública que había sido adquirida por una privada, envió la factura de Silva a un cobrador de deudas. Era de $2.181,60, pero con los costos judiciales y los intereses aumentó a más de $3.000, según consta en los registros judiciales.
La maestra de preescolar no pudo pagar, y el cobrador embargó el salario de Silva.
“Nos atrasó muchísimo con las facturas: la casa, la luz, el teléfono, la comida de los niños”, contó Silva, cuya hija se recuperó completamente del accidente de 2015. “Nos quitó todo”.
Algunos legisladores estatales buscan reducir facturas como la que recibió Silva: cuentas sorpresa por traslados terrestres en ambulancia.
Cuando una compañía de ambulancias cobra más de lo que una aseguradora está dispuesta a pagar, los pacientes pueden terminar con una factura enorme de la que no tienen escapatoria.
Los estados intentan cubrir el vacío dejado por la ley federal No Surprises Act, que cubre las ambulancias aéreas, pero no los servicios terrestres, incluyendo las ambulancias que viajan por carretera y agua.
Este año, Utah y Dakota del Norte se unieron a otros 18 estados que han aprobado protecciones contra las facturas sorpresa por este tipo de traslados.
Esas protecciones suelen incluir el establecimiento de un mínimo que las aseguradoras deben pagar si alguno de sus afiliados necesita transporte. Pero el punto de fricción es dónde establecer ese límite. La legislación en Colorado y Montana se estancó este año debido a la preocupación de los legisladores de que obligar a las aseguradoras a pagar más resultaría en mayores costos de cobertura médica para todos.
Las facturas sorpresa de ambulancias son un componente más de un sistema de salud que sistemáticamente endeuda a los estadounidenses, agobiando sus finanzas, impidiéndoles acceder a la atención médica y aumentando las disparidades raciales, como informó KFF Health News.
“Si las personas dudan en llamar a la ambulancia por temor a sufrir una gran carga financiera para su familia, significa que tendremos víctimas de accidentes cerebrovasculares que no llegarán al hospital a tiempo”, expresó Patricia Kelmar, directora de campañas de atención médica en PIRG, un grupo nacional de defensa del consumidor. “Significa que esa persona que teme un ataque cardíaco no llamará”.
El No Surprises Act, promulgado por el presidente Donald Trump en 2020, establece que, para la mayoría de los servicios de emergencia, a los pacientes se les puede facturar por la atención fuera de la red solo el mismo monto que se les habría facturado si estuvieran dentro de ella. Al igual que los médicos u hospitales, las compañías de ambulancias pueden tener contratos con aseguradoras, lo que las convierte en parte de la red. Las que no lo hacen, permanecen fuera de la red.
Pero a diferencia de cuando se programa una cita con un médico o se planifica una cirugía, un paciente generalmente no puede elegir la compañía de ambulancias que responderá a su llamada al 911. Esto significa que puede recibir grandes facturas fuera de la red.
Los legisladores federales postergaron la inclusión de las ambulancias terrestres, en parte debido a la variedad de modelos de negocio —desde empresas privadas hasta departamentos de bomberos voluntarios— y a la falta de datos sobre el costo de los traslados.
En cambio, el Congreso creó un comité asesor que emitió recomendaciones el año pasado. Su conclusión general —que los pacientes no deberían verse atrapados en el fuego cruzado entre proveedores y aseguradoras— no fue controvertida ni partidista. En Colorado, una medida destinada a ampliar las protecciones contra facturas sorpresa de ambulancias recibió el visto bueno unánime de ambas cámaras legislativas.
Colorado ya había aprobado una ley que protegía a las personas de facturas sorpresa de compañías privadas de ambulancias. Esta nueva medida buscaba brindar protecciones similares contra las facturas de los servicios públicos de ambulancia y para los traslados entre hospitales.
“Sabíamos que contaba con apoyo bipartidista, pero hay quienes votan en contra de todo”, dijo gratamente sorprendida Karen McCormick, representante estatal demócrata.
Una sorpresa menos agradable llegó después, cuando el gobernador Jared Polis, también demócrata, la vetó, alegando temor a que aumentaran las primas.
Los estados tienen un margen de maniobra limitado en este tema, ya que las leyes estatales solo se aplican a los planes de salud regulados por el estado.
Esto deja fuera a muchos trabajadores. Según una encuesta nacional de 2024 realizada por KFF, el 63% de las personas que trabajan para empleadores privados y obtienen seguro médico a través de sus empleos tienen planes autofinanciados, que no están regulados por el estado.
“Por eso necesitamos una ley federal de protección de ambulancias, incluso si aprobáramos 50 leyes estatales”, dijo Kelmar.
Según datos de la oficina del secretario de estado de Colorado, los únicos grupos de presión registrados como “opositores” al proyecto de ley fueron Anthem y UnitedHealth Group, además de las subsidiarias de UnitedHealth, Optum y UnitedHealthcare.
En mayo, tan pronto como finalizó la sesión legislativa, Kevin McFatridge, director ejecutivo de la Colorado Association of Health Plans, un grupo comercial que representa a las compañías de seguros médicos del estado, envió una carta al gobernador solicitando su veto, con una estimación de que la legislación provocaría un aumento del 0,4% en las primas.
El proyecto de ley de Colorado establecía que los gobiernos locales, como ciudades, condados o distritos especiales, fijarían las tarifas.
“Estamos en una situación mucho mejor al no tener entidades locales que fijen sus propias tarifas”, declaró McFatridge a KFF Health News.
Jack Hoadley, profesor emérito de investigación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, afirmó que no está claro si las leyes estatales aprobadas en otros estados están aumentando las primas, o en qué medida. Hoadley agregó que se espera que el estado de Washington presente un análisis del impacto de su ley en un par de años.
La asociación nacional de compañías de seguros se negó a comentar para este artículo. En su lugar, la Association of Health Insurance Plans (AHIP) remitió cartas que sus líderes presentaron a legisladores de Ohio, West Virginia y Dakota del Norte este año, oponiéndose a las medidas de cada estado para establecer tarifas base para ambulancias.
Los líderes de la AHIP describieron las propuestas como precios inflados, impuestos por el gobierno, que reducirían la posibilidad de que las aseguradoras negocien precios justos. En última instancia, advirtió la asociación, los mínimos propuestos aumentarían los costos de la atención médica.
En Montana, los legisladores estaban considerando un reembolso mínimo para ambulancias terrestres del 400% de lo que paga Medicare, o una tarifa local fija, si hay alguna. La propuesta fue patrocinada por dos republicanos y respaldada por las compañías de ambulancias. Las aseguradoras de salud presionaron con éxito en contra, argumentando que el precio era demasiado alto.
Sarah Clerget, lobista que representa a la AHIP, declaró a los legisladores de Montana en una audiencia legislativa que ya es difícil lograr que las compañías de ambulancias se integren a la red de las aseguradoras, “porque la gente va a necesitar atención de ambulancia independientemente de si su compañía de seguros la cubre”.
Agregó que la propuesta estatal dejaría a quienes pagan la cobertura médica con la carga del nuevo precio.
“A nadie le gusta que nuestras tarifas de seguro se modifiquen”, declaró el senador estatal republicano Mark Noland durante una reunión legislativa mientras un comité archivaba el proyecto de ley. Comparó el mínimo propuesto con un mandato que podría llevar a que las personas tengan que pagar más por la cobertura médica de un servicio importante, pero a la vez especializado.
El gobernador de Colorado se centró de forma similar en las primas. Polis afirmó en su carta de veto que la legislación habría aumentado las primas entre 73 centavos y $2,15 por miembro al mes.
“Estoy de acuerdo en que subsanar esta deficiencia en la aplicación de la ley es crucial para que la gente ahorre dinero en atención médica”, escribió. “Sin embargo, en mi opinión, esos ahorros van a compensarse con el aumento de las primas”.
Isabel Cruz, directora de políticas de la Colorado Consumer Health Initiative, que apoyó el proyecto de ley, afirmó que incluso si las primas aumentaran, los habitantes de Colorado podrían aceptar el cambio. Después de todo, remarcó, estarían cambiando la amenaza de una gran factura de ambulancia por el precio de media taza de café al mes.
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