No es fácil promover la moderación y la disciplina financiera desde las entrañas de un casino.
Pero eso es lo que los empleados estatales de Massachusetts intentan hacer a diario, entre los sonidos y las luces intermitentes de las máquinas tragamonedas.
En el MGM Springfield, al oeste del estado, empleados con remeras verdes se encuentran frente a su pequeña oficina, justo al lado del casino.
Sobre ellos, un cartel dice GameSense, el programa insignia del estado para combatir la ludopatía (adicción al juego). Una pantalla muestra mensajes como “Mantén las apuestas deportivas divertidas. Establece un presupuesto y cúmplelo”.
Los empleados reparten etiquetas para maletas y pañuelos desechables gratuitos para animar a la gente a charlar. Si lo consiguen, entregan a los clientes folletos con el número de teléfono estatal de ayuda para jugadores y su sitio web. Incluso pueden inscribirlos en un programa llamado PlayMyWay, que permite a las personas establecer un presupuesto fijo mensual para sus apuestas.
Fuera de los casinos, GameSense se promociona en redes sociales, aplicaciones y sitios web de apuestas deportivas. Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública del estado coloca sus propios mensajes sobre moderación en autobuses y vallas publicitarias.
“Es un gran movimiento de 12 años”, dijo Mark Vander Linden, quien supervisa el programa GameSense en Massachusetts.
El primer casino de Massachusetts abrió sus puertas en 2015 y, a medida que la industria del juego crecía, el estado desarrolló lo que denomina un programa de “juego responsable”, financiado con un impuesto adicional sobre las ganancias de la industria.
Al principio, los reguladores estatales probaron diversas estrategias para educar a los clientes sobre la naturaleza adictiva del juego y sobre sus riesgos financieros.
“Se trataba más bien de asegurar la disponibilidad de folletos que explicaran las probabilidades de cualquier juego”, explicó Vander Linden.
Desde entonces, Massachusetts ha implementado regulaciones adicionales para una industria en auge que ahora incluye las apuestas deportivas generalizadas.
Por ejemplo, no se pueden apostar sobre equipos universitarios de Massachusetts ni jugar con tarjeta de crédito. Todas las empresas de juegos de azar deben permitir a los clientes establecer límites voluntarios e inscribirse en una “lista de autoexclusión voluntaria” que les prohíbe el acceso a casinos o apuestas deportivas durante determinados intervalos de tiempo.
Un mosaico de normas estatales
Algunos estados han establecido límites similares para frenar la ludopatía, pero otros tienen muy pocos. A falta de una política nacional o de una comisión nacional del juego que supervise la industria, cada estado elabora su propio plan.
Un número creciente de investigadores y legisladores en materia de adicciones afirman que es hora de tomar medidas más audaces y unificadas para combatir los trastornos del juego.
Resaltan el auge de la industria del juego desde 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta a que los estados legalizaran las apuestas deportivas y desató una industria agresiva, ahora legal en 39 estados. (Cuarenta y ocho estados han legalizado al menos alguna forma de juego, incluyendo las loterías).
Otros países han avanzado mucho más en la regulación de la industria del juego, y algunos expertos estadounidenses los consideran modelos potenciales.
Por ejemplo, el gobierno de Noruega tiene el monopolio de todas las máquinas tragamonedas, lo que le permite controlar los tipos de juegos que se ofrecen, y cada jugador del país tiene un límite de pérdida de 20.000 coronas (unos $2.000) al mes.
En el Reino Unido, la mayoría de los adultos tienen un límite de apuesta de 5 libras (unos $7) por cada giro en una máquina tragamonedas, y las empresas de juegos de azar están sujetas a un impuesto del 1% que se destina a un fondo para el tratamiento y la prevención de los trastornos del juego.
El año pasado, un informe publicado en la revista médica The Lancet instó a los líderes de salud internacionales a actuar con rapidez en las regulaciones antes de que los trastornos del juego se generalicen y se vuelvan comunes, y mucho más difíciles de detener.
Sin embargo, los líderes políticos señalan que Estados Unidos tiene menos interés en la regulación corporativa que muchos otros países, especialmente bajo la administración Trump. Al mismo tiempo, advierten que no hacer nada podría representar una grave amenaza para la salud pública, en especial ahora que las aplicaciones de apuestas deportivas permiten a las personas apostar en cualquier lugar y en cualquier momento.
El temor: más apuestas, más adicción
Incluso antes del “matrimonio” entre los juegos en línea y los teléfonos celulares, los investigadores estimaban que entre el 1% y el 2% de los estadounidenses ya padecían un trastorno del juego, y que un 8% adicional corría el riesgo de desarrollarlo.
Algunos políticos estadounidenses temen que el problema solo empeore.
“La sofisticación y complejidad de las apuestas se han vuelto abrumadoras”, declaró el senador Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut). “Y por eso necesitamos protecciones que permitan a las personas decir que no”.
Blumenthal ha copatrocinado el Safe Bet Act (la Ley de Apuestas Seguras), una legislación que impondría normas federales a las empresas de apuestas deportivas.
El proyecto de ley propone la prohibición de la publicidad de juegos de azar durante eventos deportivos en vivo, controles obligatorios de asequibilidad para clientes con grandes gastos, límites a los programas de membresía VIP, la prohibición del uso de la inteligencia artificial para marketing y la creación de una base de datos nacional de “autoexclusión”, entre otras normas.
“Los estados no pueden proteger a sus consumidores de las ofertas excesivas y abusivas, y a veces de los anuncios engañosos”, declaró Blumenthal. “Simplemente no tienen los recursos ni la jurisdicción”.
La industria del juego se opone firmemente a esta ley. Las normas federales serían una bofetada para los reguladores estatales, afirmó Joe Maloney, vocero de la American Gaming Association.
“Tienen el potencial de, primero, usurpar drásticamente la autoridad de los estados y, segundo, congelar la industria”, afirmó.
El juego responsable y la salud pública
Las nuevas regulaciones también son innecesarias, afirmó Maloney. La industria reconoce que el juego es adictivo para algunas personas, explicó, por lo que desarrolló una iniciativa de divulgación y concientización conocida como “juego responsable”.
Esto incluye mensajes en autobuses y carteles que advierten a la gente que deje de jugar cuando ya no sea divertido y les recuerdan que las probabilidades de ganar son muy bajas.
“Hay mensajes muy directos, como: ‘Aquí perderás dinero’”, dijo Maloney.
Agregó que su grupo industrial no recopila datos sobre si tales medidas reducen las tasas de adicción. Sin embargo, afirmó que las restricciones al juego no son la solución.
“Si de repente se empieza a elegir entre lo legal y lo prohibido, se está alejando a los apostadores del mercado legal y llevándolos al ilegal”, afirmó Maloney.
Los líderes de salud pública argumentan que el modelo de “juego responsable” de la industria no funciona.
“Se necesita regulación cuando la industria ha demostrado incapacidad y falta de voluntad para autocontrolarse”, afirmó Harry Levant, director de políticas de juego del Instituto de Defensa de la Salud Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northeastern en Boston.
Una de las razones por las que el enfoque de la industria es “ética y científicamente defectuoso” es que atribuye toda la culpa y la responsabilidad a las personas con un trastorno del juego, afirmó Levant. “No se puede decir a una persona que lucha contra la adicción: ‘Bueno, simplemente deja de hacerlo’”.
Levant aborda el tema desde su experiencia personal. Se está recuperando de una adicción al juego. Ex abogado, fue condenado en 2015 por robar dinero de sus clientes para financiar su adicción al juego. Desde entonces, no solo se ha convertido en un defensor de regulaciones más estrictas, sino que también es un terapeuta especializado en adicciones.
La American Gambling Association (AGA) afirmó apoyar el tratamiento de los trastornos del juego y ayudar a financiar algunos servicios de derivación y tratamiento a través de impuestos estatales. Sin embargo, Levant calificó esto como “el equivalente moral de que las grandes tabacaleras digan: ‘Hagamos lo que queramos con nuestros cigarrillos, siempre y cuando paguemos la quimioterapia y los cuidados paliativos'”.
En cambio, Levant aboga por un enfoque de salud pública que ayude a prevenir la adicción de raíz. Esto significa limitar la publicidad, y los tipos y la frecuencia de las apuestas, para todos, no solo para quienes ya tienen problemas.
Para defender su postura, Levant abre su computadora y muestra un anuncio corporativo producido por Simplebet, filial de DraftKings.
En el video, la compañía presume de conseguir que más gente apueste en deportes mediante las llamadas microapuestas durante los partidos en directo. “Impulsamos la participación de los aficionados convirtiendo cada momento de cada partido en una oportunidad para apostar. Automático, algorítmico, impulsado por el aprendizaje automático y la IA”, dice la voz en off.
Ese es el tipo de participación constante que fomenta la adicción, afirmó Levant. (Contactados por KFF Health News y NPR, DraftKings declinó hacer comentarios y, en su lugar, envió un enlace a su programa de “juego responsable”).
Legisladores quieren actuar ya
Algunos de estos mecanismos de juego se verían limitados por la Ley de Apuestas Seguras, que Levant y sus colegas del Instituto de Defensa de la Salud Pública ayudaron a redactar.
Pero si la legislación no se aprueba en el actual Congreso, reacio a las regulaciones, los estados deberán tomar medidas contundentes por su cuenta, afirmó Levant.
La Legislatura de Massachusetts está considerando actualmente la “Ley de Salud del Apostador” (Bettor Health Act), que impondría normas adicionales a las empresas de apuestas deportivas.
“El objetivo no es eliminar por completo las apuestas”, dijo
La representante estatal de Massachusetts, la demócrata Lindsay Sabadosa, copatrocinadora del proyecto de ley, dijo: “Es para detener los peores excesos de las apuestas deportivas en línea”.
El proyecto de ley de Massachusetts incluye componentes de la legislación federal, como los controles de asequibilidad obligatorios. Estos limitarían la cantidad de dinero que algunos jugadores pueden perder. Los controles de asequibilidad se basan en un programa piloto del Reino Unido.
“Si solo te permiten tomar dos copas, sabemos que no te vas a emborrachar, ¿verdad?”, dijo Sabadosa. “Si solo te permiten apostar $100 al día porque es una cantidad asequible, no te arruinarás. Podrás pagar el alquiler”.
La Ley de Salud del Apostador también prohibiría las apuestas “prop”, que son apuestas realizadas durante un partido en vivo, como quién marca el primer tiro en baloncesto o quién conecta el primer jonrón en béisbol.
Sin embargo, los ingresos fiscales estatales provenientes de las apuestas deportivas ascendieron a $2.800 millones en 2024, una fuente de financiación muy útil para los presupuestos estatales con dificultades. Debido a este posible impulso, Levant teme que los gobiernos estatales eviten una mayor regulación.
Los estados podrían incluso verse tentados por la promesa de ingresos adicionales provenientes de nuevos tipos de juegos de azar, como el “iGaming”. Se refiere a las versiones en línea de la ruleta, el blackjack y otros juegos de casino, disponibles a cualquier hora, desde la comodidad del hogar.
Actualmente, el iGaming es legal en siete estados, pero la legislación pendiente en otros estados, incluido Massachusetts, podría expandir sus mercados.
“Comprendemos lo difícil que es para los estados equilibrar sus presupuestos en el actual entorno político”, declaró Levant, “pero están empezando a reconocer que la solución a ese problema no es seguir impulsando un producto conocido por ser adictivo”.
Este artículo forma parte de una colaboración entre NPR y New England Public Media.