Terry Smith, un veterano de Vietnam de 65 años con trastorno de estrés postraumático, múltiples problemas de salud y un historial de vida en las calles, pasó casi tres años en la cárcel del condado de San Francisco, en espera de un juicio por un cargo de robo. Sus últimas semanas preso fueron en pleno avance de la pandemia.
Se considera afortunado.
“Estoy fuera y tenía un lugar adonde ir”, dijo Smith en una entrevista telefónica con Kaiser Health News. “La prisión es un caldo de cultivo para la infección, y este coronavirus no es un juego”.
De hecho, la cárcel donde estuvo recluido Smith ha reducido drásticamente su población, parte de una masiva liberación de presos en California con el objetivo de frenar la propagación del virus, que puede arrasar estas poblaciones con un impacto mortal.
Ya se han reportado brotes en prisiones en todo el país, y se esperan más.
Autoridades están liberando a miles de presos, acreditando el tiempo cumplido en acuerdos u otorgando la liberación anticipada a delincuentes no violentos, a los que le quedaban poca sentencia por cumplir.
En California, abogados apelaron al gobernador Gavin Newsom para que aprobara las liberaciones selectivas de presos mayores y con afecciones crónicas. El estado anunció el 31 de marzo que otorgaría liberaciones anticipadas a 3,500 prisioneros, el 3% de su población carcelaria, según el Instituto de Política Pública de California.
Para ese momento, se habían documentado casos de COVID-19 en 10 de sus 35 prisiones. Los condados también están liberando a algunos de sus 67,000 presos.
En Michigan y Colorado, los gobernadores firmaron órdenes que permitieron la liberación anticipada de presos vulnerables. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó al departamento de correcciones que compilara una lista de reclusos elegibles para conmutación de sentencias.
Mientras tanto, el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, ordenó a la Oficina de Prisiones que usaran medidas de confinamiento en el hogar para liberar a las personas vulnerables de las instalaciones federales en Louisiana, Ohio y Connecticut, que han sido golpeadas por el coronavirus.
Sin embargo, no existe una política o proceso universal. Los gobernadores de Texas y Arizona han negado u obstaculizado esfuerzos para liberaciones anticipadas.
Funcionarios de Florida y Wisconsin anunciaron que ya no aceptarían nuevos reclusos en las prisiones estatales, pero no dijeron nada sobre las liberaciones, lo que transfirió el problema a las cárceles de las ciudades y de los condados.
Las cárceles estatales y de los condados confinan a los presos muy cerca uno del otro, tanto que es casi imposible seguir las pautas establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
“No se puede practicar el distanciamiento seguro en esa situación”, dijo Mano Raju, defensor público de San Francisco. “Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas en las cárceles son las literas. No puedes controlar tu propia higiene en esas condiciones”.
“Nos cruzamos todo el tiempo, en filas, en la sala para ver televisión”, dijo Smith, el recluso liberado. “Los jóvenes piensan que no lo van a contraer. Los tipos duros piensan que lo superarán. Bromean al respecto”.
Pero si la experiencia en San Francisco es una indicación, no se ha registrado un solo interno infectado con COVID-19, el progreso es posible. Funcionarios y defensores de la justicia penal coinciden en que se puede reducir la densidad de población tras las rejas.
La oficina de Raju ha llevado a cabo un esfuerzo minucioso, caso por caso, para obtener liberaciones de emergencia para los presos que caen dentro de la categoría de riesgo definida por los CDC: 60 años o más o que padecen una afección médica subyacente.
También le pidió al sheriff de San Francisco, Paul Miyamoto, que libere a todos los que están en el sistema carcelario del condado con seis meses o menos de sentencia pendientes; Miyamoto respondió, en parte, que estaba trabajando para liberar a aquellos con 60 o menos días pendientes.
A algunos reclusos se les conmuta como tiempo cumplido; algunos van a programas de rehabilitación o usan monitores de tobillo, bajo confinamiento en el hogar.
Chesa Boudin, fiscal de distrito de San Francisco, ha dado instrucciones a sus fiscales para que consideren dar crédito por el tiempo cumplido en los acuerdos de culpabilidad que negocian. Boudin también les dijo a los fiscales que no se opongan a las mociones para que las personas en prisión preventiva sean liberadas si no presentan riesgo público.
En parte debido a eso, la población carcelaria del condado está disminuyendo. Nancy Crowley, vocera del Departamento del Sheriff de San Francisco, dijo que al 12 de abril las cárceles del condado, que albergaban a más de 1,200 personas en enero, se redujeron a 749.
Esa reducción permitió el tipo de distanciamiento físico que recomiendan los CDC, dijo Crowley.
Mientras tanto, Newsom firmó una orden ejecutiva que libera $50 millones para habitaciones de hotel y casas-remolques para albergar a las personas sin hogar, incluidas las recientemente liberadas de las cárceles.
Utilizando criterios de liberación similares, el sistema carcelario del condado de Los Ángeles, el más grande de su tipo en los Estados Unidos, ha reducido drásticamente su población, pasando de más de 17,000 presos a fines de febrero a 13,586 a principios de abril.
La oficina del alguacil de Los Ángeles dijo que varios empleados y cuatro reclusos habían dado positivo por COVID-19 al 8 de abril; San Francisco no tuvo pruebas positivas entre los presos, aunque cuatro empleados habían sido diagnosticados.
El martes 14 de abril, Newsom firmó una orden ejecutiva destinada a facilitar y agilizar la liberación de menores que calificaran.
Ha habido poca oposición organizada a estas acciones. La Asociación de Sheriffs del Estado de California se opuso a una medida de emergencia sin fianza para delitos menores y específicos, ya que incluía a los acusados de abuso de niños y ancianos.
Las cárceles donde las poblaciones aún no se han reducido son escenas sombrías en la pandemia, dijo Terry Smith. Aunque tenía su propia celda debido a su edad y su mala salud, la mayoría de las personas están en celdas de cuatro, en cuartos cercanos con dos literas, dijo.
Smith agregó que las comidas eran una preocupación constante. Dijo que contó nueve empleados que tocaron su bandeja de comida antes de comer. “Nueve tipos sin máscara”, dijo.
Crowley dijo que los empleados del condado ahora deben usar guantes y máscaras. Los nuevos reclusos son evaluados agresivamente para detectar síntomas o una posible exposición al coronavirus, y el condado ha detenido todas las visitas y ha tomado otras medidas para maximizar la seguridad.
Debido a que Smith tenía una condena previa, su defensor público, Eric Quandt, no había podido obtener un acuerdo de culpabilidad a pesar de afirmar que Smith ya había cumplido la condena máxima probable por su cargo de robo en primer grado mientras esperaba el juicio.
Smith, sin embargo, se está recuperando por adicción a la heroína y también tiene convulsiones y trastorno pulmonar obstructivo crónico severo o EPOC. Utilizando esos detalles, Quandt pudo obtener una liberación de emergencia y lograr que Smith fuera ubicado en Metropolitan Fresh Start House, un programa diseñado para darles a los veteranos sin hogar una nueva dirección y, a menudo, seguirlos en trabajos a través del Departamento de Asuntos de Veteranos.
“No quiero que me envíen a la calle, y no voy a volver a la cárcel por nadie”, dijo Smith. “El virus ya está en las cárceles. No quieres estar allí “.
Esta historia de KHN se publicó primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
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