La decisión del gobierno de Trump de dar a funcionarios encargados de deportaciones acceso a los datos de Medicaid está poniendo a los hospitales y a estados en un aprieto, ya que deben decidir si advierten a sus pacientes inmigrantes que toda su información personal, incluida la dirección de su casa, podría utilizarse para expulsarlos del país.
Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.
Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó Leonardo Cuello, profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.
“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.
Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.
Un memorando de política del ICE de 2013 garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.
Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida la información fiscal enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.
Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para bloquear ese acuerdo de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez falló en diciembre que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.
KFF Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.
De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.
“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.
Información sobre las solicitudes
En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.
Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.
“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en redes sociales en enero.
Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.
Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que KFF Health News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.
El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de preguntas y respuestas desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.
Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.
El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.
Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.
Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.
Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, abogada del National Health Law Program, un grupo de defensa legal.
“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.
Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.
“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.
Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.
Medicaid de Emergencia
La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.
En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente el 0,4% del gasto total federal en Medicaid.
Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.
El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.
El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.
En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.
La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.
Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.
Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de KFF y The New York Times publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a KFF Health News).
Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.
“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.