Legisladores conservadores en varios estados están impulsando leyes redactadas por grupos antiaborto para aumentar la protección de los centros de crisis de embarazo. Estos centros ofrecen algunos servicios relacionados con la salud, pero también se dedican a disuadir a las mujeres de abortar.
La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.
Los legisladores de Wyoming aprobaron el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (CARE Act). Propuestas similares se presentaron este año en Kansas y Oklahoma. En Montana una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.
La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la Alliance Defending Freedom, un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.
Una legislación similar, la Let Pregnancy Centers Serve Act, fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que socavarían los derechos de libertad de expresión y asociación de estos centros.
Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.
“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de LifeChoice Pregnancy Care Center en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.
Por su parte, durante la audiencia, el representante estatal republicano Ken Clouston expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.
“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.
En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, fue incendiada en un ataque intencional.
“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a KFF Health News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.
Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.
“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.
Legislación modelo
La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que ayudó a revertir el fallo Roe v. Wade, que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la Gestational Age Act, una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.
La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En materiales que promocionan el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.
En los últimos años, algunos centros de crisis de embarazo han sido blanco de vandalismo y amenazas.
Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.
Este año, la Corte Suprema está considerando un caso que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.
De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.
Diferentes servicios
En esa misma audiencia, la representante estatal republicana Rachel Rodriguez-Williams, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro ‘desierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.
Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.
Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.
Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, redujo los pagos de Medicaid a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar más de 50 de sus clínicas el año pasado.
Para 2024, más de 2.500 centros de crisis de embarazo operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las 753 clínicas que ofrecían abortos a finales de 2025.
Charlotte Lozier Institute, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.
Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.
El creciente poder de los centros
Las iniciativas anteriores en California, Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de prácticas engañosas y fraudulentas, y dudas sobre la privacidad de los datos de los pacientes.
En 2024, un grupo de vigilancia pidió a fiscales generales en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran cómo estaban utilizando la información de los pacientes.
Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia a favor de organizaciones religiosas que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.
Al menos 19 estados han financiado organizaciones “pro vida”, incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.
Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) —pagos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños— a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.
Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron $429 millones en financiamiento federal entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.
A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.
“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.