Cuatro meses después de tener a su segundo bebé, Jessica Porten comenzó a sentirse realmente irritable. Le molestaban pequeñas cosas, como el ruido que hacía su mecedora cuando acunaba a la pequeña.
Porten leyó en internet que podría ser un síntoma de depresión posparto, una afección que padecen hasta 1 de cada 7 mujeres durante o después del embarazo, según la Asociación Estadounidense de Psicología.
En California, donde vive Porten, esas tasas son aún más altas, lo que ha impulsado a legisladores estatales a presentar un paquete de proyectos para mejorar la detección y el tratamiento de la salud mental de las nuevas mamás.
Porten dijo que espera que la legislación ayude a las mujeres a evitar lo que le pasó a ella cuando fue a Capital OB/GYN, una clínica de Sacramento que recibe a beneficiarios del Medicaid, para hablar sobre opciones de medicamentos y terapia.
Porten le confesó a la enfermera que estaba teniendo pensamientos violentos. “Le dije que tal vez me golpeaba a mí misma o apretaba demasiado al bebé”, dijo. “Pero fui muy firme: nunca iba a lastimarme o a lastimar a mis hijos”.
Porten contó que, en cuanto dijo esto, la actitud de la enfermera cambió. “Pude sentir que en ese momento dejó de escucharme”.
La enfermera llamó a la policía. Oficiales la escoltaron a Porten y a su bebé a una sala de emergencias cercana. El personal del hospital la hizo ponerse una bata y le sacó su bolso, pero le permitieron tener los pañales. Los pusieron a los dos en una habitación, bajo vigilancia constante, aunque Porten dijo que el personal fue amable.
Finalmente, a la medianoche, 10 horas después que llegara al consultorio, una trabajadora social la envió a su casa. Porten escribió en Facebook que todo eso la hizo sentir como una criminal.
“Fue todo sobre el aspecto legal”, dijo Porten. “Todo el mundo estaba protegiendo su propia responsabilidad en lugar de pensar en mí”.
Los administradores de Capital OB / GYN se rehusaron a comentar. Gary Zavoral, vocero de Sutter Health, que administra esa sala de emergencias, dijo que una vez que un paciente ingresa para una evaluación, el personal debe seguir protocolos estrictos.
“El proceso es garantizar que todos estén seguros”, dijo. “Lleva tiempo, por lo que 10 horas no es inusual”.
Cuando los pacientes hacen referencia a pensamientos violentos, eso obliga a los médicos a pensar las cosas de otra manera, explicó la doctora Melanie Thomas, psiquiatra de la Universidad de California-San Francisco y del Hospital General Zuckerberg de San Francisco.
La ley de California permite a los médicos confinar involuntariamente a una persona con un trastorno mental si son un peligro para ellos o para otros. Pero Thomas dijo que lo que constituye un peligro inminente puede ser subjetivo.
“Se puede imaginar un proveedor, un trabajador social, una cantidad de personas podría interpretar esa frase de diferentes maneras, sobre qué es necesario informar y qué no”, dijo.
Las leyes y los protocolos médicos no siempre se alinean, agregó Thomas. Ha habido ocasiones en las que se le pidió que confiara en el razonamiento jurídico por sobre su juicio clínico.
“Los aspectos fragmentados de nuestro sistema de atención dificultan que las mujeres reciban la ayuda que realmente desean”, dijo Thomas.
Esa es una de las razones por las que los legisladores en Sacramento están presentando un paquete de medidas para abordar específicamente la salud mental materna. El asambleísta Brian Maienschein (republicano de San Diego) respalda dos de ellos. Uno requeriría que los médicos hicieran pruebas de depresión a las nuevas mamás. Bajo la ley actual en California, es voluntario.
“Los números aquí son tan significativos que creo que es algo que los médicos realmente deberían entender y deberían estar preparados para diagnosticar y tratar”, dijo. La evaluación, agregó, también “educa a la mujer ya que es un problema que puede afectarla”.
El otro proyecto de ley de Maienschein busca que el estado destine dinero federal para programas de posparto y campañas de concientización. Fue establecido bajo el Acta de Curas del Siglo XXI, aprobado en los últimos meses de la administración de Barack Obama.
La gente le ha dicho a Porten que debería demandar a Capital OB/GYN por llamar a la policía. Pero ella no quiere hacerlo.
“Entro en esa sala de espera y veo toneladas de beneficiarios de Medi-Cal, por lo que todos son de bajos ingresos”, dijo. “Si presento una demanda, solo causará daños monetarios a una instalación que claramente no cuenta con recursos suficientes”.
En cambio, dijo que defenderá que se aprueben los nuevos proyectos de ley en California. Piensa que esa es la manera de ayudar a los médicos y enfermeras de la clínica a hacer un mejor trabajo para que las nuevas mamás reciban la atención que necesitan.
Esta historia es parte de una alianza entre KQED, NPR y Kaiser Health News.
La cobertura de KHN sobre temas de salud de la mujer es apoyada en parte The David and Lucile Packard Foundation.