Los esfuerzos republicanos para “derogar y reemplazar” la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) han regresado de la muerte. Otra vez.
Mientras que las probabilidades de que este nuevo esfuerzo por eliminar ACA se convierta en ley parecen bajas, varios senadores republicanos se unieron a la propuesta elaborada por Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Bill Cassidy (Louisiana), junto con Dean Heller (Nevada) Y Ron Johnson (Wisconsin). Ellos están en una carrera contra reloj para redondear los 50 votos necesarios en esa cámara. Y hay 52 senadores republicanos.
Un intento anterior para reemplazar ACA este verano fracasó solo por un voto, cuando los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), y John McCain (Nevada), votaron en contra. Es un juego de palacio determinar quién será el senador misterioso que tal vez revierta la balanza.
Después del 30 de septiembre, los republicanos necesitarían 60 votos para lograr la aprobación, lo que debería incluir el voto favorable de ocho demócratas, porque la medida ya no podría ser considerada bajo reglas presupuestarias especiales que permitan su aprobación en el Senado con una mayoría simple.
A diferencia de los anteriores esfuerzos del Partido Republicano que pasaron por la Cámara y casi fueron aprobados en el Senado, la propuesta de Graham-Cassidy dejaría en su lugar la mayoría de los impuestos de ACA que se usan para ampliar la cobertura de millones de estadounidenses. El plan simplemente daría esos fondos en forma de sumas fijas a cada estado. Los estados podrían hacer casi todo lo que quieran con esos fondos.
“Si usted cree que la derogación y la sustitución del Obamacare es una buena idea, ésta es su mejor y única oportunidad de hacer que suceda, porque todo lo demás ha fracasado”, dijo Graham al develar el proyecto.
Las siguientes son cinco cosas que debes saber sobre este último esfuerzo republicano:
1) Derogaría la mayor parte de la estructura de ACA
La propuesta de Graham-Cassidy eliminaría el mercado federal de seguros, healthcare.gov (cuidadodesalud.gov), junto con los subsidios y créditos fiscales que ayudan a las personas con ingresos bajos y moderados, y a las pequeñas empresas, a pagar el seguro de salud y los costos de salud asociados.
También se eliminarían las multas para las personas que no obtienen seguro de salud y para los empleadores que no lo proporcionan. Y el impuesto sobre los dispositivos médicos, aunque dejaría todos los otros impuestos de ACA en su lugar. La propuesta deroga la expansión del programa Medicaid que otorgó a los estados la opción de proveer cobertura a adultos sin discapacidades con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza. Y pondría un techo a la financiación general del Medicaid, un cambio fundamental en ese programa que ha existido desde 1965, y algo que los republicanos han empujado en 2017.
2) Eliminaría muchas de las protecciones populares establecidas por la ley de salud.
Bajo esta propuesta, los estados podrían “renunciar” a las normas de la ley que exigen a las aseguradoras que proporcionen una lista de “beneficios esenciales de salud” específicos y que ordenan que las primas sean las mismas para las personas sanas que para las que tienen problemas de salud.
Eso volvería a exponer a las personas con condiciones de salud preexistentes a una cobertura inasequible o que no esté disponible: exactamente el problema que ACA trató de abordar, y que fue una de las partes de la ley que los republicanos dijeron a principios de este año que querían mantener.
3) Reestructuraría de raíz el programa del Medicaid.
Medicaid, el programa de salud federal gerenciado por los estados para las personas de bajos ingresos, cubre actualmente a más de 70 millones de estadounidenses. La propuesta de Graham-Cassidy no sólo terminaría con la expansión del programa iniciada bajo ACA, sino que tampoco cubriría la financiación en general, sino que redistribuiría los fondos que habían proporcionado cobertura a millones de nuevos afiliados del Medicaid para tratar de igualar los pagos entre los estados.
Así, los estados que no ampliaron el Medicaid, y que por lo tanto estaban recibiendo menos dólares federales para el programa, recibirían más dinero y los estados que lo ampliaron verían grandes recortes. Por ejemplo, Oklahoma vería un aumento del 88% de 2020 a 2026, mientras que Massachusetts sufriría un corte de 10%.
La propuesta también prohibiría que Planned Parenthood obtenga fondos del Medicaid para la planificación familiar y otros servicios de salud reproductiva por un año, lo máximo permitido por las reglas presupuestarias que rigen este proyecto de ley.
3) Está recibiendo comentarios mixtos de los estados.
Los patrocinadores de la propuesta esperaban un apoyo significativo de los gobernadores republicanos como una forma de ayudar a impulsar el proyecto de ley. Pero hasta ahora, los gobernadores que apoyan públicamente la medida, incluyendo a Scott Walker (Wisconsin) y Doug Ducey (Arizona), están siendo compensados por opositores incluyendo a Chris Sununu (New Hampshire), John Kasich (Ohio) y Bill Walker (independiente de Alaska).
El martes 19 de septiembre, 10 gobernadores -cinco demócratas, cuatro republicanos y Walker, el independiente- enviaron una carta a los líderes del Senado instándoles a seguir un enfoque más bipartidista. “Sólo los enfoques abiertos y bipartidistas pueden lograr reformas verdaderas y duraderas”, dijo la carta.
Incluso Cassidy, el patrocinador del proyecto, fue cuestionado públicamente por la secretaria de salud de su propio estado. La doctora Rebekah Gee escribió que el proyecto de ley “daña única y desproporcionadamente a Louisiana debido a nuestra expansión reciente (del Medicaid) y a la alta carga de extrema pobreza”.
5) La medida llegaría al piso del Senado con el proceso legislativo más quebrado que se haya imaginado.
El Senado está trabajando en sus planes republicanos únicamente bajo un proceso llamado “reconciliación presupuestaria”, que limita el debate a 20 horas y prohíbe el cabildeo. De hecho, todo el tiempo para el debate en el piso se agotó en julio, cuando los republicanos no lograron avanzar con ninguno de los varios planes de reforma de salud propuestos.
Varios senadores, especialmente John McCain (republicano de Arizona), que votaron para detener el proceso en julio, han pedido un “orden regular”, en el cual el proyecto de ley sería considerado primero en la comisión competente antes de llegar el piso del Senado. El Comité de Finanzas del Senado ha programado una audiencia para la próxima semana. Pero no hay tiempo suficiente para la consideración completa del comité y una votación antes del final de la próxima semana.
Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo en una declaración el martes que podría llegar a un análisis para la próxima semana que determinaría si la propuesta cumple con los requisitos para ser considerada en el proceso de reconciliación. Agregó que las preguntas más complicadas como cuántas personas perderían el seguro bajo el nuevo proyecto o qué pasaría con las primas de seguro no podrían ser contestadas “por lo menos por varias semanas”.
Esto ha indignado a los demócratas. “No sé cómo un senador podría ir a casa con sus electores y explicar por qué votaron a favor de un proyecto de ley importante con consecuencias importantes para tantas personas sin tener respuestas específicas sobre cómo afectaría a su estado”, dijo el líder de la minoría del Senado Charles Schumer (demócrata de Nueva York).