PORTLAND, Oregon – Jimmy Sullivan se preparaba para su trabajo como albañil de la misma manera todas las mañanas durante años: inyectándose heroína antes de salir de su auto.
La primera vez que sufrió una sobredosis fue en 2013, en una construcción en Virginia, y su primo, que además era su compañero de trabajo, le inyectó en la pierna una dosis de Narcan, un medicamento que contrarresta los efectos de los opioides. Sullivan reaccionó y siguió trabajando.
La segunda vez, en 2014, su primo lo revivió de nuevo, y después de descansar durante una hora en su auto, regresó al trabajo. Su jefe le advirtió que eso no debía volver a suceder. Pero luego de un mes, Sullivan volvió a sufrir una sobredosis mientras trabajaba. Esta vez, otro trabajador llamó al 911. Después de unas horas en el hospital, volvió a su puesto.
A medida que la epidemia de opioides continúa creciendo en todo el país, con una cifra récord de 72.000 muertes por sobredosis de drogas estimada para 2017, las consecuencias se manifiestan cada vez más en construcciones, fábricas, almacenes, oficinas y otros lugares de trabajo. Un impresionante 70% de los empleadores reportaron que sus negocios se habían perjudicado por el abuso de medicamentos recetados, incluyendo el ausentismo, pruebas positivas para drogas, lesiones, accidentes y sobredosis, según una encuesta realizada en 2017 por el National Safety Council, una organización sin fines de lucro con la misión de “evitar las muertes prevenibles”.
En 2016, al menos 217 trabajadores murieron por sobredosis involuntaria de drogas o alcohol mientras estaban trabajando, un 32% más que en 2015, según el Bureau of Labor Statistics. Las muertes por sobredosis en el lugar de trabajo han aumentado en un 25% o más al año desde 2010. Estas cifras no incluyen las sobredosis que no terminan en muerte, como la de Sullivan, o accidentes causados principalmente, o en parte, por el efecto de las drogas.
Los informes de incidentes de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) pintan un sombrío panorama nacional de muertes por sobredosis en el lugar de trabajo: un mecánico en una fábrica de automóviles Fiat Chrysler en Michigan, un obrero de la construcción en una barcaza en Rhode Island, un pescador de langostas en Louisiana y un trabajador de Sam’s Club, quien murió mientras llenaba estantes en un almacén de Texas.
Pero a pesar del creciente problema, muchos empleadores han hecho la vista gorda ante la adicción en su fuerza laboral, por falta de recursos o porque no están dispuestos a enfrentar un tema complicado que no saben cómo abordar, según investigadores y ejecutivos.
La encuesta del National Safety Council, que se basó en entrevistas con 501 gerentes de empresas con 50 o más empleados, reveló que menos de una de cada cinco empresas se sentía muy bien preparada para combatir la crisis de opioides. Apenas el 13% aseguró poder identificar el consumo riesgoso. Y un poco más de la mitad dijo que les hicieron pruebas de drogas a todos los empleados, pero el 40% no había hecho pruebas en busca de opioides sintéticos como la oxicodona y el fentanilo.
“Los empleadores han estado dormidos”, dijo Dave Chase, cofundador de Health Rosetta, una compañía que certifica los beneficios de salud del empleador, y autor de “The Opioid Crisis Wake-Up Call”. Algunas empresas son “facilitadoras involuntarias”, añadió.
Y no es que las empresas desconozcan el costo de la crisis. Grandes empleadores gastaron $2,600 millones en el tratamiento del abuso de opioides y sobredosis en 2016, en comparación con los $300 millones de hace 12 años, según el Peterson-Kaiser Health System Tracker. Estas cifras no incluyen el costo por pérdida de productividad. Los trabajadores que abusan de medicamentos para el dolor pierden un promedio de 29 días al año, en comparación con los 10 días y medio para los demás empleados.
Con todo, muchos gerentes no están dispuestos a reconocer el uso de drogas en sus empresas.
“Si se les pregunta si creen que tienen un problema de opioides entre sus empleados, un porcentaje muy alto de ellos dirá: ‘No, no lo tenemos'”, indicó Pat Sullivan, vicepresidenta ejecutiva de beneficios para empleados de Hylant, un gran corredor de seguros de Indiana que administra planes para más de 19,000 empresas. “Y sin embargo tenemos acceso a informes sobre recetas que me están diciendo, sin dudas, que existe abuso” entre los trabajadores.
El dolor es parte del trabajo
Jimmy Sullivan, ahora de 39 años, es delgado y serio. Lleva una pesada cruz plateada alrededor de su cuello y tiene un tatuaje de dos barracudas a medio terminar, enseñando los dientes, en su brazo.
Albañil desde hace más de dos décadas, está orgulloso de lo que hace. “Me encanta mi trabajo. Conduzco por la ciudad y digo: ‘Oye, yo construí eso'”, dijo durante el almuerzo en Portland, donde creció y vive ahora. “Es un trabajo muy duro y no mucha gente puede hacerlo”.
Sullivan fuma un cigarrillo antes de comenzar su día de trabajo.(Heidi de Marco/KHN)
La industria de la construcción tiene la segunda tasa más alta de uso indebido de analgésicos y opioides después de los negocios de entretenimiento, recreación y alimentación. Se cree que cerca del 1,3% de los trabajadores de la construcción son adictos a opioides, casi el doble de la tasa de adicción entre los adultos que trabajan, según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de 2012-14.
Los trabajadores de la construcción tuvieron la mayor proporción de muertes por sobredosis relacionadas con la heroína y la metadona entre 2007 y 2012, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En Massachusetts, un informe reciente encontró que una de cada cuatro muertes por opioides involucró a trabajadores de la construcción.
Las lesiones en el trabajo son comunes en esa industria, y muchos trabajadores comienzan su adicción con una receta para ayudarlos a volver al trabajo. En 2016, dos de cada cinco reclamos de indemnización laboral por recetas médicas incluyeron un opioide.
Sullivan dijo que trabajó sin parar como albañil en Portland durante la década de 2000, a pesar que era adicto a los cristales de metanfetamina. En 2011, ya padre de tres niñas, muchas veces se sentía tan desquiciado que no se reconocía a sí mismo.
Alarmado por su recaída en las drogas, se mudó a Newport News, Virginia, donde pensó que estaría lejos de los traficantes y de sus amigos adictos. Aunque encontró trabajo rápido, también se volvió adicto rápidamente, esta vez a los opioides. Esa parte del país estaba inundada de heroína barata, a la que él agregaba Dilaudid, un opioide semisintético recetado por un médico para su dolor de espalda.
Está seguro que varios de sus empleadores sabían que consumía, pero parecía que no les importaba mientras no lo arrestaran. “Yo era tan productivo que quienes me contrataban miraban para otro lado”, dijo. Sus empleadores no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Pensó en ir a rehabilitación por sugerencia de su familia, pero nunca buscó tratamiento.
Intervención del empleador
Sullivan dijo que ningún empleador le pidió que se hiciera una prueba de drogas, a pesar que tenía un historial criminal que incluía arrestos por posesión y distribución de drogas en Portland.
En los lugares de trabajo, era un secreto a voces que muchos trabajadores consumían drogas, comentó. Eran los que desaparecían durante largos almuerzos, se aislaban y ocasionalmente se quedaban dormidos. “Si hicieras pruebas de drogas a todo el mundo, verías que no hay mucha gente que podría trabajar contigo”, dijo Sullivan.
En teoría, los empleadores están en una posición única para enfrentar las adicciones, realizando pruebas aleatorias y detectando comportamientos erráticos o ausentismo, explicó Chase, autor de “The Opioid Crisis Wake-Up Call”. Podrían cambiar sus planes de salud para limitar las recetas de opioides a cinco días y renunciar a los deducibles para el tratamiento de la adicción, una opción que a menudo no está disponible para las empresas constructoras porque normalmente no ofrecen seguro médico.
Pero muchos empleadores han tardado en actuar.
La Nord Family Foundation, una organización benéfica en el norte de Ohio, organizó un evento en mayo en Elyria, cerca de Cleveland, para educar a los empleadores sobre cómo identificar y tratar a los empleados con problemas de adicción. El doctor Donald Sheldon, administrador de la fundación y ex presidente de un hospital, hizo publicidad en los periódicos locales y reservó un salón en un colegio universitario con capacidad para 200 personas.
Sólo fueron 30, dijo.
De las 10 compañías cuyos empleados se sospecha murieron por sobredosis de opioides desde 2014, según los informes de OSHA, la mayoría no respondió o se negó a abordar incidentes específicos.
Sam’s Club, una división de Walmart, dijo en una declaración que proporcionaba cobertura de salud mental y adicciones a los empleados y ofrecía un programa de asistencia. Fiat Chrysler escribió en un correo electrónico que había adoptado reglas más estrictas para las recetas de opioides en su plan de salud y que apoyaba tratamientos.
Sólo un empleador, Giovanna Painting en Spencerport, Nueva York, accedió a una entrevista. Alan Hart, presidente de la compañía, dijo que se sorprendió cuando uno de sus empleados apareció muerto por una sobredosis de heroína en el inodoro portátil de una construcción en 2017.
Hart, quien es un adicto recuperado, dijo que trata de ser comprensivo y ayudar a los trabajadores a iniciar la rehabilitación, aunque no ofrece seguro médico.
“Desde esa muerte por sobredosis somos mucho, mucho más estrictos”, dijo. “Estamos haciendo muchas más pruebas de drogas. Estoy más presente en los lugares de trabajo. Camino y hablo con los trabajadores en persona y los miro a los ojos”.
Este verano, Hart despidió a 12 de sus 50 empleados por sospecha de abuso de drogas. Dijo que le dolió hacerlo, pero agregó que el riesgo de mantener a alguien que consume drogas es demasiado alto.
La Association of Union Constructors dedicó recientemente el número de primavera de su revista a la epidemia de opioides. El grupo dice que un número cada vez mayor de contratistas del sindicato proporcionan naloxona, el antídoto contra opioides, en los lugares de trabajo.
Un beneficio del sindicato que salva vidas
Después de su tercera sobredosis en el trabajo para el mismo contratista en Virginia, Sullivan fue despedido. En 2015, regresó a Portland, cuando la ciudad e encontraba en plena crisis de la heroína. En medio de los campamentos de personas sin hogar que se encuentran en el centro de la ciudad, se puede ver a adictos apoyados sobre las paredes de edificios, con la cabeza inclinada hacia atrás y con las agujas en los brazos.
De vuelta en su ciudad natal, atraído por los beneficios de jubilación del sindicato, en 2016 Sullivan se unió a la Bricklayers and Allied Craftworkers Local 1, Oregon, lo que fue para él un antes y un después.
Poco después de unirse al sindicato, Sullivan fue despedido por comportamiento errático y su sindicato se enteró que estaba consumiendo drogas. Pero a diferencia de sus empleadores anteriores, el sindicato tenía un plan para que volviera a trabajar.
Después de haber visto a muchos de sus miembros luchar contra la adicción, los funcionarios del International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers habían elaborado a lo largo de varios años una serie de programas para prevenir el abuso de sustancias, identificar a los trabajadores afectados y enviarlos a tratamiento.
Este año, los dirigentes sindicales del North America’s Building Trade Unions (NABTU), una coalición de 14 sindicatos de la construcción, crearon un grupo de trabajo para abordar la crisis de los opioides. “Todos enfrentamos casi el mismo problema”, dijo Karen Grear, quien dirige el programa de asistencia a los miembros del sindicato de albañiles.
En una reciente presentación a los jefes de los sindicatos locales, Grear preguntó si alguien había perdido a un miembro a causa de los opioides. Tres cuartas partes de los participantes levantaron la mano. Uno informó que cinco aprendices habían muerto en los últimos meses.
El sindicato le dijo a Sullivan que podía volver a trabajar si iba a rehabilitación, pero había un problema: tenía una orden de arresto por violar la libertad condicional de una detención anterior, y los centros de tratamiento no lo aceptarían hasta que cumpliera su condena.
Sullivan no quería ir a la cárcel y desapareció. Los funcionarios del sindicato lo localizaron y llamaron a la policía para que lo arrestaran cuando se desmayó en su auto. El sindicato persuadió a un oficial de libertad condicional para que convenciera a un juez y se le permitiera a Sullivan cumplir su condena en un centro de tratamiento en lugar de en la cárcel, y los representantes del sindicato lo llamaban varias veces a la semana.
Como le habían prometido, le encontraron un trabajo cuando fue puesto en libertad en 2017, pero este año fue despedido al final de un proyecto de construcción y volvió a recaer. Semanas después, Sullivan contactó al sindicato para decirles que vivía en su Honda de dos puertas, y que llevaba sobrio un par de semanas.
“¿Recuerdas lo que te dije que hicieras cuando estuvieras en esa situación? Que yo tenía que ser tu primera llamada”, le dijo Mike Titus, un funcionario del sindicato, cuando se encontraron en un bar. “¿Podrías pasar una prueba de drogas ahora mismo?”.
Si la pasaba, el sindicato tenía un trabajo para él y podría ducharse en el edificio del sindicato hasta que consiguiera una casa. “Matt y Mike fueron los primeros que se preocuparon lo suficiente”, dijo Sullivan. “A ninguno de mis jefes les importaba nada”.
Un mes después, Sullivan regresó a trabajar, consiguió un nuevo hogar y volvió a estar sobrio una vez más.
