Los deseos de Nicolás Espinosa para Julia, su hija de 11 años, son tan sencillos como profundos: que pueda seguir viviendo y que tal vez, algún día, pueda comer normalmente.
Y podría, si recibe tres órganos de trasplantes… y el sistema de inmigración de Estados Unidos no se lo impide.
En un caso que refleja las fallas significativas y a menudo desgarradoras del sistema, los Espinosa se enfrentan no solo al complicado y costoso laberinto de la atención médica de la nación, sino también a un sistema de inmigración que el Congreso no ha reformado durante décadas.
Esa realidad caótica amenaza la vida de una niña estadounidense.
Julia nació en Miami cuando sus padres asistían a la universidad con visas de estudiante. Nació con un defecto congénito llamado vólvulo, un intestino delgado torcido, y los médicos la salvaron de bebé al extraerle la mayor parte del órgano.
Como nunca ha podido comer de manera normal, Julia ha sobrevivido gracias a infusiones diarias de nutrientes cuidadosamente elaboradas, que ingiere a través de un catéter intravenoso colocado en su pecho, explicó Espinosa.
Es una atención extremadamente costosa y especializada que, según Espinosa, Julia no podría obtener en Ecuador, a donde planeaban regresar.
En cambio, la familia se mudó a Seattle hace 10 años para estar cerca del Seattle Children’s Hospital, donde los especialistas pueden manejar bien las necesidades nutricionales de Julia. Aún así, obtener nutrición a través de infusiones no es algo para lo que el cuerpo humano esté diseñado, y el proceso ha dañado sus órganos.
Julia está en las listas de trasplantes para intestino delgado, y para reemplazar su hígado y páncreas deteriorados.
La salud de su hija ya es desafiante, pero Espinosa y su esposa, María Sáenz, enfrentan una lucha adicional: una batalla continua con las autoridades de inmigración para permanecer y trabajar legalmente en el país.
Por segunda vez en tres años, Espinosa enfrenta la posibilidad de perder su permiso de trabajo, lo que le costaría no solo su empleo como proveedor de soporte técnico en una empresa de software, sino también su seguro médico. Sin cobertura, su hija perdería su elegibilidad para trasplantes.
“Dependemos del seguro de salud para mantenerla en la lista de trasplantes”, dijo Espinosa. “Si no puedo mantener mi seguro, es posible que mi hija no sea elegible para un trasplante”.
Espinosa es consciente de su precaria posición y actuó pronto para renovar su estatus migratorio, lo que se conoce como acción médica diferida. Es una categoría en la que el gobierno posterga una deportación para que la persona pueda lidiar con una enfermedad grave.
Las personas que tienen una acción diferida también pueden solicitar un permiso de trabajo. Espinosa solicitó renovar su acción diferida en noviembre, a pesar de que su prórroga actual está vigente hasta finales de julio.
Sin embargo, no recibió noticias de Inmigración hasta hace poco, y la aprobación se produjo solo después de consultas a la agencia por parte de miembros del Congreso y de un reportero.
Así y todo, la familia aún no puede descansar tranquila. La solicitud de Espinosa para un nuevo permiso de trabajo aún no ha sido aprobada. Todavía puede perder su trabajo y seguro a fines de julio si el nuevo permiso no llega a tiempo.
Un vocero del Seattle Children’s Hospital informó que trabajarían con los Espinosa para cuidar a Julia si su seguro vence, aunque es posible que su lugar en la lista de trasplantes deba suspenderse, lo que dejaría a Espinosa ante opciones como Medicaid.
Incluso con la incertidumbre actual (una brecha en la cobertura podría resultar catastrófica), Espinosa dijo que tiene más esperanzas que hace una semana, ya que los permisos de trabajo generalmente se otorgan con el estatus de acción diferida.
Y la incertidumbre es algo a lo que Espinosa se ha acostumbrado en un país donde parece no haber un sistema racional para ayudar a las familias migrantes que enfrentan crisis de salud.
“El problema es que no hay un marco legal”, dijo Espinosa. “La acción diferida no es una visa, es solo una decisión del gobierno de no deportar”.
Si los médicos pueden mantener viva a Julia, la familia enfrentará la misma perspectiva aterradora de perder el estatus legal cuando este nuevo aplazamiento finalice en dos años.
No está claro cuántas otras familias enfrentan circunstancias similares. Katie Tichacek, vocera de la agencia de ciudadanía, no proporcionó datos, y no hay estadísticas disponibles públicamente.
Datos obtenidos por WBUR después de que legisladores de Massachusetts los solicitaran en 2020 revelaron que, en 2018, hubo más de 700 solicitudes de acción diferida por razones médicas. Menos de la mitad fueron aprobadas.
Fue entonces cuando Julia enfrentó la primera amenaza contra su vida relacionada con la inmigración. En ese momento, la administración Trump suspendió todas las acciones médicas diferidas. Enfrentando demandas y protestas públicas, la administración cedió, pero Espinosa no pudo trabajar legalmente durante un año y medio.
Sin embargo, no todo ha sido tristeza. La familia ha manejado la condición de Julia para que asista a la escuela, pueda viajar y realizar actividades que le gustan.
“Hemos tratado de vivir al 100%, porque hasta ahora hemos tenido la suerte de tener a Julia”, dijo Espinosa. “Siempre nos han dicho que es posible que no lo logre. Originalmente fue el primer mes de su vida, luego fue el primer año, y luego dos años, y luego el siguiente período”.
Han vencido todo pronóstico haciendo todo lo que está a su alcance. Lo que no pueden controlar es la burocracia federal.
Incluso algunas de las cosas que están bajo su control, como elegir dónde vivir para darle a Julia la mejor oportunidad, pueden ser problemáticas. Espinosa dijo que algunos otros estados y regiones del país pueden tener una mayor disponibilidad de órganos. Mientras Julia se mantenga estable, quedarse donde están tiene más sentido. Sería diferente si el hígado de Julia siguiera deteriorándose.
Mahsa Khanbabai, miembro de la junta de la American Immigration Lawyers Association, dijo que el problema que enfrentan Espinosa y otras personas con necesidades obvias es que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración están abrumados, con una burocracia y sin fondos, no están a la altura de la tarea.
“Este es un muy buen ejemplo de un sistema roto”, dijo Khanbabai. “Podría solucionarse fácilmente con una reforma migratoria”.
Tichacek dijo en un comunicado que la agencia no comenta sobre casos específicos, pero agregó que “está comprometida a promover políticas y procedimientos que protejan a los más vulnerables”, y que está trabajando arduamente para reconstruir la confianza con los inmigrantes y ampliar el acceso a servicios vitales.
Espinosa es muy consciente de que incluso con la atención de los medios, la asistencia legal y la ayuda de legisladores, su familia aún podría pasar desapercibida. No sabe qué podría pasar entonces, pero, como dijo: “haré todo lo necesario para salvar a mi hija”.
