Norm Thurston es un “hombre de mercado libre”, un economista experto en salud del republicano estado de Utah, quien rara vez encuentra beneficiosa la intervención del gobierno federal.
Pero en un giro de 360 grados, este legislador estatal ahora está presionando para que Utah estimule al gobierno federal para que actúe ante los altísimos precios de los medicamentos recetados.
“Esto es algo que un estado rojo como Utah podría hacer. No creo que sea un tema partidista “, dijo Thurston. “Esos aumentos escandalosos de los precios no son el resultado del mercado libre”.
El enfoque: permitir que el estado contrate a mayoristas en Canadá, importando recetas más baratas del país del norte y distribuyéndolas a lo largo del sistema de salud estatal.
Otros estados –como Vermont, West Virginia y Oklahoma– están siguiendo caminos similares, impulsando legislaciones que buscarían el permiso de la administración Trump para lanzar sus propios planes para importar drogas de Canadá.
Durante años, los consumidores estadounidenses han tratado de comprar drogas más baratas en el país vecino, a veces en excursiones de un día para visitar farmacias canadienses, o fomentando que farmacias estadounidenses les ayudan a ordenar drogas en el extranjero. Pero la práctica es ilegal.
Los estados quieren cambiar eso y establecer un proceso formal que genere ahorros más amplios. La idea es que el departamento de salud estatal establezca un programa mayorista que compre medicamentos de Canadá y los revenda en farmacias y hospitales locales. Cada estado sería responsable de garantizar que los medicamentos sean seguros y que importarlos de hecho les ahorre dinero.
“Este estatuto está presionando al gobierno federal para que examine con más detenimiento estas cuestiones”, dijo Rachel Sachs, profesora asociada de leyes de la Universidad de Washington en St. Louis, que investiga las regulaciones de los precios de los medicamentos. “Las legislaturas estatales pueden decir: ‘Miren, estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos que el gobierno federal nos ayude'”.
El gobierno federal ha sido lento para actuar en este tema, y los escépticos dicen que un memorando de 30 páginas de la administración Trump sobre precios de medicamentos publicado hace pocos días probablemente tenga un impacto limitado.
Pero los estados, cuyos presupuestos para Medicaid y para los programas estatales de salud de los empleados se ven afectados por estos costos, están decididos a avanzar.
Solo en Vermont, el gasto en medicamentos aumentó un 35% entre 2010 y 2015, el año más reciente del que hay datos disponibles.
Los partidarios de los planes estatales dicen que la estrategia es obvia y que podría ahorrar cientos de millones de dólares. Descartan las preocupaciones sobre la seguridad de los medicamentos, argumentando que en Canadá los producen compañías de buena reputación, a menudo en las mismas instalaciones y por las mismas empresas que los venden en los Estados Unidos, pero a precios mucho más altos.
“Traeríamos medicamentos destinados al mercado canadiense y, por lo tanto, a precios canadienses”, dijo Thurston. “Si pudiéramos elaborar un programa que cumpliera con las recomendaciones de la ley federal, ¿qué justificación tendría el secretario [de Salud y Servicios Humanos] para decir que no?”
Las medidas estatales siguen la legislación modelo desarrollada por la National Academy for State Health Policy que utiliza un marco establecido por la ley federal de 2003 que creó el programa Medicare Parte D. Esa ley establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede aprobar los planes de importación de medicamentos si está convencido que estos planes ahorrarán dinero y no crearán problemas de salud pública.
Una vez aprobada, estas leyes asignan a los departamentos de salud estatales la supervisión del desarrollo de estos programas. Después que el HHS desarrolle los puntos básicos, los funcionarios estatales deben negociar la implementación con la entidad federal. Eso podría llevar años.
También es probable que sea una batalla cuesta arriba.
En 15 años, el HHS nunca ha actuado en base a la ley de 2003 al aprobar cualquier programa de importación de medicamentos.
La primavera pasada, cuando los miembros del Congreso promovieron un proyecto de ley nacional, un grupo bipartidista de ex comisionados de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se opuso, argumentando que sería imposible verificar completamente la seguridad de los medicamentos. Al final, ese proyecto de ley no obtuvo un voto mayoritario.
No está clara la posición de la administración actual sobre este tema.
Alex Azar, el recién confirmado secretario del HHS, ha sido cauto, aunque en una audiencia de confirmación el otoño pasado, dijo que importar drogas desde Canadá podría crear problemas de seguridad. A pesar de las múltiples solicitudes, el HHS no comentó para esta historia.
La industria farmacéutica se hizo eco de las precauciones sobre la seguridad.
“Las propuestas que estamos viendo en los estados a lo largo del país amenazan la seguridad de los pacientes y las familias, y no garantizarán los ahorros que prometen”, dijo Priscilla VanderVeer, vocera del grupo comercial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).
En los estados, sin embargo, los partidarios dicen que sus proyectos de ley abordan esa preocupación.
Y otros analistas argumentaron que, a pesar de todo, la seguridad de las drogas canadienses no es un problema real.
“Muchos de los medicamentos usados en los Estados Unidos y en Canadá se fabrican en las mismas plantas, en países como India, o en Europa”, dijo Michael Law, experto en política farmacéutica y profesor asociado en el Center for Health Services and Policy Research de la Universidad de British Columbia. “La FDA y otras agencias reguladoras confían en las inspecciones de otras agencias: la idea que las drogas canadienses son drogas peligrosas es una cortina de humo”.
Dijo que una pregunta más importante es la cantidad de ahorros que estos proyectos generarían.
Thurston señaló los análisis de Utah que sugieren que el estado podría ahorrar $70 millones en el sector privado y otros $20 a $30 millones en programas de seguros financiados por el estado. Agregó que, si se aprueba, el estado apuntaría a importar entre 15 y 20 drogas: por ejemplo, insulina, porque se compra en grandes cantidades, o medicamentos caros para tratar la hepatitis C o el VIH.
Otros expresaron escepticismo.
Por un lado, el verdadero precio de los medicamentos recetados no siempre es claro. Está el precio de lista, y en general, esos son mucho más altos en los Estados Unidos. Pero los planes de salud a menudo negocian o reciben descuentos de la compañía farmacéutica, lo que significa que pueden terminar pagando mucho menos de lo que se anuncia. Esos descuentos no son públicos, por lo que es mucho más difícil comparar los precios entre los dos países.
Probablemente, la industria farmacéutica también usará estrategias para contrarrestar la importación.
Las compañías farmacéuticas, señaló Law, podrían perder si los estados importan medicamentos más baratos. Eso podría motivarlos a reducir la cantidad de recetas que venden en Canadá, o encontrar otras formas de disuadir a los mayoristas canadienses de participar.
Aun así, estos esfuerzos estatales podrían impulsar al gobierno federal a tomar medidas, sugirió Sachs, incluso si no está claro cuán grande sería el impacto de la importación.
“La importación no resolverá todos los problemas, y no creo que los estados lo vean así”, dijo. “Pero podría ser una forma útil de presionar a un gobierno federal y a la Casa Blanca que hasta ahora han permanecido inactivos en este tema”.
La cobertura de KHN del desarrollo de medicamentos recetados y los costos es respaldada por la Laura and John Arnold Foundation.
