Una regla propuesta por la Casa Blanca dificultaría que los inmigrantes legales obtengan la residencia permanente si han recibido ciertos tipos de asistencia pública, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para la vivienda. Este estatus migratorio les permite vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.
“Aquellos que buscan migrar a los Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado.
La propuesta, que se anunció el sábado 22 de septiembre a la noche, marca una nueva frontera en el esfuerzo a largo plazo de la administración Trump por frenar la inmigración, tanto ilegal como legal. Esta norma ya ha provocado intensas críticas por parte de los demócratas, activistas contra la pobreza, organizaciones de atención médica y defensores de los derechos de los inmigrantes: consideran que busca poner en práctica restricciones sin precedentes.
“Estamos operando en un clima general de gran temor y ansiedad como resultado del enfoque general de la administración sobre la aplicación de las políticas migratorias”, dijo Mark Greenberg, investigador principal del Migration Policy Institute, quien estudia las políticas de migración y refugiados a nivel local, nacional e internacional. Greenberg también es un ex funcionario de la administración Obama.
Pero, ¿qué efecto tendría esta propuesta?
Es una pregunta complicada, que toca a vastos programas gubernamentales, con miles de millones de dólares en juego. Si bien las implicaciones todavía no son claras, Kaiser Health News analiza algunos de los elementos clave.
- Primero lo primero: ¿Qué está proponiendo la Casa Blanca?
La administración Trump quiere redefinir un concepto conocido como “carga pública”, una categoría que se usa para determinar si una persona que busca el estatus de residente permanente “es probable que se vuelva dependiente principalmente del gobierno para subsistir”.
En el pasado, las personas corrían el riesgo de que se las definiera como una “carga pública” si recibían asistencia monetaria en efectivo, conocida como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingreso de Seguridad Suplementario, o ayuda federal para pagar la atención médica a largo plazo. (Los inmigrantes deben estar legalmente en el país por cinco años antes de ser elegibles para esta asistencia).
Y esa designación de “carga pública” podía socavar sus solicitudes de residencia permanente (cuando un inmigrante solicita la tarjeta verde, o Green Card).
La nueva regla ampliaría la lista para incluir a algunos programas de seguros de salud, alimentos y vivienda. Específicamente, penalizaría a los que aspiran a tener una tarjeta verde por usar Medicaid, el programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos. (Las sanciones no se aplicarían por usar Medicaid en ciertas emergencias o para algunos servicios que brinda a través de escuelas y programas para personas con discapacidades).
El uso de cupones de alimentos, la asistencia para rentas de la Sección 8 y los vales de vivienda federales también funcionarían en contra de los solicitantes. La inscripción en un subsidio de la Parte D de Medicare, que ayuda a las personas de bajos ingresos a comprar medicamentos recetados, también los perjudicaría.
La propuesta “es definitivamente un cambio dramático con respecto a cómo funciona la carga pública hoy”, dijo Kelly Whitener, profesora asociada del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, quien se especializa en beneficios de salud pediátrica y sistemas de atención administrada.
Una versión de la regla que se filtró a la prensa en marzo sugiere que los funcionarios también estaban considerando penalizar a aquellos que reciben subsidios para comprar un seguro de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Pero esa idea no estaba en la propuesta publicada el 22 de septiembre. Los subsidios del mercado están dirigidos a personas con un nivel de ingresos generalmente más alto a los que apunta el plan de Trump, señaló Whitener.
“Realmente se están enfocando en los inmigrantes de bajos ingresos”, agregó.
Nielsen dijo que la regla propuesta tiene “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados”.
- Como dicen los críticos, ¿es cierto que esta medida no tiene precedentes?
Sí.
La carga pública es un viejo concepto. En la década de los 90, legisladores lo ampliaron para considerar explícitamente si las personas habían recibido asistencia social en efectivo.
Pero incluir programas como Medicaid y cupones de alimentos, que tienen un alcance mucho más amplio, es un cambio significativo. Es más probable que afecte a los trabajadores: la mayoría de las personas con Medicaid están empleadas, y casi el 80% vive en familias con al menos un miembro activo, según datos compilados por la Kaiser Family Foundation.
Los niños que son ciudadanos estadounidenses, pero cuyos padres son inmigrantes, podrían ser los más propensos a sufrir repercusiones, dijeron expertos. Cuando los padres optan por no recibir asistencia pública por temor a su propio estatus legal, es menos probable que sus hijos se inscriban, por ejemplo, en el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), para el cual calificarían.
Para ser claros, recibir ayuda pública no necesariamente evitará que las personas obtengan una tarjeta verde. Pero podría afectar el proceso negativamente.
“Otro componente es la enorme libertad que tendrá la administración bajo su propuesta para emitir juicios sobre quién será admitido en el país y quién recibirá la residencia permanente”, dijo Greenberg.
- ¿Cuándo entrará en vigencia este cambio de política?
Este es el primer paso en el complejo proceso de elaboración de reglas federales. Y hay muchas cosas que podrían cambiar.
Una vez que la regla propuesta aparece en el Registro Federal, comienza una cuenta regresiva de 60 días, durante la cual cualquier persona puede opinar.
Una regla final probablemente no entraría en vigencia hasta 2019.
Y el DHS todavía está recopilando opiniones sobre algunos detalles. Por ejemplo, no ha decidido si CHIP se contará como uno de los programas elegibles dentro del nuevo paraguas de “carga pública”.
Mientras tanto, no se penalizaría a las personas que recibieron beneficios públicos antes que la regla entre en vigencia.
- Sin embargo, la propuesta ya está teniendo efectos
El DHS estima que el 2.5% de los inmigrantes elegibles abandonarían los programas de beneficios públicos debido a este cambio, lo que representaría alrededor de $1.5 mil millones en dinero federal por año. Pero otros esperan un impacto mucho mayor.
“Los efectos irán mucho más allá de los individuos directamente afectados”, dijo Greenberg. “Hay razones considerables para creer que [la estimación de la Casa Blanca] puede ser una subestimación significativa”.
En la regla propuesta, el DHS señala que los cambios podrían resultar en “peores resultados de salud”, “mayor uso de salas de emergencia”, “mayor prevalencia de enfermedades contagiosas”, “mayores tasas de pobreza” y otras preocupaciones.
Dada la complejidad de estos programas y la regla propuesta, y las altas apuestas en juego, los inmigrantes de bajos ingresos tendrían muchas más probabilidades de evitar por completo los beneficios públicos, dijeron expertos en inmigración. Es probable que millones de inmigrantes se vean afectados directa o indirectamente, según el Center for Law and Social Policy, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, DC.
Eso podría tener graves consecuencias para la salud.
Familias podrían dejar de vacunar gratuitamente a sus niños, aunque éstos sean elegibles y aunque la inmunización no esté sujeta a la regla de “carga pública”, por temor de poner en peligro una residencia permanente, ejemplificó Whitener.
Agregó que ya hay informes de personas que rechazan la asistencia federal, a pesar que aún no ha sucedido nada.
“El factor miedo no se puede subestimar”, dijo.
- ¿La gente va a demandar?
Es probable que haya acciones legales.
Funcionarios como el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien frecuentemente se ha enfrentado a la Casa Blanca, están analizando los desafíos a la regla.
“La propuesta de la administración Trump está castigando a las familias inmigrantes trabajadoras, incluso apuntando a niños que son ciudadanos, por utilizar programas que brindan nutrición básica y atención médica. Esto es un ataque contra nuestras familias y nuestras comunidades”, dijo Becerra en un comunicado.
Pero estas acciones dependen de lo que contenga la norma final, que podría cambiar a través del proceso de elaboración.
“Es probable que reciban una gran cantidad de comentarios drásticamente críticos, y no hay forma de saber qué cambios podrían hacer como resultado”, dijo Greenberg.
La cobertura de KHN de los problemas de salud de los niños es apoyada en parte por la Heising-Simons Foundation.
