RIVERSIDE, California – Meses antes de que los oficiales de salud del condado ordenaran la evacuación del Magnolia Rehabilitation & Nursing Center, plagado de COVID-19, los empleados del centro se habían quejado de haber recibido cheques sin fondos. Magnolia estaba en una lista de las peores residencias de adultos mayores de la nación por faltas contra la salud y la seguridad.
Pero al anunciar la evacuación sin precedentes de los 83 pacientes restantes de Magnolia, la segunda semana de abril, el doctor Cameron Kaiser, oficial de salud del condado de Riverside, enfocó en el personal del centro porque sólo uno de sus 13 asistentes de enfermería había acudido al trabajo.
Todos los trabajadores de salud en la era del COVID-19 son héroes, expresó Kaiser, pero “parte de ese heroísmo es mantenerse en su puesto”. La junta de licencias del estado puede determinar que el absentismo en Magnolia, donde 34 pacientes y 16 empleados han dado positivo para el virus, “puede ser calificado de abandono”, según dijo a periodistas.
Los empleados de Magnolia enfrentan ahora no sólo la incertidumbre laboral, sino el estigma de que se les relacione con el centro y sus faltas. Pero los problemas que llevaron al absentismo laboral no son exclusivos de Magnolia y reflejan la posición cada vez más ingrata de los trabajadores de estas residencias.
La epidemia de COVID-19 ha resaltado las profundas debilidades de la industria que atiende a las personas mayores y más frágiles de la nación, como la crónica falta de personal, los bajos salarios y la incapacidad de controlar los brotes infecciosos. Para instituciones en dificultades como Magnolia, una pandemia hizo casi imposible un trabajo ya difícil.
El nuevo coronavirus se ha propagado como un incendio por residencias de adultos mayores en estados como Washington, Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania. Más de 3,600 muertes han sido relacionadas con los brotes de COVID-19 en estas residencias y en centros de cuidados a largo plazo, según informó la agencia de noticias Associated Press.
Las residencias peor calificadas han estado entre las más susceptibles a los efectos del virus. Por ejemplo, un análisis de Los Angeles Times encontró que el 89% de las residencias del condado de Los Ángeles que sufrieron brotes de COVID-19 habían sido penalizadas en el pasado por su mal control de infecciones.
Magnolia estaba en una lista del 3% de las 15,700 residencias de la nación con las peores faltas contra la salud y la seguridad. Cuenta con una calificación de Medicare de dos estrellas (el máximo es cinco) —por debajo del promedio— con más de tres veces el promedio nacional de citaciones por faltas de salud.
Sin embargo, los datos de los brotes en todo el país presentan un panorama más complejo. Además de las residencias de adultos mayores con malos antecedentes, el virus ha devastado centros de cinco estrellas, lo que da a entender vulnerabilidades inherentes, independientemente de las calificaciones de calidad.
El condado de Los Ángeles ha publicado una lista de residencias con al menos un caso de COVID-19. De los 68 centros que se pueden buscar a través de la herramienta de Comparación de Residencias de Medicare, 29 tenían clasificaciones pobres o por debajo de la media, mientras que 15 estaban por encima de la media o eran excelentes.
El riesgo de vivir en una residencia de personas mayores durante la pandemia llevó a la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, la doctora Barbara Ferrer, a recomendar que los familiares consideraran la posibilidad de sacar a sus seres queridos de estos centros.
Los residentes son mayores, con sistemas inmunológicos más débiles, y tienden a tener condiciones de salud crónicas que también los hacen más susceptibles a infecciones y complicaciones. El personal se mueve libremente por las instalaciones y regresa a sus casas y vecindarios, aumentando el potencial de contaminación cruzada.
Las residencias de adultos mayores se han esforzado durante décadas para cumplir con los requisitos federales de control de infecciones, que a partir de noviembre les exigía contar con especialistas en prevención de infecciones, explicó Karen Hoffmann, ex presidenta de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología.
El 16 de abril, el condado de Riverside tenía el tercer mayor número de casos de COVID-19 en el estado, con 2,105 casos confirmados, al menos 80 de ellos relacionados con el Magnolia y el cercano Extended Care Hospital of Riverside, un centro de alta calificación, que todavía estaba en funcionamiento.
En respuesta a la evacuación, funcionarios del condado de Riverside comenzaron a desplegar equipos de apoyo en toda la región para visitar las residencias y los centros de atención a largo plazo a partir del lunes 20. Los equipos tratan de minimizar temores y rumores entre el personal con apoyo, educación y la distribución de más equipos de protección como mascarillas, anteojos y guantes, para evitar otra evacuación, explicó el condado.
Kaiser dijo que los funcionarios locales habían previsto una oleada de casos en hospitales, no en estas residencias.
“Resulta que los centros de cuidados subagudos que se ocupan de las personas más vulnerables a COVID-19 son los que sufren el mayor impacto”, escribió Kaiser en un correo electrónico. “Y algunas de estas residencias funcionan con tal precariedad, ya sea de personal o de equipo, que tenemos que apuntalarlas a toda prisa”.
Sherry Martinez, enfermera certificada de Salinas, California, comrpó sus propias máscaras N95 y delantales para protegerse en el trabajo. (Foto cortesía de Sherry Martinez)
Gary Glaser, asistente de enfermería de 69 años y empleado de Magnolia, había estado enfermo la semana en que el personal no se presentó por lo que no figuró entre los empleados que cometieron absentismo laboral. Pero dijo que sus compañeros no tenían la culpa.
Junto a la residencia, el día después de la evacuación, Glaser explicó que los cheques de Magnolia habían rebotado al menos cinco veces este año.
“Es un problema de dinero”, aseguró Glaser, que había hecho un viaje de dos horas en autobús para venir a la residencia en lo que fue un intento fallido por recoger un cheque en el centro que estaba cerrado. “No voy a venir a trabajar todos los días si no me pagan”.
Rechazó la crítica de Kaiser hacia el personal, diciendo que se habría arreglado con mejores salarios. “No puedes ganar $10, $11 ó $12 por hora y luego irte a casa y pagar un apartamento de $900”, señaló Glaser, que gana $13,50 por hora después de haber estado trabajando en el centro por cuatro años. “Eso no va a funcionar”.
Otra empleada, que prefirió no dar su nombre, dijo que conocía a 12 empleados que habían recibido cheques que rebotaron.
“Es un incumplimiento de los deberes del empleador”, señaló Kezia Scales, de PHI, una organización de investigación y abogacía sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York. “Esta ya es una fuerza laboral de bajos ingresos, por lo que estos cheques son importantes”.
Los dueños y gerentes de la compañía no respondieron a múltiples llamadas y correos electrónicos. Una mujer que respondió al teléfono que aparece en la página web de la residencia cortó cuando la reportera preguntó sobre los cheques sin fondos con un “no hay comentarios en este momento, y lamento que hable usted por ahí con cualquiera”, y colgó.
Los asistentes de enfermería —el colectivo al que Kaiser criticó en sus comentarios— ganan un salario medio por hora de $13,38 y un ingreso medio anual de $22,000, según un informe de PHI de 2019, que indica que tienen tres veces más probabilidades de lesionarse en el trabajo que el empleado medio estadounidense.
A las residencias les suele faltar personal, y la pandemia ha reducido aún más esa fuerza laboral debido a la enfermedad, la necesidad de autocuarentena, la falta de cuidado infantil y otras presiones. Los asistentes de enfermería son fáciles de usar como chivos expiatorios cuando las cosas van mal, indicó Scales.
“Están aterrorizados, con razón, de poder infectarse y contagiar a sus residentes y a sus propias familias”, explicó Scales. “Y se enfrentan a la posibilidad de ser los protagonistas en la próxima noticia impactante sobre un brote en una residencia de mayores, algo aterrador”.
Muchos de los trabajadores tienen la vocación de ayudar a los mayores y a los enfermos, pero “es difícil para las madres solteras”, indicó Sherry Martínez, una asistente de enfermería de 37 años, en Salinas, California. Martínez tiene una hija de 7 años, cuya cuidadora tiene más de 70, y le preocupa que Martínez pueda exponerla al virus.
“Nos duele el alma porque nacimos para hacer esto”, expresó Martínez, que es la representante del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en su trabajo.
Asistentes de enfermería, nutricionistas y personal de limpieza que trabajan en residencias están tan expuestos como otros trabajadores de primera línea, dijo April Verrett, presidenta de SEIU Local 2015, que representa a 20,000 trabajadores de residencias en California. “A diferencia de otros trabajadores de la salud como doctores o enfermeras, este segmento de la fuerza laboral está muy mal pago”.
Esta historia de KHN se publicó primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
