La dura posición del gobierno de Trump sobre inmigración tiene preocupados a funcionarios de los departamentos de salud locales ya que podría estimular recortes en la financiación federal y complicar una amplia variedad de programas, desde los esfuerzos para combatir la epidemia de opioides hasta las iniciativas de violencia doméstica.

El 21 de abril, el Departamento de Justicia (DOJ) envió cartas a nueve jurisdicciones, incluyendo el estado de California y ciudades como Chicago, Miami, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York, amenazando con negarles el financiamiento de la agencia por su condición de “ciudades santuario”. Esta asistencia federal apoya ampliamente iniciativas de justicia, pero a menudo va mucho más allá de los departamentos de policía y las cortes, financiando programas de prevención de la violencia y otros esfuerzos para abordar los factores sociales que afectan a la salud.

“Estos dólares van a todo el mundo… son subvenciones que protegen a toda la población”, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública.

A los funcionarios locales de salud también les preocupa que otras agencias federales puedan seguir el ejemplo de Justicia en la aplicación estricta de una controversial orden ejecutiva firmada el 25 de enero por el presidente Donald Trump, que exige que las agencias federales tomen medidas para garantizar que las localidades cumplan con las leyes federales de inmigración y ayuden a deportar a las personas que están en el país ilegalmente. Esa orden -que ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal- podría poner en peligro una amplia franja de servicios vitales de salud comunitaria, no sólo para inmigrantes indocumentados sino también para residentes legales y ciudadanos.

Entre ellos, servicios sociales y programas comunitarios que utilizan a diario miles de latinos para recibir atención de salud.

Retórica vs. Realidad

El término “ciudades santuario” describe las localidades -ciudades, pero también estados, condados y otras entidades comunitarias- con políticas conocidas como “ordenanzas de separación”, que separan las responsabilidades del gobierno local de las de las autoridades federales de inmigración.

A menudo, estas ordenanzas solicitan a los agentes de policía locales que no pregunten por el estatus migratorio de las víctimas, testigos o sospechosos, a menos que sea directamente pertinente al caso. También eximen a la policía local de cumplir con las solicitudes de detención o notificación de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). En algunos casos, las agencias locales o estatales declaran que no cumplirán con los requisitos para preguntar acerca del estatus migratorio cuando las personas soliciten beneficios.

Funcionarios de estas jurisdicciones dicen que ayudar a las autoridades federales a detener a alguien, especialmente si esa persona resulta tener documentación válida, podría ser una violación del proceso correcto. Los funcionarios dicen que, si cumplen con la orden, podrían estar en riesgo legal. También argumentan que el cumplimiento de algunas de las directivas federales es un desperdicio de recursos o podría hacer que los inmigrantes no reporten crímenes o ayuden en las investigaciones porque le tienen miedo a la policía.

Sin embargo, no existe una definición rígida de “ciudades santuario” o una delineación federal clara sobre cuáles jurisdicciones serían objeto de la directiva del Departamento de Justicia.

“Ha habido mucha retórica alrededor de las ciudades santuario”, dijo Laura Vázquez, analista del Consejo Nacional de La Raza. “Eso ha resultado en ciudades confundidas… preocupadas por si están perdiendo fondos”.

Y los funcionarios de salud ya están cautelosos.

“Antes, el Departamento de Justicia ha sido un excelente socio para muchos de nuestros esfuerzos”, dijo la doctora Leana Wen, comisionada de salud de Baltimore. “Tendría un impacto negativo si perdiésemos fondos federales”.

¿Qué está en riesgo? Por ejemplo, la epidemia de opioides. El DOJ ha trabajado codo a codo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para liderar la respuesta del gobierno federal, y ha asignado millones de dólares a las agencias locales para actividades como el monitoreo de medicamentos recetados, ayudar a personas a acceder a modelos más efectivos de tratamiento y equipar a los policías con medicamentos contra las sobredosis.

“Este es un gran problema. Y se pone peor si no tienes los recursos para abordarlo”, agregó Benjamin.

Wen dijo que, en Baltimore, el impacto probablemente se sentiría en el programa de la ciudad Safe Streets, una iniciativa del departamento de salud destinada a reducir la violencia de las pandillas, con énfasis en la reducción de tiroteos. A lo largo de los años, el departamento federal ha invertido millones de dólares para que los funcionarios de salud pública trabajen con escuelas, iglesias, organizaciones comunitarias y otros grupos. Y, dependiendo de la jurisdicción, también podrían sufrir otras intervenciones de salud pública: programas de respuesta a la violencia doméstica, tribunales de drogas y de salud mental, entre otras cosas.

Tampoco es claro qué ciudades podrían verse afectadas. Nueva Orleans, por ejemplo, no se auto define como una “ciudad santuario”, pero recibió la carta de Justicia. La razón: los oficiales de policía no cuestionan de manera rutinaria a testigos o víctimas sobre su estatus migratorio, dijo Zach Butterworth, director de relaciones federales de la ciudad. Argumentó que las políticas de la ciudad son consistentes con la ley federal y han sido investigadas por autoridades legales.

Un recorte en los fondos federales sería un retroceso, dijo Marsha Broussard, quien dirige el departamento de salud de la ciudad. Irónicamente, agregó, los programas de la ciudad apoyados por el DOJ benefician principalmente a los residentes legales, ya que Nueva Orleans tiene una población indocumentada bastante pequeña.

Incertidumbre jurídica y amplio impacto

Aunque preocupa la idea de perder la ayuda del Departamento de Justicia, los jefes de los departamentos de salud dijeron que la preocupación más grande es que otras agencias federales le sigan el juego. Perder apoyo federal del HHS, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otros podría poner en peligro actividades que van desde el tratamiento del VIH, los servicios de planificación familiar y la preparación para enfrentar al zika, hasta la vacunación de rutina y la detección de plomo en viviendas.

“Obviamente no sería bueno, y [perder esos fondos] bloquearía nuestros esfuerzos”, dijo James Garrow, portavoz del departamento de salud pública de Filadelfia.

San Francisco, cuyo departamento de salud recibió al menos $68 millones en fondos federales, presentó una demanda en enero pidiendo el alivio de la orden ejecutiva de Trump, argumentando que la prohibición de financiamiento es inconstitucional. Un juez federal en la ciudad emitió una orden judicial preliminar el martes 25 de abril. El gobierno de Trump dijo que apelará.

Otros desafíos legales están pendientes en Richmond, California, las ciudades de Chelsea y Lawrence en Massachusetts, y Seattle. También hay interés en Portland, Oregón, y Nueva York. Su argumento legal: la directiva contra las “ciudades santuario” es excesivamente coercitiva.

Además, el fiscal general de Nueva York ha emitido una guía legal argumentando que la administración de Trump carece de autoridad para detener las políticas de “santuario”. Eso ha alentado a algunos municipios a adoptar estrategias en desacuerdo con la postura federal, como no preguntar a la gente acerca de su estatus migratorio y no hacer cumplir órdenes civiles del ICE.

La incertidumbre legal dificulta que los programas de salud planifiquen en base a un escenario sin ayuda federal. Y, hasta entonces, dijo Benjamin, podrían tener que frenarse.

“Si no estoy seguro de recibir o no una subvención, y no estoy seguro de que puedo contratar a la gente, no voy a gastar el dinero”, dijo.

A nivel local, eso importa, dijo Wen.

“Estamos en la primera línea. Somos los que salvaguardamos la salud y el bienestar de nuestras ciudades todos los días “, agregó. “Hacer sufrir a nuestros residentes no es una opción”.