La administración Trump señaló el martes 7 de noviembre que permitiría a los estados imponer requisitos de trabajo a algunos adultos inscriptos, o que aspiren a tener, el Medicaid, una meta que los conservadores persiguieron por largo tiempo, y a la que se oponen demócratas y defensores de los más pobres.

Esta decisión marcaría un giro importante en la política federal. La administración del presidente Barack Obama dictaminó en repetidas ocasiones que los requisitos de trabajo eran inconsistentes con la misión del Medicaid de proporcionar asistencia médica a personas de bajos ingresos.

El anuncio lo realizó Seema Verma, directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), quien se dirigió a través de un video a los directores estatales del Medicaid durante una reunión. En un comunicado de prensa lanzado antes del discurso, se explicó que esta decisión es parte de un plan para que los estados tengan más flexibilidad para modificar sus programas locales del Medicaid.

“La idea de que un programa diseñado para nuestros ciudadanos más vulnerables deba usarse como un vehículo para servir a los adultos sanos en edad de trabajar no tiene sentido, pero la administración anterior luchó contra las reformas impulsadas por los estados que habrían permitido que el Medicaid evolucionara”, dijo Verma en una copia de sus comentarios publicados momentos antes de que hablara.

“Para las personas que viven con discapacidades, los CMS siempre han creído que un trabajo acorde es esencial para su autosuficiencia económica, la autoestima, el bienestar y la mejora de su salud”, dijo. “¿Por qué no creer lo mismo para los beneficiarios del Medicaid en edad de trabajar y sanos?”.

La audiencia recibió el anuncio con frialdad, ninguno de los cerca de 1,000 presentes aplaudió con fervor.

Ocho estados -Arizona, Arkansas, Indiana, Kentucky, New Hampshire, Maine, Utah y Wisconsin- han enviado solicitudes a los CMS para que se les permita exigir a las personas bajo Medicaid que trabajen o presten servicios a la comunidad.

La regla variaría de acuerdo al estado. Arizona, por ejemplo, requiere que los que aplican al Medicaid estén trabajando, buscando trabajo, o asistiendo a escuelas o entrenamiento de trabajos al menos 20 horas a la semana. En New Hampshire, el requisito de estar trabajando o cumplir con horas de entrenamiento, irá aumentando de acuerdo al tiempo que el beneficiario ha estado bajo el Medicaid.

El comunicado no indicó cuándo Verma se pronunciaría sobre las solicitudes pendientes, pero un funcionario de los CMS dijo que probablemente sería antes de fin de año.

Sin embargo, estudios demuestran que la gran mayoría de las personas que reciben Medicaid ya están trabajando, buscando empleo, yendo a la escuela o cuidando a un familiar.

Alrededor del 59% de los adultos sin discapacidades menores de 65 años bajo el Medicaid tienen trabajo, según un análisis de la Kaiser Family Foundation. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).

Verma enfatizó el compromiso de la agencia de considerar propuestas que darían a los estados más flexibilidad para poner a prueba los esfuerzos para sacar a los beneficiarios de la pobreza.

“Todos los estadounidenses merecen la dignidad y el respeto de tener altas expectativas, y como funcionarios públicos debemos ofrecer programas que despierten la esperanza y le digan a cada beneficiario que creemos en su potencial”, dijo Verma.

Más de 16 millones de personas se han sumado al Medicaid desde 2013, principalmente porque 31 estados ampliaron la elegibilidad para el programa, siguiendo la línea del Obamacare.

Los estados y el gobierno federal se dividen los costos del programa Medicaid, que suman $576 mil millones, para cubrir a 74 millones de personas. Los estados pueden establecer beneficios y reglas de elegibilidad dentro de amplias pautas federales.

Desde la década de 1990, el gobierno federal ha permitido cada vez más a los estados que renuncien temporalmente a las reglas que rigen el Medicaid para que puedan experimentar cómo administran el programa. Los estados han usado esas opciones para esfuerzos tales como agregar primas mensuales o personalizar su expansión del Medicaid según la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de 2010.

Dos requisitos a largo plazo de estas exenciones son que no aumenten los costos federales y que se mejore la cobertura de salud de los más pobres.

Los CMS dijeron el martes que ampliar el acceso ya no es un objetivo clave de las exenciones federales del Medicaid. Esta declaración representa un cambio filosófico en el programa que abriría la puerta para aprobar requisitos de trabajo que, reconocen los mismos estados, reduciría el número de personas inscriptas.

“Esto me indica que la agencia se está preparando para negar un objetivo central de la ley federal y, en cambio, tratar de lograr exactamente lo que la ley no permite, es decir, una reducción en el nivel de asistencia disponible para los estadounidenses más pobres y médicamente más vulnerables”, opinó Sara Rosenbaum, profesora de derecho y políticas de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC

Ya se esperaba este anuncio de Verma. Antes de ser nombrada como titular de los CMS, fue consultora de atención médica y ayudó a los programas del Medicaid de Indiana y Kentucky a redactar sus solicitudes de exención, incluidos los requisitos de trabajo. Para evitar un conflicto, los CMS aclararon que Verma no participará en las decisiones sobre esos dos estados.

La decisión de apoyar los requisitos laborales probablemente terminará en una batalla judicial, dijo Jane Perkins, directora legal del Programa Nacional de Ley de Salud, un grupo de defensa. Perkins dijo que los CMS tienen poder para permitir que los estados experimenten con el programa del Medicaid, pero no restringiendo la elegibilidad.

“Esto es realmente un cambio, con los CMS diciéndoles a los estados: ‘vengan a decirnos lo que quieren hacer y si quieren recortar el programa, les daremos el visto bueno'”, dijo Perkins. “Eso es inconsistente con la intención del Congreso sobre las exenciones del Medicaid”.

El video de Verma dirigido a la Asociación Nacional de Directores del Medicaid marca una de sus pocas apariciones públicas desde que asumió el cargo. A pesar de supervisar tanto al Medicaid como al Medicare, programas que impactan a más de 120 millones de estadounidenses, ha concedido pocas entrevistas o discursos públicos.

Los gobernadores republicanos defienden los requisitos de trabajo, diciendo que tal mandato proporcionará “dignidad” a los afiliados y los estimulará a no contar con el programa de derechos del gobierno.

“Este programa ofrece oportunidades para que las personas tomen el control de sus vidas”, dijo el gobernador de Kentucky el republicano Matt Bevin, al revisar su propuesta de requisitos de trabajo en julio.

Quienes se oponen a los requisitos de trabajo afirman que muchos inscriptos en el Medicaid ya trabajan y que un mandato es contraproducente. Negar a las personas el acceso a la atención médica podría evitar que se mantengan saludables y que puedan conseguir empleo, argumentan.

El discurso de Verma ocurrió después que los CMS anunciaran el lunes que agilizarían el proceso, a menudo arduo, para obtener exenciones al Medicaid. Ofreció acelerar algunas solicitudes y dijo que permitiría a los estados obtener exenciones de hasta 10 años, cinco años más de lo que actualmente se permite.

Verma también dijo que el gobierno federal dará a conocer información que muestran los resultados del Medicaid, pero no dio detalles sobre qué medidas se evaluarían.

La mayoría de los inscriptos en el Medicaid se encuentran en planes privados de atención administrada, que son evaluados cada año por los estados, analizando todo: desde las tasas de vacunación para niños hasta las tasas de detección del cáncer para adultos.