Elizabeth Moreno, una veinteañera que estudiaba en una universidad de Texas, sufría de un dolor de espalda debilitante causado por una anormalidad de la columna vertebral. “No podía vivir con el dolor”, dijo. “Me resultaba imposible vestirme sin ayuda, no podía caminar por mi casa y mucho menos ir a clases, y nada, ninguno de los medicamentos que me recetaban podían atenuar el dolor”.

Moreno asegura que también probó la medicina quiropráctica y la acupuntura, pero no hicieron que el dolor desapareciera. Finalmente, un médico en el centro de salud para estudiantes la remitió a un especialista en ortopedia quien, después de realizar una serie de pruebas, concluyó que un disco le estaba bloqueando los nervios en las piernas y que era necesario retirarlo. El padre de Moreno, un médico retirado de Ohio que había visto muchas cirugías de columna fallidas en su carrera, estuvo de acuerdo en que era la mejor opción. A finales de 2015, Moreno se sometió a la operación en Houston y la describió como “un éxito total”.

No le dio importancia al hecho de que el hospital le pidiera una muestra de orina para realizarle un test de drogas.

Pero luego le llegó la factura.

Paciente: Elizabeth Moreno, entonces de 28 años, estudiante de la Texas State University en San Marcos.

Factura total: $17,850 por una prueba de orina en enero de 2016.

Proveedor del servicio: Sunset Labs LLC de Houston.

Tratamiento médico: A Moreno se le retiró un disco de la espalda en diciembre de 2015. Su cirujano le recetó un analgésico opioide, hidrocodona. Durante una visita de seguimiento a mediados de enero de 2016, el personal le pidió que dejara una muestra de orina, lo que la paciente interpretó como un procedimiento de rutina. En marzo de 2017, más de un año después, el laboratorio le envió una factura de $17,850 por analizar su orina en busca de drogas, como cocaína, metadona, drogas contra la ansiedad y otras de las que nunca había oído hablar.

Qué sucede: Las pruebas de drogas en orina se han disparado durante la última década a raíz de la alarma provocada por el aumento de las muertes por sobredosis de opioides. Muchos médicos que recetan las píldoras dependen de estas pruebas de orina para ayudar a reducir el abuso de drogas y evitarles riesgos a los pacientes con dolor crónico. Sin embargo, las pruebas se han convertido en una fuente de ingresos para una creciente industria del sector. Los críticos apuntan que es cada vez más frecuente que se soliciten pruebas costosas, y muchas veces innecesarias, con el único fin de recibir ganancias y no de cuidar al paciente.

Los médicos pueden decidir si evaluar a los pacientes que toman opioides durante períodos cortos, como ocurre después de una operación. El cirujano de Moreno no quiso comentar sobre la prueba de orina de su paciente: por qué la solicitó y por qué la muestra se analizó para detectar tantas sustancias.

Después de someterse a una cirugía para remover un disco vertebral, a Elizabeth Moreno (en la foto junto a su padre el doctor retirado Paul Davis) no le preocupó que la oficina del cirujano le pidiera una muestra de orina para una prueba de drogas. La factura por este test fue de $17,850. (Julia Robinson for KHN)

Tres expertos contactados por Kaiser Health News (KHN) cuestionaron la necesidad de realizar pruebas tan exhaustivas y se sorprendieron al conocer los precios del laboratorio. Afirmaron que estas pruebas rara vez cuestan más de $200, e incluso mucho menos, dependiendo de la complejidad y la tecnología utilizada. Algunos consultorios médicos realizan una prueba simple que puede detectar varias clases de drogas y se puede comprar por unos $10. Las facturas pueden dispararse cuando los laboratorios realizan pruebas para detectar la cantidad de drogas específicas y cobran por cada una de ellas, como ocurrió con el laboratorio en cuestión.

Los expertos entrevistados por KHN dijeron que los precios del laboratorio para las pruebas individuales eran excesivos, y pusieron como ejemplo cobrar $1,700 por anfetaminas o $425 para identificar la fenciclidina, una droga alucinógena ilegal también conocida como PCP. Asimismo, criticaron el cobro de $850 por dos pruebas para verificar que la muestra de orina no había sido adulterada o manipulada.

La aseguradora de Moreno, Blue Cross and Blue Shield de Texas, se negó a pagar la factura argumentando que el laboratorio estaba fuera de la red y, por lo tanto, no estaba incluido en la cobertura. De no haber sido así, habría cubierto el servicio por un monto de $100.92, según la explicación de los beneficios que la compañía de seguros le envió a Moreno. Sunset Labs argumentó que sus precios están “en línea” con sus competidores en el área. Y añadieron que los médicos que tratan el dolor concuerdan en que las pruebas exhaustivas de orina son “la mejor opción” y que un laboratorio “no está en condiciones” de cuestionar las pruebas ordenadas por un médico.

Resolución: Por temor a dañar el crédito de su hija, el padre de Moreno, el doctor Paul Davis, pagó al laboratorio $5,000 en abril de 2017 para liquidar la deuda. Pero Davis también presentó una queja formal sobre la factura ante la oficina del fiscal general de Texas, acusando al laboratorio de “precios extremadamente desproporcionados”. El abogado del laboratorio indicó que no estaba al tanto de la queja. Un vocero del fiscal general de Texas confirmó a KHN que la oficina había recibido quejas sobre el laboratorio, pero declinó hacer más comentarios.

La moraleja: cuando un médico solicita una muestra de orina o de sangre, pregunte siempre para qué. Insista en que se envíe a un laboratorio que esté dentro de la red de su aseguradora.

Fuente: Complain AG; entrevistas

Esta historia forma parte de un proyecto de KHN llamado “Bill of The Month”, que analiza cuentas médicas sorprendentes que envían usuarios.

La cobertura de KHN relacionada con el envejecimiento y la mejora de la atención de adultos mayores es apoyada en parte por The John A. Hartford Foundation.