Un impuesto estatal a los ricos ha impulsado significativamente los programas de salud mental en el condado más grande de California, ayudando a reducir la falta de vivienda, el encarcelamiento y la hospitalización, según un informe publicado el martes 13 de marzo.

Los ingresos del impuesto, resultado de una iniciativa estatal aprobada en 2004, también ampliaron el acceso a la terapia y la administración de casos para casi 130,000 personas de hasta 25 años en el condado de Los Ángeles, según el informe de Rand Corp. Muchos eran pobres y de comunidades minoritarias, dijeron los investigadores.

“Nuestros resultados sobre el impacto de estos programas son alentadores”, dijo Scott Ashwood, uno de los autores e investigador asociado de política en Rand. “En general, estamos viendo que estos servicios están llegando a una población vulnerable que los necesita”.

Los hallazgos positivos se produjeron solo unas semanas después que una auditoría estatal crítica acusara a los condados de California de acaparar el dinero de la salud mental, y al estado de no garantizar que el dinero se gastara. La auditoría de febrero indicó que el Departamento de Servicios de Atención Médica de California permitió a los departamentos locales de salud mental acumular $231 millones en fondos no gastados hacia finales del año fiscal 2015-16, dinero que debería haber sido devuelto al estado porque no se utilizó en el tiempo permitido.

La Proposición 63, ahora conocida como Ley de Servicios de Salud Mental, impuso un impuesto del 1% a las personas que ganan más de $1 millón anualmente para pagar la atención de salud mental ampliada en California. Por esta medida, se recaudan alrededor de $2 mil millones cada año para estos servicios, y también para prevenir la progresión de enfermedades mentales, reducir el estigma y mejorar el tratamiento. En total, los condados han recibido $16.53 mil millones.

El condado de Los Ángeles, el más poblado de California, recibe la mayor parte del dinero.

Los fondos son “críticamente importante” para el sistema de salud mental de la comunidad y para las personas que necesitan tratamiento, pero no han recibido el servicio tradicional, dijo Toby Ewing, director ejecutivo de la Mental Health Services Oversight & Accountability Commission del estado. “No podemos imaginarnos los desafíos que enfrentaríamos si esos fondos no estuvieran disponibles”.

Ewing dijo que la reciente auditoría estatal destacó problemas que deben abordarse. “Pero al mismo tiempo, la gran mayoría de los dólares que se han puesto a disposición de los condados en realidad brindan atención y servicios en nuestras comunidades y estos dólares se gastan de manera creativa e inventiva”, dijo.

Los fondos van más allá de los servicios más básicos que tradicionalmente proporcionan los condados. Ayudan a pagar a los trabajadores para llegar a las personas sin hogar y clasificar a los pacientes con problemas de salud mental en los hospitales para priorizar los casos más urgentes, dijo.

El Departamento de Salud Mental del condado de Los Ángeles encargó el informe Rand, que se basó en datos de 2012 a 2016. Los investigadores también entrevistaron a participantes en programas de salud mental.

El informe cubrió dos programas principales: uno para la prevención y la intervención temprana de la enfermedad mental en jóvenes y otro destinado a mejorar los resultados para las personas con enfermedades mentales graves.

Los que participan en el segundo programa entran y salen de las cárceles y hospitales, y realmente necesitan servicios intensivos, según Debbie Innes-Gomberg, subdirectora del departamento. Dijo que estaba contenta que el informe Rand descubriera que los servicios están haciendo una diferencia. “Es una muy buena inversión”, dijo, y agregó que el condado planea sumar más participantes este año.

En el futuro, el condado quiere centrarse aún más en la prevención para los niños en situación de riesgo, promoviendo relaciones familiares sólidas y una vivienda estable, dijo Innes-Gomberg. Y el condado de Los Ángeles planea invertir más en servicios de salud mental en las escuelas. “Si en el campus de una escuela hay un problema y alguien debe ser evaluado de inmediato, podremos desarrollar la capacidad de hacerlo en todo el condado”, dijo.

Innes-Gomberg admitió que la auditoría estatal sobre los fondos no utilizados fue justa y “una oportunidad de mejora para los condados y el estado”.

La auditoría y el estudio de Rand abordaron diferentes preguntas y no son necesariamente contradictorios, según defensores de la salud mental. El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, quien escribió la Ley de Servicios de Salud Mental cuando era legislador estatal, dijo que estaba “encantado” con los resultados de Rand, pero estuvo de acuerdo que “en muchos condados el dinero debe salir más rápido porque las necesidades están creciendo”.

“Si invertimos en intervención temprana y prevención, si invertimos en lo que sea necesario para las personas que son las más crónicas y gravemente enfermas, sus vidas serán mucho mejores y también lo serán nuestras comunidades”, dijo.

Un participante dijo a los investigadores: “Yo sería un delincuente o estaría muerto” sin los servicios que estaba recibiendo; otro dijo que la ayudaron a cumplir su objetivo de pasar un mes sin ser hospitalizada para atención de salud mental.

Pero los críticos dijeron que una mayor responsabilidad es crucial. Un programa como el de Los Ángeles es exitoso porque recopila y mantiene datos, dijo Pedro Nava, presidente de la Comisión Little Hoover, una agencia de supervisión estatal independiente.

“Desafortunadamente, en demasiados condados en California, simplemente no hacen eso”, dijo. “Lo que la Comisión Little Hoover descubrió… es una desafortunada falta de datos y una ausencia de protocolos que permitan al estado de California evaluar los programas para ver cuáles son realmente exitosos”.

Nava dijo que la auditoría muestra que no hay suficiente supervisión sobre cómo los condados gastan el dinero. “Es otro ejemplo que el estado no puede monitorear adecuadamente lo que está sucediendo”, dijo.

Los investigadores de Rand también recomendaron que el condado de Los Ángeles mejore su recopilación de datos y realice un análisis de costo-beneficio de los servicios.

“Hay motivos para preocuparse por la manera de que el dinero se gaste o no se gaste”, dijo Rand’s Ashwood. “Pero estudios como el nuestro muestran que hay cosas positivas que están sucediendo a causa de estos programas”.

La cobertura de KHN de estos temas cuenta con el respaldo de Blue Shield of California Foundation.