El hijo de Ana, de 9 años, fue el primero en presentar síntomas de covid en marzo pasado. Poco después, la inmigrante indocumentada de 37 años y sus otros tres hijos, incluyendo una con asma, tuvieron dificultades para respirar.
Durante las tres semanas siguientes, la familia luchó contra la enfermedad en aislamiento, mientras amigos y vecinos dejaban comida en la puerta de su casa en Colorado Springs, Colorado. Ana y sus hijos nunca se hicieron una prueba para confirmar que contrajeron el virus, pero la presión en sus pulmones, la fiebre, el dolor de cabeza, y la pérdida del olfato y el gusto la convencieron de que no podía ser otra cosa.
“Fue horrible”, dijo Ana, residente de Colorado por más de dos décadas, quien solicitó que no se usara su apellido debido a su estatus migratorio.
Casi un año después, los efectos del virus van mucho más allá de una persistente falta de aire para Ana. Perdió su trabajo limpiando casas, cuando se enfermó en marzo, y no pudo pagar la renta.
La asistencia en efectivo de una organización local sin fines de lucro la ayudó a ponerse al día en el otoño, pero no podía seguir pagando el alquiler sin trabajar. Finalmente, el propietario echó a la familia a principios de enero con sólo 30 horas de aviso.
Ana es una de los casi 11 millones de inmigrantes que viven en el país sin papeles, y que son particularmente vulnerables a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia: no tienen acceso directo a una parte de los miles de millones de dólares en ayuda federal que se han repartido.
Se estima que cuatro de cada cinco de ellos tienen trabajos esenciales que los ponen en alto riesgo de contraer covid-19. También es más probable que sufran las consecuencias económicas, incluso cuando existen protecciones, como la moratoria de desalojos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) extendida hasta marzo, porque temen que, si piden ayuda, o denuncian a los propietarios, podrían ser detenidos o deportados.
La toma de posesión del presidente Joe Biden trajo algunas noticias alentadoras, ya que dijo que quiere crear un camino para la ciudadanía para muchos de los inmigrantes indocumentados de la nación. También dijo que deberían poder vacunarse contra covid sin preocuparse por arrestos o deportaciones.
A pesar de que las vacunas contra covid están disponibles para todos sin importar su ciudadanía, la desconfianza en el gobierno y las fuerzas del orden entre la comunidad inmigrante, la desinformción y la falta de información sobre vacunas culturalmente competente, han hecho que algunos inmigrantes indocumentados se muestren reacios a ir a vacunarse.
Incluso si Biden cumple su promesa de acceso equitativo a una vacuna, los inmigrantes indocumentados continúan sin tener acceso a ayuda económica.
El tema se planteó nuevamente el 6 de marzo cuando el senador republicano Ted Cruz afirmó que el nuevo paquete de ayuda de $1,9 billones de Biden enviaría cheques de estímulo a todos los indocumentados. El senador demócrata Dick Durbin aclaró que los inmigrantes indocumentados no califican para estos cheques.
Los grupos de defensa han abogado por paquetes “inclusivos” que brinden ayuda directa a la mayor cantidad posible de inmigrantes sin importar su estatus migratorio. Aunque algunos estados ofrecen ayuda a indocumentados, no es suficiente, según Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
“El estatus migratorio no debería ser un requisito para ninguno de estos programas. En última instancia, se trata de la necesidad y de garantizar que las familias tengan la estabilidad económica, no solo para sobrevivir, sino para superar esta pandemia que nos afecta a todos”, dijo Hincapié. “El 80% de los inmigrantes indocumentados están en trabajos esenciales. Confiamos en ellos y, sin embargo, les negamos a sus familias este apoyo básico que todos los demás están recibiendo”.
A las parejas con estatus migratorio mixto, en las que solo un cónyuge es ciudadano, también se les bloqueó la ayuda hasta diciembre. Ahora pueden solicitar pagos de estímulo de forma retroactiva, pero seguirán recibiendo menos que las parejas en donde ambos son ciudadanos.
Así y todo, también la ayuda infantil quedó fuera. Un grupo de familias demandó a la administración Trump en mayo de 2020 después que excluyera a los niños en el primer paquete de ayuda por covid-19 conocido como Ley CARES. La decisión judicial está pendiente.
Mientras tanto, en febrero, ocho demócratas del Senado, incluido John Hickenlooper de Colorado, votaron a favor de una enmienda presupuestaria que continúa bloqueando a los inmigrantes documentados e indocumentados que pagan impuestos utilizando ITIN (un número de identificación individual del contribuyente que otorga el IRS) para que no reciban alivio económico.
Casi la mitad de los cerca de 11 millones de inmigrantes sin papeles (incluidos unos 190,000 en Colorado) tienen un número de ITIN y pagan impuestos, según el American Immigration Council, una organización de defensa con sede en Washington, D.C.
En Colorado, pagaron aproximadamente $272.8 millones en impuestos federales y $156.5 millones en impuestos estatales y locales en 2018. Según el IRS, los contribuyentes de ITIN en todo el país pagan más de $9 mil millones en impuestos anuales sobre las colillas de pago.
El Migration Policy Institute, un grupo de expertos sin fines de lucro en Washington, DC, informó en enero que 9.3 millones de inmigrantes sin papeles cuyos ingresos alcanzan el umbral para la ayuda de covid no pueden acceder a ella, y tampoco pueden solicitar programas federales que brinden asistencia en forma de dinero y alimentos.
Agregó que las personas indocumentadas representan más de la mitad de los trabajadores en las industrias más afectadas, como empacadoras de carne, restaurantes, atención médica y el cuidado infantil.
La organización sin fines de lucro de Colorado que le brindó a Ana asistencia para el alquiler, llamada Servicios de la Raza, recibió solicitudes de 300 familias para obtener ayuda para pagar sus rentas. El grupo solo pudo ayudar a 51 de ellos, dijo Julissa Soto, directora de programas estatales.
Soto, quien fue indocumentada, dijo que sabe de al menos 30 familias indocumentadas que no tienen hogar debido a la pandemia en el condado de El Paso, que incluye Colorado Springs. Dijo que se siente frustrada por la falta de acción de los líderes políticos de Colorado para abordar el problema.
“Mi comunidad se muere de hambre y es desalojada, y esto se debe a que somos indocumentados y no existimos”, dijo. “Nadie quiere hablar de la comunidad indocumentada”.
No está claro cuántas personas que viven ilegalmente en todo el país han sido desalojadas durante la pandemia. Una razón de la incertidumbre es porque a menudo se van en el momento en que un propietario amenaza con echarlos para evitar ir a la corte y correr el riesgo de deportación, dicen explican defensores.
Como resultado, los propietarios a menudo pueden desalojar a las personas indocumentadas sin siquiera presentarse oficialmente en un tribunal civil y sin seguir las reglas estatales y federales, por lo que no hay ningún formulario que rastrear.
“En lugar de ir a la corte y hacer valer sus derechos, simplemente se mudan”, dijo Zach Neumann, fundador del Proyecto de Defensa contra Desalojos COVID-19 de Colorado. “A menudo lo hacen de una manera que es realmente perjudicial para sus familias y sus vidas”.
El arrendador de Ana la desalojó al final de su contrato. Dijo que su casero amenazó con llamar a la policía, por lo que se fue lo más rápido posible. El breve período de tiempo establecido por el propietario no se ajustó a la ley de Colorado, que permite a los inquilinos 10 días para apelar un desalojo en la corte o dejar la propiedad después de la notificación oficial.
La empresa que gerencia la vivienda tiene un número de teléfono que está fuera de servicio.
Aunque el paquete de ayuda de emergencia para la pandemia propuesto por Biden menciona garantizar el acceso a las vacunas para todos “independientemente del estatus migratorio”, no se incluye una declaración similar para los $30 mil millones propuestos en asistencia para alquiler, electricidad y agua.
California y la ciudad de Nueva York desarrollaron programas de pago para residentes indocumentados. Pero, a pesar de tener una población indocumentada de casi 200,000, lo que representa cerca del 3% de la población del estado en 2016, Colorado no tiene un programa de ayuda financiera para esta comunidad.
Ana y sus hijos ahora duermen en la casa de una amiga, en el suelo de una habitación sin muebles. Recientemente encontró un trabajo de limpieza que paga $300 a la semana. No es mucho, pero está agradecida después de nueve meses de buscar trabajo. Todavía le aterroriza perder a sus hijos si los trabajadores de servicios sociales descubren que la familia no tiene hogar.
“Esto no es vivir. Es solo sobrevivir. Seamos claros. Esto es solo sobrevivir y quiero vivir. Quiero una casa para mis hijos”, dijo.
