El miedo a la separación familiar no es algo nuevo para muchos inmigrantes que ya viven en el país. De hecho, ese miedo, intensificado en las últimas semanas, ha estado forzando por un tiempo una decisión difícil. Defensores dicen que cada vez más niños estadounidenses abandonan Medicaid y otros programas de salud del gobierno porque sus padres no son ciudadanos.
Marlene es una residente indocumentada de Texas que tiene dos hijos que son ciudadanos y califican para Medicaid, el programa de salud federal gerenciado por los estados para personas de bajos ingresos. Uno de sus hijos sufre algunas discapacidades.
“Mi hijo está recibiendo terapia del habla”, dijo en español. “Pero ha sido difícil”.
Tuvieron que recorrer un largo camino para poder evaluarlo y tener diagnósticos precisos, y su hijo finalmente está progresando, contó Marlene. Pero ella se está preparando para un día en el que podría tener que prescindir de esta terapia, y otras que recibe a través de Medicaid. Como no tiene papeles, está muy nerviosa por tener que llenar solicitudes para programas del gobierno como éste.
Ya ha decidido dejar de recibir cupones de alimentos, conocidos como SNAP, a los que sus hijos, como ciudadanos, tienen derecho, de acuerdo a los ingresos de la familia.
Contó que los dejó porque la solicitud para recibir esos beneficios cambió. “Están haciendo muchas preguntas”, dijo. “Están investigando la vida de pies a cabeza”.
Marlene dijo que estaba especialmente nerviosa con la posibilidad de que le pidieran colillas de pago de años anteriores, y otros requisitos de elegibilidad que antes no le pedían. Dijo que la aplicación sola la “enfermó de estrés”.
No hubo respuestas a las llamadas insistentes, y a los correos electrónicos, que esta reportera envió a los funcionarios de salud de Texas para preguntar sobre los cambios en el proceso de solicitud de beneficios.
El hijo de Marlene tendrá Medicaid por unos meses más. Pero le preocupa cómo cambiará esa solicitud, la próxima vez que tenga que aplicar.
Grupos de atención médica dicen que han observado que otras familias inmigrantes toman decisiones similares, y creen que esto se acelerará si un cambio propuesto a la elegibilidad para la residencia legal se convierte en ley. Bajo este potencial cambio, si los miembros de la familia reciben servicios del gobierno, incluso si son ciudadanos, perderían las posibilidades que su solicitud para la residencia permanente fuera aprobada.
“Estamos viendo a familias teniendo que hacer esta elección imposible”, dijo María Hernández, fundadora de Vela, una organización sin fines de lucro en Austin que ayuda a padres que tienen niños con discapacidades.
Hernández educa a los padres sobre cómo abogar por sus hijos y cómo encontrar la atención médica y las terapias apropiadas, y los ayuda a obtener apoyo comunitario, entre otras cosas.
Lleva adelante muchas de estas clases en lo que solía ser una escuela primaria en el lado este de Austin, conocida como una de las áreas más diversas de la ciudad. Hernández dijo que aproximadamente siete de cada 10 de las familias con las que trabaja son inmigrantes, principalmente de México.
“Estamos trabajando con familias cuyos padres son inmigrantes pero los niños nacen aquí”, explicó.
Los padres le dicen a Hernández que sienten que no pueden arriesgarse a recibir ninguna atención del gobierno, incluso si eso significa perder los beneficios que tanto necesitan sus hijos.
En el primer año de la administración Trump, el centro de Texas experimentó un aumento en las redadas y deportaciones de inmigración. Desde entonces, mucha gente en la comunidad inmigrante ha estado tomando decisiones críticas, por miedo, enfatizó Hernández.
“Es por miedo a la deportación”, dijo. “Es por miedo a que se castigue a sus hijos de alguna manera y a potencialmente perder a un padre que hasta ese momento ha sido su feroz defensor”.
En Texas, ésta es una decisión que seguramente afectará a un número significativo de niños, aseguró Anne Dunkelberg, del Center for Public Policy Priorities en Austin. Dunkelberg ha estado observando de cerca varias propuestas de inmigración y su efecto en el acceso a los servicios del gobierno.
“Una cuarta parte de los niños de Texas tienen al menos un padre que no es ciudadano estadounidense”, dijo. “Ahora, estoy segura que el ciento por ciento de esos niños -alrededor de 1.8 millones- no está usando un beneficio público, pero es un porcentaje muy alto”.
Dunkelberg dijo que las familias que optan por abandonar Medicaid podrían aumentar aún más el número de personas sin seguro en Texas, que ya es el más alto en la nación.
Hernández dijo que los padres que tienen hijos con discapacidades le han dicho que sin Medicaid dependerán de las salas de emergencia “cuando sea necesario”.
“Sabemos que ese no es un buen plan para niños que han visitado por largo tiempo a un neurólogo porque tienen ataques, o han estado yendo a terapia ocupacional durante años y finalmente están progresando”, dijo.
Aproximadamente 10 millones de niños ciudadanos tienen al menos un padre que no lo es.
Esta historia es parte de una asociación que incluye a KUT, NPR y Kaiser Health News.
La cobertura de KHN de los problemas de salud de los niños es apoyada en parte por la Heising-Simons Foundation.
