La reactivación de una norma que data de la presidencia de Ronald Reagan podría ayudar al presidente Donald Trump a cumplir su promesa de campaña de “cancelar” Planned Parenthood. O al menos “desalojarlo” del programa federal de planificación familiar, a través del cual ofrece atención a más del 40% de los 4 millones de beneficiarios.
El año pasado, el Congreso no eliminó los fondos para Planned Parenthood porque el proyecto de ley enfrentó abrumadoras objeciones demócratas y no habría recibido los 60 votos necesarios en el Senado.
Pero la imposición de una versión ligeramente reestructurada de una regulación, que fue confirmada por la Corte Suprema en 1991 después de una pelea de cinco años, podría potencialmente lograr lo que el Congreso no pudo.
Según funcionarios de la administración Trump, las reglas que ahora están bajo revisión, requerirían que las instalaciones que reciben fondos federales de planificación familiar estén físicamente separadas de las que realizan abortos; eliminaría el requisito que a las mujeres con embarazos no deseados se les aconseje sobre su gama completa de opciones reproductivas; y prohibiría remitir a pacientes para abortos.
Todos esos cambios afectarían particularmente a Planned Parenthood.
Planned Parenthood, que ofrece una amplia gama de servicios de salud reproductiva para mujeres y hombres, también brinda servicios de aborto con fondos que no son federales. Recortar los fondos ha sido la máxima prioridad para los grupos antiaborto, que apoyaron a Trump durante su campaña presidencial.
“Una victoria como ésta desligaría inmediatamente a los contribuyentes del negocio del aborto, y energizaría a las bases mientras nos acercamos a las decisivas elecciones de noviembre”, dijo en una declaración Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización antiabortista Susan B. Anthony List.
En una conferencia telefónica con reporteros, funcionarios de Planned Parenthood dijeron que se opondrían las nuevas reglas.
“Hemos sido muy claros, Planned Parenthood tiene el compromiso inquebrantable de garantizar que todos tengan acceso a la gama completa de atención de salud reproductiva, y eso incluye el aborto”, dijo Dawn Laguens, vicepresidenta ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America.
Pero cuando anunció formalmente la propuesta, el martes 23 de mayo por la noche, el presidente Donald Trump dijo que evitaría que los contribuyentes estadounidenses sean “forzados injustamente a subsidiar la industria del aborto a través del financiamiento federal del Título X (Title X)”.
Lo siguiente es un pregunta-respuesta que explica lo que la propuesta podría hacer, y lo que significaría para Planned Parenthood y el programa de planificación familiar:
¿Qué es el título X?
El programa federal de planificación familiar, conocido como “Título X”, lleva el nombre de su sección en la Ley federal del Servicio de Salud Pública. Se convirtió en ley en 1970, tres años antes que la Corte Suprema legalizara el aborto en Roe vs Wade.
El proyecto de ley original fue patrocinado por el entonces representante George H.W. Bush (republicano de Texas) y firmado por el presidente Richard Nixon.
El programa brinda exámenes preventivos y servicios anticonceptivos integrales, así como exámenes de detección del cáncer y de enfermedades de transmisión sexual para mujeres y hombres.
En 2016, el año más reciente para el que se han publicado estadísticas, el Título X atendió a 4 millones de pacientes, en cerca de 4,000 centros.
Los pacientes del Título X son abrumadoramente jóvenes, en su mayoría mujeres, y de bajos ingresos. Se estima que, en 2016, el 11% de los pacientes del Título X fueron hombres; dos tercios de los pacientes tenían menos de 30 años; y casi dos tercios tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza federal.
¿Cuál es la relación de Planned Parenthood con el Título X y Medicaid?
Los sitios afiliados a Planned Parenthood representan aproximadamente el 13% del total de los lugares que reciben fondos bajo el Título X, pero prestan servicio a aproximadamente el 40% de sus pacientes. Solo alrededor de la mitad de los afiliados a Planned Parenthood realizan abortos, aunque la organización en su totalidad es la principal proveedora de abortos del país.
Planned Parenthood también obtiene mucho más financiamiento federal para servicios brindados a los pacientes bajo Medicaid (aunque no para abortos) de lo que recibe a través del Título X.
Para los legisladores que se oponen a la organización, el esfuerzo por sacarle a Planned Parenthood los fondos de Medicaid ha resultado más difícil porque la ley federal de Medicaid incluye el derecho de los pacientes a seleccionar a sus proveedores. Cambiar eso también requeriría una mayoría de 60 votos en el Senado. Entonces esa línea particular de financiamiento probablemente no esté en riesgo.
Mientras que los opositores a que Planned Parenthood reciba fondos federales han dicho que otras clínicas de la red de seguridad podrían compensar la diferencia si Planned Parenthood ya no participa en el Título X, varios estudios han sugerido que, en muchas áreas remotas, Planned Parenthood es el único proveedor de servicios de planificación familiar y el único que regularmente tiene todos los métodos anticonceptivos en stock.
En los últimos años, Texas, Iowa y Missouri han dejado de ofrecer servicios de planificación familiar a través de un programa especial de Medicaid, para bloquear el financiamiento de Planned Parenthood. Texas está buscando una exención de la administración Trump para que su programa, que prohíbe a los proveedores de abortos, aún pueda recibir fondos federales. Todavía no se ha tomado una decisión, dijeron funcionarios federales.
¿Por qué la participación de Planned Parenthood en el Título X es polémica?
Aunque Planned Parenthood no puede usar fondos federales para abortos, los grupos antiaborto afirman que los fondos federales son “intercambiables”, y que no hay forma de garantizar que parte del financiamiento proporcionado para otros servicios no subsidie de manera indirecta a los servicios de aborto.
Planned Parenthood también ha sido un blanco público por largo tiempo de las fuerzas antiaborto porque es un proveedor de alta visibilidad, y un defensor con voz potente de los servicios de aborto legal.
A principios de la década de los 80, la administración Reagan trató de separar el programa de sus fondos federales al exigir el permiso de los padres para que los adolescentes obtuvieran control de la natalidad. A eso siguieron los esfuerzos para eliminar el asesoramiento sobre el aborto.
Desde 2011, grupos encubiertos han acusado a la organización de ignorar a los traficantes de sexo y vender partes del cuerpo del feto. Planned Parenthood niega las acusaciones.
¿Qué sucedió la última vez que una administración intentó sacar a Planned Parenthood del Título X?
En 1987, la administración Reagan propuso lo que se conoció como la “regla mordaza”. La nueva regla será similar, aunque no idéntica a la propuesta de la era Reagan.
La regla mordaza original habría prohibido a los proveedores del Título X el asesoramiento sobre abortos, o referir a pacientes para abortos, exigir la separación física del Título X y centros de aborto y prohibir el uso de fondos no federales para cabildear, distribuir información o de alguna manera abogar o alentar el aborto. (La Federación de Planificación Familiar de América, que agrupa a los afiliados locales, tiene un brazo político y de defensa separado: el Fondo de Acción de Planificación Familiar).
Esas reglas fueron tema de acalorados debates en el Congreso durante la mayoría de la administración de George H.W. Bush, y fue confirmada en un fallo de 5-4 de la Corte Suprema en 1991, Rust vs. Sullivan.
Incluso entonces, la regla mordaza no entró en vigencia porque los esfuerzos posteriores para relajar las reglas para permitir que los médicos (pero no otros profesionales de la salud) aconsejaran a los pacientes sobre la disponibilidad del aborto generaron otra ronda de peleas legales.
Finalmente, la regla entró en vigencia solo durante un mes antes que fuera bloqueada nuevamente por un tribunal de apelaciones. El presidente Bill Clinton canceló las reglas por orden ejecutiva en su segundo día en el cargo, y ningún otro presidente intentó revivirlas hasta ahora.
¿En qué se diferencia la propuesta de administración de Trump de las reglas anteriores?
Según el resumen de la nueva propuesta recién publicada, se requerirá la separación física de las instalaciones de planificación familiar de las que practican abortos, se derogarán los requisitos actuales de asesoramiento y se prohibirá remitir para abortos.
Sin embargo, una de las mayores diferencias es que las nuevas reglas no prohibirán explícitamente el asesoramiento sobre el aborto por parte de los proveedores del Título X.
Pero los funcionarios de Planned Parenthood dicen que permitir el asesoramiento mientras se prohíbe remitir a los pacientes es una distinción sin diferencia.
Kashif Syed, analista senior de políticas de la organización, dijo: “Bloquear a los médicos para que no le digan a un paciente dónde puede obtener atención legal y segura en este país es la definición de una regla de mordaza”.
¿Qué sucederá después?
Funcionarios de Planned Parenthood dijeron que no sabrán si emprenderán acciones legales hasta que vean el lenguaje final de la regla. Pero dicen que planean usar el proceso regulatorio para luchar contra los cambios que se han hecho públicos hasta el momento.
La cobertura de KHN de los problemas de salud de las mujeres es apoyada en parte por The David and Lucile Packard Foundation.
