Los republicanos de la Cámara de Representantes revelaron su muy esperado plan de reemplazo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) el lunes 6 de marzo, reduciendo la expansión del Medicaid y desechando el requisito de que las personas compren cobertura o paguen una multa. Pero optaron por seguir proporcionando créditos tributarios para alentar a los consumidores a comprar cobertura, aunque el programa sería muy diferente al que está vigente.

La legislación mantendría las disposiciones de la ley de salud permitiendo que los hijos permanezcan en el plan de seguro de salud de sus padres hasta los 26 años y prohibiendo a las aseguradoras cobrar más a las personas con condiciones médicas preexistentes, siempre y cuando no dejen que su seguro caduque. Si esto ocurre, bajo la ley republicana las aseguradoras pueden cobrar un recargo del 30% por inscripción tardía por encima de la prima base.

En una declaración, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (republicano de Wisconsin), dijo que la propuesta “reduciría los costos, estimularía la competencia y daría a cada estadounidense acceso a un seguro de salud asequible y de calidad”. Agregó que “protege a los adultos jóvenes, a los pacientes con condiciones preexistentes, y proporciona una transición estable para que nadie quede fuera”.

El plan del GOP, como se predijo, elimina la mayoría de los impuestos y tarifas de la ley, y no impondría el llamado mandato del empleador, que requiere que ciertos empleadores proporcionen un nivel establecido de cobertura de salud a los trabajadores, a riesgo de tener que pagar una multa si no lo hacen.

Los demócratas rápidamente condenaron el plan. “Esta noche, los republicanos revelaron un proyecto de ley (Make America Sick Again), que les da a los multimillonarios un nuevo recorte fiscal masivo mientras se trasladan costos y enormes cargas a las familias trabajadoras de todo el país”, dijo Nancy Pelosi. “Los republicanos obligarán a decenas de millones de familias a pagar más por una cobertura peor, y empujarán a millones de estadounidenses fuera de los seguros de salud por completo”.

La legislación ha sido el foco de intensas negociaciones entre las diferentes facciones del partido republicano y la administración Trump desde enero. El ACA se aprobó en 2010 sin un solo voto republicano, y el partido lo ha denunciado fuertemente desde entonces, con la Cámara votando más de 60 veces para revocar el Obamacare. Pero más de 20 millones de personas han ganado cobertura bajo la ley, y el presidente Donald Trump y algunos republicanos del Congreso han dicho que no quieren que nadie pierda su seguro.

Cuando los republicanos tomaron el control del Congreso y de la Casa Blanca este año, no lograron un acuerdo sobre el camino a seguir para reemplazar la ley, con algunos legisladores de los estados que han ampliado el Medicaid preocupados por el efecto de la revocación, y con el ala conservadora del partido pidiendo que se eliminara toda la ley.

El senador Rand Paul (republicano de Kentucky), y uno de los que está a favor de una derogación completa, twitteó: “Todavía no hemos visto una versión oficial del proyecto de ley de la Cámara para reemplazar el Obamacare, ¡pero por informes de los medios de comunicación esto parece un Obamacare Lite!”.

Complicando el esfuerzo está el hecho de que los republicanos tienen sólo 52 escaños en el Senado, por lo que no pueden reunir los 60 necesarios para superar un contraataque demócrata. Esto significa que deben usar una estrategia legislativa complicada llamada “reconciliación presupuestaria” que les permite revocar sólo partes del ACA que afectan el gasto federal.

A partir de 2020, el plan republicano ofrecería créditos impositivos para ayudar a las personas a pagar el seguro de salud, en base al ingreso familiar y la edad, con un límite de $14,000 por familia. Cada miembro de la familia acumularía créditos, desde $2,000 para un individuo menor de 30 a $4,000 para personas de 60 años o más. Los créditos empezarían a disminuir después de que los individuos alcanzaran un ingreso de $75,000, o de $150,000 para las parejas que presentan sus impuestos de manera conjunta.

A los consumidores también se les permitiría invertir más dinero en cuentas de ahorro de salud (HSA, por sus siglas en inglés) libres de impuestos y elevaría el límite de $2,500 en las cuentas de ahorro flexibles a partir de 2018.

La legislación permitiría a las aseguradoras cobrar a los consumidores mayores hasta cinco veces más por la cobertura que a los jóvenes. La ley de salud actualmente permite una proporción de 3 a 1.

Los centros de salud comunitarios recibirían $422 millones en financiamiento adicional en 2017 bajo la nueva legislación, lo que también condiciona la congelación de un año de financiamiento para Planned Parenthood y prohíbe el uso de créditos tributarios para comprar un seguro médico que cubra el aborto.

El Comité de Energía y Comercio y el de Ways and Means tienen programado ponerle el sello final al proyecto este miércoles 8 de marzo. Los comités todavía no tienen ningún análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso sobre cuánto costaría la legislación o a cuántas personas cubriría.

Los líderes del partido han dicho que quieren entregar el proyecto al presidente Trump en abril.

En una declaración, los demócratas de alto rango en ambas cámaras dijeron que la medida cobrará a los consumidores “más dinero por menos atención. Esto aumentaría drásticamente los costos de atención de la salud para las personas mayores. Y la derogación racionaría el cuidado de más de 70 millones de estadounidenses, incluyendo adultos mayores en hogares, embarazadas y niños que viven con discapacidades, al cortar y limitar arbitrariamente Medicaid”, dijo el representante Frank Pallone de Nueva Jersey y el representante Richard Real de Massachusetts.

El nuevo plan plantea cambios dramáticos al Medicaid, el programa de seguro de salud estatal-federal que cubre a 70 millones de estadounidenses de bajos ingresos. El programa comenzó en 1965 como un derecho, lo que significa que el financiamiento federal y estatal están asegurados sin importar el costo y la inscripción. Pero el proyecto de ley republicano limitaría los fondos federales para el Medicaid por primera vez.

El gobierno federal recauda entre la mitad y el 70% de los costos del Medicaid. El porcentaje varía en función de la riqueza relativa del estado.

Bajo el plan republicano, el financiamiento federal se basaría en lo que el gobierno gastó en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. Esas cantidades se ajustarían anualmente, en base a la inscripción del estado y la inflación médica.

Actualmente, los pagos federales a los estados también tienen en cuenta cuán generosos son los beneficios del estado y qué tasa utiliza para pagar a los proveedores. Eso significa que estados como Nueva York y Vermont obtienen fondos más altos que estados como Nevada y New Hampshire, y esas diferencias estarían bloqueadas para los próximos años.

Los republicanos han presionado para limitar el financiamiento federal a los estados a cambio de darles más control sobre el funcionamiento del programa.

La legislación también afecta la expansión del Medicaid promovida por el ACA, por la cual el gobierno federal proporcionó una mayor financiación a los estados para ampliar la elegibilidad. El proyecto de ley también pondría fin a esa financiación adicional para cualquiera que se inscriba bajo las directrices de expansión a partir de 2020. Sin embargo, permitiría a los estados mantener el financiamiento adicional que proporcionó el Obamacare a las personas que ya están en el programa de expansión y que permanezcan inscriptas.

Cerca de 11 millones de estadounidenses se han sumado al Medicaid desde 2014.

Cambiar el programa de expansión es un delicado equilibrio para los republicanos. Cuatro senadores republicanos de los estados que eligieron ampliar el Medicaid dijeron que se opondrían a cualquier legislación que derogara la expansión.

“Nos preocupa que cualquier cambio mal implementado o mal programado en la actual estructura de financiamiento en Medicaid podría resultar en una reducción en el acceso a servicios de atención de salud que salvan vidas”, dijeron los senadores Rob Portman, de Ohio; Shelley Moore Capito, de West Virginia; Cory Gardner de Colorado, y Lisa Murkowski de Alaska en una carta al líder de la mayoría republicana Mitch McConnell.