El gobernador de California, Gavin Newsom, que aspira a presentarse en las elecciones presidenciales, ha enfurecido tanto a demócratas como a republicanos por su posición sobre la atención médica para los inmigrantes en su estado. La situación revela el delicado camino político que tiene por delante.
Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente $3.000 millones.
Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, el déficit podría empeorar.
Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos solicitantes de asilo y refugiados.
Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “salud para todos”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.
Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.
La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.
“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron ser apartada temporalmente de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.
Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia al déficit estructural del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.
Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.
“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.
En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.
En una encuesta de KFF realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.
Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.
En una encuesta que hizo el Instituto de Políticas Públicas de California en mayo, el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto al 55% que lo respaldaba en 2023.
Trump, el vicepresidente JD Vance, otros funcionarios del gobierno y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.
Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), acusó a California de “manipular el sistema” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.
“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.
Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.
Newsom ha convertido esto en un “motivo de orgullo”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las personas más saludables y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.
“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.
Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.
Economistas especializados en política sanitaria han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en pacientes más enfermos, lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.
Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.
Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a unos 1,4 millones de inmigrantes legales en todo el país.
Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.
Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que 3.000 refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.
Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.
El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de Illinois y Minnesota —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.
También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.
Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.
En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.
Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal a inmigrantes legales cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.
Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.
También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.
“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.
