Durante la pandemia, los recursos federales se orientaron a reforzar los presupuestos de los estados para que pudieran responder a la emergencia por covid-19. Sin embargo, ya desde entonces, las autoridades de salud pública advirtieron que se avecinaba un inminente ciclo de auge y debacle en el financiamiento. Anticiparon que la crisis se presentaría cuando terminara la emergencia y, por ende, las subvenciones federales.
Ahora, esa escasez se ha convertido en realidad, y los gobiernos estatales están destinando menos recursos a los departamentos de salud locales.
Ante la pandemia, el Congreso asignó más de $800 mil millones para fortalecer la respuesta de los estados ante covid. Esto resultó en un notable aumento del número de trabajadores de salud pública en todo el país.
El personal de las áreas de salud locales creció alrededor del 19% entre 2019 y 2022, según un informe de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades que analizó 2,512 de los aproximadamente 3,300 departamentos locales en todo el país.
Ese mismo informe explicaba que, en 2022, la mitad de los ingresos de las oficinas de salud pública regionales provino de fuentes federales.
Pero, a medida que desaparece el dinero, esos puestos de trabajo y la red de apoyo que brinda a las comunidades que atienden se vuelven más frágiles.
Esta situación genera una gran preocupación en los responsables de la salud pública, especialmente en las zonas rurales escasamente pobladas, donde ya se trabaja con pocos recursos, arrastrando disparidades de larga data en la atención de la salud.
En estados como Montana, California, Washington y Texas, los funcionarios enfrentan restricciones presupuestarias y despidos. Expertos en salud pública advierten que los recortes en servicios como el rastreo de contactos, los programas de vacunación, la planificación familiar, las inspecciones de restaurantes y otros podrían poner a las comunidades en situaciones de crisis
En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom propuso recortar $300 millones de los fondos para la salud pública. El Departamento de Salud de Washington eliminó más de 350 puestos de trabajo a finales del año pasado, y planea recortar otros 349 este año, a medida que se agotan los fondos federales para covid que recibió el estado.
“No se pueden contratar bomberos cuando la casa ya está ardiendo”, afirmó Brian Castrucci, presidente y director ejecutivo de la Fundación Beaumont, una organización que promueve las políticas de salud pública.
En algunos lugares, el dinero recibido durante la pandemia hizo poco más que mantener a flote los pequeños departamentos de salud. El Distrito Sanitario Central de Montana, una agencia de salud pública que cubre cinco condados rurales, no recibió la misma cantidad de dinero que otros, pero sí lo suficiente como para que el personal pudiera responder a una mayor carga de trabajo, incluyendo testeos, rastreo de contactos y distribución de vacunas contra covid.
El departamento cubrió una vacante con una subvención federal canalizada a través del estado cuando, durante la pandemia, un miembro del personal renunció a su trabajo. La financiación federal permitió que el departamento llegara a un punto de equilibrio, dijo Susan Woods, directora de salud pública del distrito.
Ahora, el distrito tiene cinco empleados a tiempo completo. Woods explicó que el equipo está gestionando con recursos limitados y que otra emergencia de salud pública podría desestabilizar a situación.
“Cualquier tipo de crisis, cualquier nueva pandemia, Dios no lo quiera, probablemente nos haría colapsar”, advirtió Woods.
Adriane Casalotti, jefa de asuntos públicos y gubernamentales de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, admitió que es posible que haya más despidos y recortes de dinero.
Esos recortes se producen mientras los funcionarios de salud están tratando de resolver cuestiones muy importantes que quedaron relegadas durante la pandemia, como el aumento de las tasas de enfermedades de transmisión sexual, suicidios y adicciones.
“Hay mucho por hacer para enfrentar estos otros problemas de salud pública que quedaron en un segundo plano”, explicó. Pero será difícil ponerse al día si los recursos de los que se dispone son cada vez más escasos.
Entre 2018 y 2022, los informes mostraron un significativo incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la sífilis congénita aumentaron casi un 2% en todo el país, sumando más de 2,5 millones de casos.
Un informe reciente del KFF reveló que las tasas de vacunación en niños de edad preescolar no han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Y aumentó el número de familias que solicitan que se excuse a sus hijos de los programas de vacunación.
Casi tres cuartas partes de los estados no alcanzaron la tasa del 95% de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola propuesta por el gobierno federal para el año escolar 2022-23. Este déficit aumenta el riesgo de brotes.
En medio de estos desafíos, las autoridades de salud pública se aferran a los recursos obtenidos durante los últimos años.
El distrito sanitario de Lubbock, Texas, una ciudad de más de 250.000 habitantes situada en el Panhandle del estado, contrató durante la pandemia a cuatro especialistas en enfermedades de transmisión sexual gracias a una subvención por cinco años otorgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Esos puestos se han creado debido a que los casos de sífilis en Texas se han disparado por encima de los niveles registrados en la última década y, según los CDC, el aumento de la sífilis congénita superó la media nacional.
En 2022, los registros oficiales detectaron 922 casos de sífilis congénita, con una tasa de 246,8 por cada 100.000 nacidos vivos.
Pero los funcionarios federales, que están expuestos a su propia reducción presupuestaria, recortaron la subvención dos años antes de lo previsto. Esto dejó al distrito luchando por subsanar un déficit presupuestario anual de casi $ 400,000 mientras trabajaban para controlar el brote.
“Incluso cuando se recibe financiamiento es muy difícil para el personal de salud sostener el seguimiento de los casos ya detectados y asegurarse de que todos reciben tratamiento”, dijo Katherine Wells, directora de salud pública de Lubbock.
Wells comentó que es probable que, en diciembre, cuando la subvención termine, los funcionarios estatales reorienten otros aportes federales para mantener el programa en marcha.
“Si tendremos o no éxito en un estado como Texas es algo muy incierto”, admitió Wells. Y subrayó que tanto ella como otras autoridades sanitarias solicitan constantemente más recursos a los funcionarios estatales.
El desafío es que se considere la salud pública como una prioridad aunque no exista una emergencia nacional, opinó Castrucci. “El ciclo de auge y caída de la financiación es un reflejo de la atención del público estadounidense”, agregó. Y explicó que a medida que se extinguió la emergencia por covid también se apagó el entusiasmo por las cuestiones de salud pública.
Los departamentos de salud rurales, como el del centro de Montana, merecen más atención, aseguró Casalotti, defensora de los agentes de salud de condados y ciudades. Porque esos departamentos desempeñan una función esencial en comunidades que siguen sufriendo el cierre de hospitales y la pérdida de muchos servicios de salud, como los de maternidad y atención a la mujer.
Los departamentos de salud locales pueden funcionar como una “red de apoyo para la red de apoyo más amplia”, afirmó.
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