Temerosos de arriesgar sus puestos de trabajo, de poner en peligro la financiación estatal de sus instituciones y de politizar aún más la atención sanitaria, dirigentes de los hospitales de Florida se han mostrado reacios a pronunciarse en contra de una nueva ley que los obliga a preguntar por la situación migratoria de los pacientes.
Aunque Florida se une a Kansas, Texas, Mississippi y otros estados que proponen medidas enérgicas contra los inmigrantes que carecen de residencia legal, ningún otro ha ordenado que los hospitales pregunten a los pacientes por su ciudadanía.
Médicos, enfermeras y expertos en política sanitaria afirman que la ley ataca a personas marginadas que ya tienen dificultades para desenvolverse en el sistema de salud y que les disuadirá aún más de buscar ayuda médica.
Olveen Carrasquillo, médico y profesor de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, dijo que le consterna que no haya más profesionales de salud que se pronuncien contra el daño que puede causar la ley.
“Imagina que todos los hospitales dijeran: ‘Esto está mal. No podemos hacerlo’. Pero se quedan callados porque pueden perder la financiación estatal”, explicó Carrasquillo. “Tenemos líderes políticos que son muy vengativos y que van a por ti”.
Promocionada por el gobernador republicano Ron DeSantis como “la legislación más ambiciosa contra la inmigración ilegal” del país, la ley de Florida fue promulgada en julio y exige, entre otras cosas, que los hospitales pregunten en sus formularios de admisión si un paciente es ciudadano estadounidense o si se encuentra legalmente en el país.
Los hospitales deben enviar la información trimestralmente a la Agencia Estatal de Administración Sanitaria, que a su vez informará una vez al año a los legisladores de Florida sobre el total de ingresos, visitas a emergencias y costo de la atención a residentes no autorizados.
Bailey Smith, director de comunicaciones de la agencia, dijo en un correo electrónico que la información proporcionará “una transparencia muy necesaria sobre la carga de la inmigración ilegal en el sistema sanitario de Florida. La recopilación de estos datos permite a los contribuyentes entender dónde se abusan sus dólares ganados con esfuerzo”.
Pero los inmigrantes en general, sobre todo los que carecen de residencia legal, recurren muy poco a la atención sanitaria, afirmó Leighton Ku, profesor de política y gestión sanitarias de la Universidad George Washington y experto en salud de los inmigrantes. Ku agregó que algunos estudios sugieren que los inmigrantes pagan impuestos y primas que ayudan a subvencionar la atención sanitaria de los residentes estadounidenses, lo que contrarresta la idea de que agotan los recursos sanitarios.
“Los inmigrantes ayudan a sostener el sistema”, afirmó.
Casi 80 profesionales de la salud firmaron una carta pública en abril oponiéndose a la legislación de Florida. A pesar de esta fuerte oposición a la ley, algunos hospitales públicos de los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida, con significativa población inmigrante, restan importancia al efecto sobre los pacientes o sus instituciones.
“Este elemento de la nueva ley no tendrá prácticamente ningún impacto en el Jackson Health System ni en sus pacientes”, declaró Krysten Brenlla, vocera de la red de cuatro hospitales públicos de Miami-Dade.
Brenlla dijo que el hospital pide a los pacientes que revelen voluntariamente su país de nacimiento y, para los nacidos fuera de Estados Unidos, su estatus migratorio.
Yanet Obarrio-Sánchez, portavoz del Memorial Healthcare System, que gestiona seis hospitales públicos en el condado de Broward, señaló que aunque el personal pregunta a los pacientes sobre su situación migratoria en el momento del registro, mediante formularios digitales, el hospital “seguirá atendiendo a todos”.
Pero ese no es el mensaje que reciben muchos inmigrantes, dijo Rosa Elera, vocera de la Florida Immigration Coalition, una red sin fines de lucro de organizaciones comunitarias, trabajadores agrícolas y otros grupos de defensa de los inmigrantes.
“Se ha creado temor”, dijo Elera. “Hay preocupación”.
Además de los requisitos para los hospitales, la ley invalida las licencias de conducir de otros estados para los inmigrantes que no tienen residencia legal en Florida, establece sanciones penales por transportar a esos inmigrantes al estado y faculta a la policía estatal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Estas medidas radicales han fomentado la desconfianza y alimentado la desinformación, según Elera.
En un caso, contó Elera, una mujer que acudió a su chequeo regular en una clínica fue rechazada porque el personal administrativo no tenía clara la nueva ley. “Y hemos recibido preguntas de padres de niños nacidos en Estados Unidos que ahora tienen miedo de llevar a sus hijos a las consultas pediátricas”, agregó.
Elera explicó que en las semanas previas a la entrada en vigencia de la ley, el 1 de julio, la coalición lanzó la campaña “Niégate a responder”. No hay penalización por no responder, dicen activistas.
La ley de inmigración de Florida sigue una orden ejecutiva que DeSantis emitió en 2021 obligando a las agencias estatales a determinar el costo de la atención médica para los inmigrantes sin estatus legal.
Al año siguiente, la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud del estado informó que estos inmigrantes habían costado a los hospitales de Florida casi $313 millones, con centros que recibieron reembolsos por alrededor de un tercio del gasto. En 2021, los hospitales de Florida con salas de emergencias declararon $21,700 millones en costos totales de atención al paciente, según datos estatales.
Aunque el nuevo requisito de la ley de Florida se aplica sólo a los hospitales que aceptan Medicaid, los administradores de algunos centros de salud comunitarios gratuitos y de bajo costo temen que puedan ser los siguientes.
Las recientes leyes de Florida que restringen el aborto, prohíben la enseñanza de la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas, y limitan la atención a los jóvenes en procesos de afirmación de género empezaron con un alcance menor y luego se ampliaron, señaló Laura Kallus, CEO de Caridad Center, una clínica sin fines de lucro que atiende a personas sin seguro en el condado de Palm Beach.
Caridad Center no pregunta a los pacientes sobre su estatus migratorio, afirmó Kallus. Pero le preocupa que el estado pueda añadir condiciones a una subvención estatal que la clínica recibe para proporcionar pruebas de VIH y consejería.
“¿Qué pasaría si dijeran: ‘No obtendrán esta financiación si no recogen esta información’?”, se preguntó.
Los centros de salud comunitarios no ejercen mucha influencia en el Capitolio estatal, afirmó Kallus, y muchos cuentan con que la Legislatura de Florida aumente los fondos para que las clínicas gratuitas ofrezcan servicios de salud dental y conductual, lo que significa que no querrán arriesgarse a “molestar” a los legisladores criticando la ley de inmigración.
En su segundo mandato como gobernador, DeSantis ha demostrado una propensión a castigar a sus opositores políticos en lugar de negociar con ellos.
El gobernador bloqueó la financiación estatal de un nuevo centro de entrenamiento para los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas de Béisbol cuando el equipo publicó un tuit en el que pedía leyes de seguridad de armas luego de los tiroteos masivos de Buffalo (Nueva York) y Uvalde (Texas). Destituyó a un fiscal estatal electo, en parte, porque el fiscal con sede en el condado de Hillsborough firmó declaraciones públicas que decían que los fiscales no deberían penalizar el aborto y la atención de afirmación de género para personas transgénero. Y DeSantis ha tratado de castigar a Disney por oponerse a una ley de Florida que prohibía la discusión de la orientación sexual en las aulas.
Kevin Cho Tipton, enfermero de cuidados intensivos que trabaja en dos hospitales públicos en el sur de Florida, dijo que la ironía de la oposición silenciada de los hospitales a la ley de inmigración del estado es que el gobernador ratificó otra ley este año que protege la libertad de expresión de los trabajadores de salud.
La ley pretendía en parte proteger a los médicos de medidas disciplinarias si abogan por tratamientos alternativos para covid-19 o cuestionan la seguridad de las vacunas contra covid, pero también protege la expresión sobre política pública, incluidas las publicaciones en las redes sociales.
Tipton dijo que viajó a Tallahassee en abril para instar a los legisladores de Florida a oponerse al proyecto de ley de inmigración, y publicó un video en Twitter de su testimonio. También realizó una encuesta informal entre 120 compañeros de trabajo de un hospital público del condado de Broward.
“El 98% de las enfermeras, médicos, farmacéuticos, cirujanos —de todo el espectro— firmaron una encuesta en mi teléfono que decía: ‘No estamos de acuerdo con esto, con su intención, y no es lo que deberíamos hacer'”, explicó.
Sin embargo, nadie quiso hacer público su nombre. Por eso, Tipton publicó en Twitter una captura de pantalla borrosa de sus firmas.
