Armando Peniche Rosales tiene un dedo del pie torcido, que durante años ha pronosticado el clima y se vuelve sensible cuando se avecina lluvia o frío.
“Nunca se curó bien”, dijo Peniche Rosales, quien se rompió el dedo medio del pie izquierdo hace años cuando era jugador de fútbol en una escuela secundaria de Denver, y regresó cojeando a su casa sin ver a un médico.
En ese momento, estaba viviendo en los Estados Unidos sin papeles. Desde los 9 años, cuando se mudó a Denver, hasta los 20, no tuvo seguro médico.
El dedo del pie es un pequeño recordatorio de los momentos en que su familia sintió que tenía que “elegir entre su salud o su futuro” en el país, dijo Peniche Rosales, que ahora tiene 35 años. Ambos padres enfrentaron esa decisión.
Su madre eligió su propia salud, regresando a México para recibir tratamiento por migrañas y una afección de la tiroides, aunque eso significara pasar una década separada de su familia. Su padre eligió su futuro, trabajando largas semanas con síntomas que las clínicas gratuitas le dijeron que eran hemorroides pero que en realidad era cáncer de colon.
El padre de Peniche Rosales ahora está enterrado en un cementerio de Denver con vista a las Montañas Rocallosas.
“Está descansando en su hogar, como él quería”, dijo Peniche Rosales. “Amaba las montañas”.
A nivel nacional y en Colorado, la proporción de personas sin seguro médico ha sido durante mucho tiempo significativamente más alta entre los hispanos que entre los residentes blancos, negros o asiáticos no hispanos. Los inmigrantes que no tienen estatus legal, y aquéllos que tienen residencia legal pero cuyas familias tienen un estatus migratorio mixto, constituyen una gran parte de ese grupo.
Colorado recientemente hizo que algunos de ellos fueran elegibles para cobertura de salud. Pero defensores que trabajan con inmigrantes dicen que el estado enfrenta un desafío: deshacer los efectos paralizantes de las políticas de la administración Trump, que aumentaron los temores de algunos —incluso de aquellos que son elegibles— de que inscribirse para obtener seguro de salud podría poner en peligro su capacidad, o la de un miembro de su hogar, de permanecer en el país.
“Por temor a las posibles repercusiones, ya sea ahora o en futuros trámites migratorios, las personas que tal vez habían pensado en buscar beneficios de salud volvieron a vivir en las sombras”, dijo María Albañil-Rangel, gerenta de políticas y promoción de Tri-County Health Network, con sede en Telluride, Colorado, una organización sin fines de lucro que trabaja para aumentar el acceso a la atención médica. “Se perdió la confianza. Se necesita tiempo para reconstruir eso”.
KHN trabajó con Colorado News Collaborative para examinar el progreso del estado en los últimos años para abordar las desigualdades raciales y étnicas, incluyendo la salud.
El Departamento de Salud del estado estima que alrededor del 30% de los adultos hispanos no tienen cobertura de salud. Esto contrasta con el promedio estatal del 12% de adultos de Colorado que no tienen seguro. La mayoría de los hispanos de Colorado son ciudadanos o residentes legales, pero pueden enfrentar barreras para la inscripción, incluyendo el idioma y el costo.
Las personas que viven en el país sin papeles se encuentran en un aprieto particular: en la mayoría de los estados no pueden obtener beneficios públicos —a menos que terminen en la sala de emergencias con una afección potencialmente mortal— ni tampoco comprar un seguro médico en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Según KFF, aproximadamente un tercio de los residentes hispanos sin seguro menores de 65 años no son elegibles para la cobertura de ACA, Medicaid o el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) debido a su estatus migratorio.
Colorado ha tomado medidas para cambiar esto para grupos específicos de residentes indocumentados que viven en hogares de bajos ingresos.
Una ley aprobada recientemente brindará cobertura de Medicaid y CHIP a embarazadas y niños comenzando en 2025.
A partir del próximo año, una ley aprobada en 2020 utilizará fondos estatales para ayudar a algunos residentes que viven por debajo del nivel federal de pobreza ($13,590 anuales para una persona sola o $27,750 anuales para una familia de cuatro, en 2022) a comprar seguro médico en el mercado individual.
Y en 2019, Colorado se unió a una docena de estados que cubren la diálisis regular para personas que, de otra manera, tendrían que esperar hasta estar tan enfermas que deberían ir a una sala de emergencias.
“Ya no tenemos 130 pacientes que pasan por el servicio de urgencias que necesitan diálisis de emergencia”, dijo la doctora Lilia Cervantes, directora de salud para inmigrantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, y principal defensora de este cambio en el servicio de diálisis, que le ha ahorrado al estado alrededor de $10 millones al año, según datos del departamento de financiamiento y política de atención médica estatal.
Pero a Cervantes le gustaría ver que más personas reciban la atención que necesitan en primer lugar, para prevenir el desarrollo de una afección crónica como la enfermedad renal.
Los datos confirman que, por sí solo, expandir el grupo de personas elegibles para un seguro de salud no es suficiente para abordar las inequidades en la cobertura. A nivel nacional, después de la implementación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, las tasas de cobertura mejoraron en todos los grupos raciales y étnicos, pero las desigualdades persistieron.
“Los hispanos tuvieron las mayores ganancias en cobertura durante ese período, lo que ayudó a reducir un poco las disparidades, pero aún así siguieron siendo significativamente más propensos a no tener seguro en comparación con los blancos [no hispanos]”, dijo Samantha Artiga, directora del Programa de Políticas de Salud y Equidad Racial para KFF. “Y luego, lo que vimos en 2017 es que las tasas de personas sin seguro comenzaron a subir de nuevo”.
Doctores, investigadores y defensores de la expansión del acceso a la salud para los inmigrantes en Colorado sospechan que el repunte estuvo relacionado con las políticas de inmigración de la administración Trump, incluyendo sus cambios en la regla de carga pública. Esta regla de larga data determina cuándo se le puede negar a alguien una tarjeta de residencia (tarjeta verde o green card) o una visa porque se considera que probablemente dependerá de los beneficios gubernamentales, o ya los está usando.
La administración Trump amplió la lista de beneficios que podrían usarse para negarle a alguien desde el estatus migratorio hasta cupones de alimentos (food stamps), Medicaid que no sea de emergencia y subsidios para la vivienda.
La investigación de Ideas42, un grupo de estudio de ciencias del comportamiento sin fines de lucro, publicada en la revista Health Affairs en 2020, encontró que el anuncio de los cambios de la administración Trump a la regla de carga pública se asoció con una disminución a nivel nacional en la inscripción a Medicaid, cerca de 260,000 niños menos, comparado con los niveles de 2017.
Colorado también vio caer las tasas de seguros entre hispanos. El Instituto de Salud de Colorado descubrió en una encuesta estatal que, aunque la tasa general de personas sin seguro del estado se había mantenido estable desde que se implementó ACA, las tasas de personas sin seguro entre los hispanos o latinos de Colorado habían aumentado, especialmente entre los niños.
El instituto estimó que aproximadamente el 3% de los hispanos o latinos de Colorado de 18 años o menos no tenían seguro en 2015, en comparación con aproximadamente el 8% en 2021. Entre el total de niños que eran elegibles pero no estaban inscritos en el seguro, aproximadamente la mitad eran hispanos a pesar de que componían alrededor de un tercio de todos los niños de Colorado, dijo Erin Miller, vicepresidenta de iniciativas de salud de Colorado Children’s Campaign.
En 2021, la administración Biden revirtió los cambios de carga pública que la administración Trump había implementado en 2019, y se espera que finalice una nueva regla de carga pública a finales de este año.
“Pero eso no cambia el hecho de que muchos inmigrantes realmente desconfían de lo que pueden compartir y con quién pueden compartirlo”, dijo Liz Tansey, gerente senior de Colorado Community Health Network.
Las encuestas realizadas en 2021 por la coalición de derechos de los inmigrantes Protecting Immigrant Families a familias inmigrantes, en su mayoría hispanas y asiático-americanas y de las Islas del Pacífico, encontraron que, a nivel nacional, el 40% no había oído hablar de la revocación. Casi la mitad de los encuestados cuyas familias necesitaron ayuda durante la pandemia dijeron que se negaron a presentar la solicitud por preocupaciones sobre inmigración.
El doctor Ricardo González-Fisher, oncólogo cirujano que trabaja con la organización de servicios sociales Servicios de la Raza, brinda asistencia para inscripción desde un centro de recursos de salud en el consulado de México en Denver. Más de la mitad de los inmigrantes que ve no tienen seguro. Contó que muchos de ellos le dicen que incluso si tienen seguro, no lo usarán por temor a atraer la atención equivocada. “Dicen: ‘Todos nosotros tenemos al menos una o dos personas indocumentadas en nuestra casa y no queremos que nos vean’”, dijo González-Fisher.
Como resultado de las leyes estatales recientes, el seguro al que acceden los residentes de Colorado sin papeles no puede jugar en su contra en las determinaciones de carga pública, con una excepción importante: si los niños necesitan atención a largo plazo debido, por ejemplo, a discapacidades graves o enfermedades crónicas, explicó Rayna Hetlage , gerenta senior de políticas del Center for Health Progress, un grupo de defensa de la equidad en la salud con sede en Denver.
María Rodríguez, especialista en alcance y equidad en la atención médica de la División de Seguros de Colorado, es la persona clave del estado para hacer correr la voz sobre los nuevos subsidios para ayudar a las personas sin papeles a comprar un seguro médico. Ha organizado reuniones con entidades comunitarias para prepararse para la fecha de inscripción abierta del 1 de noviembre.
En el primer año del programa de subsidios, el estado puede inscribir hasta alrededor de 10,000 habitantes de Colorado indocumentados, lo que representa solo una parte de los hispanos sin papeles y sin seguro del estado.
Colorado todavía está detrás de Washington y California en cuanto a ofrecer cobertura de atención del cáncer, lo que podría haber ayudado al padre de Peniche Rosales. Sin seguro médico ni decenas de miles de dólares para comenzar el tratamiento, no pudo recibir atención hasta que encontró un hospital que lo cubriera con fondos de caridad.
La noche antes de que Peniche Rosales tuviera una entrevista con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos —una entrevista que le otorgaría la residencia legal— tuvo que llevar a su padre a la sala de emergencias nuevamente. Su papá le dijo que se fuera a casa y descansara.
“Estaba más preocupado por mi entrevista que por cualquier otra cosa”, dijo Peniche Rosales, quien recibió su tarjeta de residencia mientras su padre aún vivía. “Aunque sentía dolor, le dio mucha alegría”.
