Si el Congreso actuará este año para abordar la asequibilidad de los medicamentos recetados, una alta prioridad entre los votantes, sigue siendo algo incierto. Pero los estados no se han quedado esperando.
En lo que va del año, 33 han promulgado un récord de 51 leyes para confrontar los precios, la accesibilidad y el acceso a los medicamentos. Eso supera el número de 2018, cuando se promulgaron 45 leyes en 28 estados, según la National Academy for State Health Policy (NASHP), un grupo de defensa sin fines de lucro que desarrolla legislaciones modelo y promueve estas legislaciones.
Entre las nuevas medidas se encuentran aquellas que autorizan la importación de medicamentos recetados, la detección de aumentos excesivos de precios y la creación de juntas de supervisión para establecer los topes que los estados pagarán por los medicamentos.
“Hay más actividad legislativa en esta área”, observó Trish Riley, directora ejecutiva de NASHP. “Este año, algunos estados actuaron para lanzar programas que impactan directamente lo que ellos y los consumidores pagan por medicamentos de alto costo”.
Y podrían llegar más leyes antes de fin de año. Del puñado de estados que aún están en sesión legislativa, incluidos California, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Ohio y Pennsylvania, los debates continúan. Solo en Nueva Jersey, se están considerando unas 20 propuestas.
“Tanto líderes demócratas como republicanos han mostrado su disposición para adoptar medidas firmes que ayuden a los consumidores, pero que también protejan el dinero de los contribuyentes estatales”, dijo Hemi Tewarson, directora de programas de salud de la National Governors Association.
Sin embargo, Riley, Tewarson y otros señalan que los estados solo pueden llegar hasta un punto para frenar los precios de los medicamentos, pero que hace falta una legislación federal para tener un impacto importante en la forma en que funciona el mercado.
Sin embargo, la división política, un calendario del Congreso abarrotado y un año electoral inminente podrían detener el impulso a nivel federal.
La industria farmacéutica se ha opuesto a la mayoría, aunque no a todos, los proyectos de ley estatales, dijo Priscilla VanderVeer, vocera de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el principal grupo comercial de la industria.
“Estamos de acuerdo en que lo que los consumidores pagan ahora de su bolsillo por los medicamentos es un problema grave”, dijo VanderVeer. “Muchos estados han aprobado proyectos de ley que se ven bien en papel pero que no creemos que ahorren dinero a los consumidores”.
Al menos 16 estados han promulgado 20 leyes que rigen el comportamiento de los gerentes de beneficios de farmacia. Los llamados PBM sirven como intermediarios entre los fabricantes de medicamentos, las compañías de seguros y las farmacias, en gran medida con el apoyo de la industria farmacéutica.
Esas leyes se suman a las 28 aprobadas en 2018. La mayoría de las nuevas leyes prohíben las “cláusulas mordaza” que algunos PBM imponen a los farmacéuticos. Las cláusulas, escritas en los contratos de farmacia, impiden que los farmacéuticos discutan con los clientes si el precio en efectivo de un medicamento sería más bajo que su costo de bolsillo con seguro.
Medicamentos sin fronteras
Cuatro estados, Colorado, Florida, Maine y Vermont, han promulgado este año medidas para establecer programas para importar medicamentos recetados más baratos de Canadá y, en el caso de Florida, potencialmente de otros países. Otros seis estados están considerando leyes similares.
Los medicamentos en Canadá y en otros países son menos costosos porque esas naciones negocian directamente con los fabricantes de medicamentos para establecer los precios.
“Esta es un área que antes los estados temían pisar”, dijo Jane Horvath, consultora que ha asesorado a Maryland y Oregon, entre otros estados, sobre la política de medicamentos recetados. “Ahora, tanto los republicanos como los demócratas lo ven como una forma de infundir más competencia de precios en el mercado”.
Sin embargo, quedan obstáculos. Una ley de 2003 permite a los estados importar medicamentos más baratos de Canadá, pero solo si el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) aprueba el plan de un estado y certifica su seguridad. Entre 2004 y 2009, el gobierno federal detuvo los incipientes esfuerzos de importación de drogas en cinco estados.
Aun así, el impulso para la importación se ha desarrollado en los últimos años en los estados y el Congreso a medida que los precios de los medicamentos han seguido aumentando. Y este verano, la administración Trump apoyó la idea.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, republicano y aliado cercano del presidente Donald Trump, firmó la medida de su estado el 11 de junio, alegando que lo hizo después que Trump le prometió personalmente que la Casa Blanca respaldaría la iniciativa.
El 31 de julio, el HHS anunció un “plan de acción” para “sentar las bases para la importación segura de ciertos medicamentos recetados”. El plan incluye un proceso para autorizar iniciativas estatales. También requiere una revisión reglamentaria formal, incluido el establecimiento de criterios de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Ese proceso podría tomar hasta dos años.
Quedan dos grandes problemas: en las semanas posteriores al anuncio, el gobierno canadiense se ha opuesto a cualquier plan que dependa únicamente de Canadá como fuente de medicamentos importados. Y la industria farmacéutica también se opone al plan.
Juntas que limitan precios
Este año, Maryland y Maine promulgaron leyes que establecen agencias estatales para revisar los costos de los medicamentos y tomar medidas contra aquellos cuyos aumentos de precios superan un cierto umbral.
Nueva Jersey y Massachusetts están debatiendo una legislación similar este año.
La ley de Maryland estableció una junta de cinco miembros para revisar los precios de lista y los costos de los medicamentos comprados por el estado y los condados. La junta investigará los medicamentos que aumentan su precio en $3,000 o más por año y los medicamentos nuevos que ingresan al mercado a un costo de $30,000 o más por año o por lo que dura un tratamiento.
Si lo aprueba una legislación futura, los límites superiores de pago de medicamentos con aumentos excesivos de precios o costos anuales entrarían en vigencia en enero de 2022.
“Mis electores han dejado bien claro que bajar los precios de los medicamentos es una de sus principales prioridades”, dijo la senadora estatal Katherine Klausmeier, demócrata de Baltimore, que patrocinó la legislación.
La ley de Maine también establece una junta de cinco miembros. A partir de 2021, esta junta establecerá objetivos de gastos anuales para medicamentos comprados por los gobiernos estatales y locales.
Más transparencia de precios
Este año, cuatro estados, Colorado, Oregon, Texas y Washington, se convirtieron en los últimos en promulgar leyes que requieren que las farmacéuticas brinden información a los estados y consumidores sobre los precios de lista de los medicamentos y los aumentos de precios planificados.
La mayoría de los estados ahora tienen leyes de transparencia, y la mayoría publica los datos en sitios web públicos. Los detalles varían, pero todos los estados con estas leyes buscan identificar medicamentos con aumentos de precios superiores al 10% o más al año, y medicamentos con aumentos de precios superiores a los valores establecidos en dólares.
Por ejemplo, la nueva ley de Oregón exige que los fabricantes notifiquen al estado con 60 días de anticipación cualquier aumento planificado del 10% o más en el precio de los medicamentos de marca, y cualquier aumento del 25% o más en el precio de los medicamentos genéricos.
“Ese aviso de 60 días fue muy importante para nosotros”, dijo la representante Andrea Salinas, presidenta del comité de salud de la Cámara de Representantes estatal, que representa a Lake Oswego. “Les avisa a los médicos y pacientes con anticipación, con la oportunidad de tener tiempo para considerar qué hacer”.
