JEFFERSON, Maryland – Durante el año pasado, la pequeña compañía de Maryland empleada por el gobierno federal para inspeccionar los centros de detención de inmigrantes de los Estados Unidos ha pintado una imagen rosa de la vida en cautiverio.
En docenas de informes presentados en los últimos 12 meses, inspectores del Nakamoto Group Inc., formado por 11 personas, describieron a detenidos que no tenían “quejas sustantivas” y a instalaciones en donde la atmósfera es “tranquila, sin indicadores obvios de alto estrés”.
“Ninguno de los detenidos expresó ninguna preocupación sobre su tratamiento o seguridad”, escribieron los empleados de Nakamoto en un típico informe de marzo de 2019, luego de la inspección del Centro de Detención Río Grande, en Laredo, Texas, una ciudad fronteriza abrumada por las recientes oleadas de migrantes centroamericanos que buscan asilo.
“Los detenidos estaban satisfechos con todas las condiciones de su reclusión”.
Las evaluaciones insípidas de Nakamoto, algunas de las cuales datan de más de una década atrás, contrastan con los hallazgos recientes del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, auditores estatales y grupos externos de vigilancia, que han documentado la atención médica y de salud mental laxa y el uso inapropiado de aislamiento en varias instalaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Una revisión realizada por Kaiser Health News de miles de páginas de informes de inspecciones realizadas de 2007 a 2012 y de 2017 a 2019, disponibles a través de litigios y nuevos requisitos de informes federales, revela patrones inquietantes en las auditorías de la compañía, incluida la disposición general de aceptar la palabra de las instalaciones, que le pagan a la empresa para analizar las quejas de los detenidos.
Los resultados muestran que Nakamoto rara vez ha informado malas noticias sobre las condiciones en las instalaciones con fines de lucro y las administradas por el gobierno, que audita. Las infracciones en la calidad de la atención médica y la seguridad de los detenidos son poco frecuentes y superficiales, según una revisión de los registros federales y los documentos judiciales.
Por ejemplo, una inspección sorpresa realizada en mayo de 2018 por investigadores del gobierno en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el desierto de Mojave, en California “reveló riesgos significativos para la salud y la seguridad”, “segregación inadecuada y excesivamente restrictiva” y “atención médica inadecuada para los detenidos”, según el inspector general de la agencia de Seguridad Nacional.
Otra investigación de 2019, realizada por Disability Rights California, una organización sin fines de lucro con autoridad legal para monitorear los centros de detención en California, destacó casos en los que rociaban con gas pimienta a personas con enfermedades mentales graves, y múltiples intentos de suicidio no reportados.
Sin embargo, Nakamoto llegó a una conclusión muy diferente en su informe de 2018 sobre Adelanto: si bien observó cientos de quejas de detenidos y 83 agresiones físicas durante el período de inspección, más de un tercio de las cuales resultaron en lesiones que requirieron órdenes médicas, su informe concluyó que “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en esta instalación”.
Un informe de junio del inspector general encontró “condiciones inseguras e insalubres” en otros tres centros de detención. Nakamoto les dio a estas tres, y a Adelanto, buenas calificaciones.
Varios migrantes entrevistados, que estuvieron o están detenidos en Adelanto, dijeron que los retrasos en la atención médica eran frecuentes y que el miedo era generalizado dentro de la instalación remota. Dijeron que, entre las preocupaciones, estaba la sensación que los guardias enviarían indiscriminadamente a los detenidos a confinamiento solitario, conocido como “El Agujero”, por la más mínima infracción.
“No importaba si eras bueno o malo, siempre te iban a meter en El Agujero”, dijo Lillian, de 49 años, ex profesora de derechos humanos de Caracas, Venezuela, quien pidió no ser identificada por su apellido por miedo a represalias. Lillian estuvo detenida en Adelanto desde noviembre de 2017, hasta que se le concedió asilo en mayo de 2018.
Otros detenidos dijeron que los retrasos en la atención médica eran tan comunes en Adelanto que muchas personas dejaban de presentar solicitudes. “Usted presenta una solicitud médica, y pueden pasar días, o semanas, o incluso meses para que la procesen y le den el tratamiento que necesita”, dijo Mario, de 32 años, quien cruzó a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía 5 años y estuvo en Adelanto por seis meses en 2018.
Enfrentando la deportación por un delito menor en 2017, ahora Mario está libre bajo fianza y es voluntario con un grupo de derechos de los inmigrantes en Ontario, California. También pidió no ser identificado por su apellido, por temor a que afecte su caso de deportación.
El Grupo Nakamoto fue establecido en 2003 por Jennifer Nakamoto, entonces en sus 30 años y ex empleada del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Nakamoto sigue siendo la presidenta de la compañía y la única propietaria. Primero, la administración de George W. Bush contrató a la compañía para auditar las instalaciones de detención de inmigrantes, y sus contratos se extendieron bajo la administración Obama.
Durante al menos los últimos dos años, Nakamoto Group Inc., registrado en la espaciosa casa de Jennifer Nakamoto en las tierras agrícolas del oeste de Maryland, ha sido el único contratista responsable de inspeccionar cerca de 100 centros federales de detención de inmigrantes y cárceles de condados, que albergan a decenas de miles de personas que no son ciudadanas, y que esperan por audiencias de deportación o decisiones sobre solicitudes de asilo.
Desde 2007, ICE ha otorgado a la compañía más de $55 millones en contratos gubernamentales para garantizar que las condiciones de detención en estos establecimientos cumplan con los estándares federales. Su contrato actual podría sumar otros $16 millones.
Nakamoto continúa como el único inspector contratado en las instalaciones de ICE, a pesar que el año pasado, John Kelly, el ex inspector general interino de Seguridad Nacional, dio a conocer un análisis abrumador de su desempeño.
“Las prácticas de inspección de Nakamoto no son consistentemente exhaustivas, sus inspecciones no examinan por completo las condiciones reales ni identifican todas las deficiencias de cumplimiento”, escribió.
El informe de Kelly señaló que los empleados de ICE dijeron a investigadores federales que las inspecciones de Nakamoto son “inútiles” y “muy, muy, muy difíciles de no pasar”.
Mark Saunders, vicepresidente ejecutivo de Nakamoto Group Inc., no aceptó discutir el desempeño de la compañía en detalle. En una entrevista, solo dijo que refutó las acusaciones en el informe del inspector general y que la compañía “es la única parte imparcial”. No quiso hacer más comentarios.
Los funcionarios de ICE no respondieron a solicitudes específicas de comentarios sobre el contrato de Nakamoto.
¿Una compañía complaciente?
Las preguntas sobre la supervisión de Nakamoto surgen cuando el gobierno federal lucha por procesar una afluencia sin precedentes de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica.
Con la población de detenidos aumentando a 53,000 personas este año, las organizaciones de derechos de los inmigrantes dicen que ICE está bajo presión por mantener las instalaciones abiertas a cualquier costo, y que la agencia se ha protegido de los reproches contratando inspectores que actúan como aliados de las compañías privadas de prisiones, que ahora albergan a la mayoría de los detenidos estadounidenses.
(La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. administra los centros de detención de menores que han sido objeto de informes periodísticos recientes y visitas de representantes del Congreso, y están sujetos a un proceso de supervisión diferente).
“Nakamoto tiene este incentivo para no ser tan crítico como podría ser” para mantener su lucrativo contrato con el gobierno, dijo Aaron Fischer, abogado de Disability Rights California.
Eunice Cho, abogada de ACLU en Washington, calificó las inspecciones de Nakamoto como un “sello de complacencia”.
Las preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención se remontan a décadas y llevaron a un cambio de política durante la administración Obama. Una ley de 2010 prohibió el pago a instalaciones que no aprobaran dos inspecciones consecutivas.
El cambio estaba destinado a eliminar los programas mal administrados. En cambio, en años posteriores, los inspectores han sido menos proclives a presentar un reporte negativo a una instalación. Los inspectores privados desaprobaron a casi tres docenas de instalaciones entre 2007 y 2009, y al menos 14 instalaciones recibieron malas revisiones dos años seguidos.
Pero de 2010 a 2012, solo una instalación, el Centro de Detención de Adultos del Condado de Freeborn, en Minnesota, no pasó una inspección. Desde mayo de 2018, solo una instalación parece no haber pasado.
La instalación de Adelanto no pasó una inspección en 2011, realizada por un contratista privado diferente, MGT of America, solo para que ICE la revocara. Al año siguiente, ICE contrató a Nakamoto para auditar a Adelanto y, a pesar de la muerte de un detenido de 58 años, la instalación pasó la inspección. Más tarde, las autoridades federales que investigaron concluyeron que Adelanto había cometido “errores atroces”, incluida la falta de atención médica oportuna, y que podría haber evitado la muerte.
Nakamoto anuncia inspecciones por adelantado y se basa en los registros de las instalaciones para rastrear quejas, asaltos y otras medidas. Algunos informes de inspección incluyen descripciones detalladas de percances triviales: hamburguesas de pollo tibias o herramientas y productos químicos de cocina inventariados incorrectamente. Pero con frecuencia, sus inspectores se burlan de las quejas más graves, desestimando preocupaciones médicas y de seguridad.
En una inspección de enero del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención de 1,000 camas en Chaparral, Nuevo México, inspectores de Nakamoto tomaron nota y anularon las quejas sobre duchas tibias (“se verificaron las temperaturas del agua y estaban dentro de los parámetros”) y las solicitudes de alimentos de los detenidos (“todos eran de países con alimentos no tradicionales que probablemente no están aprobados para el consumo en los Estados Unidos”).
Llegaron a la conclusión de que, “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en la instalación”, operada por Management and Training Corp.
Sin embargo, solicitantes de asilo en Otero habían expresado serias preocupaciones sobre las condiciones y las largas esperas en detención, llegando incluso a organizar casi 100 huelgas de hambre el año pasado.
Si bien los inspectores de Nakamoto resaltaron las huelgas de hambre, aceptaron la explicación de la instalación de que las habían organizado detenidos de “ciertas nacionalidades” que “aparentemente creen que deberían ser atendidos a una tasa de servicio más alta que otros detenidos”.
Una muerte en detención
Del mismo modo, en docenas de auditorías en diferentes instalaciones, los inspectores de Nakamoto refutaron metódicamente las quejas sobre la atención médica basándose en gran parte en registros que los abogados de inmigración dicen que a menudo son inexactos o incompletos.
Por ejemplo, un detenido en Versalles, Missouri, le dijo a un inspector de Nakamoto en febrero que necesitaba anteojos. Nakamoto aceptó la determinación de la instalación de no ofrecérselos, y, en cambio, sugirió que la falta de luz natural podría estar contribuyendo a su mala visión.
En el Centro de Detención del condado de Webb, en Laredo, Texas, una mujer dijo que esperó 15 días e hizo dos solicitudes para ver a un médico. De nuevo, Nakamoto aceptó la determinación de la instalación: “El detenido fue visto y tratado de manera oportuna”.
Cho, la abogada de ACLU que está demandando a ICE alegando maltrato a los detenidos, dijo: “Hay una cultura de no aceptar lo que los detenidos tienen que decir de manera creíble”.
Cuando Kamyar Samimi, un ciudadano iraní con estatus de residencia permanente, murió bajo custodia en diciembre de 2017, la divergencia entre la evaluación de Nakamoto y la de los investigadores federales fue sorprendente.
Samimi, de 64 años, había sido arrestado en su casa de Denver el 17 de noviembre de 2017, en base a una condena por drogas de 2005. Dos semanas después, mientras estaba detenido en las instalaciones de ICE en Aurora, Colorado, vomitó sangre, dejó de respirar y murió 17 minutos después de llegar a un centro médico cercano.
En una inspección, varios meses después de la muerte de Samimi, los inspectores de Nakamoto informaron que se había estado quejando de depresión y abstinencia de metadona, un medicamento recetado que tomaba diariamente para tratar una adicción latente. La compañía dijo que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero que no se encontraron preocupaciones sobre su tratamiento médico.
En su investigación sobre la muerte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE descubrió que el personal no le había administrado completamente su medicamento, y no buscó tratamiento de emergencia de manera oportuna.
Cuando la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts le escribió a Jennifer Nakamoto en noviembre pasado para expresar su “profunda preocupación” sobre el trabajo de la compañía, Nakamoto dijo que el inspector general no entendía la complejidad de las personas detenidas en centros similares a las cárceles.
En su respuesta escrita, Nakamoto se refirió burlonamente a los inspectores del gobierno entre comillas y cuestionó sus calificaciones. Se describió a sí misma como “una mujer de minoría, trabajadora, que se arriesgó hace 15 años al formar una pequeña empresa para tratar de abrirme camino en este gran país”. Sostuvo que su gente es experta en su campo y “firmes defensores de los derechos de los detenidos”.
“Nuestra ética de trabajo es insuperable”, escribió. “No informamos incorrectamente ni tergiversamos la información en nuestros reportes”.
