Funcionarios del condado de Los Angeles atribuyen la dramática disminución de casos y muertes por COVID-19 entre afroamericanos y latinos, en los últimos dos meses, a la agresiva aplicación de las normas de salud en los lugares de trabajo y a la apertura de líneas para denunciar si no se cumplen.
Ahora, los funcionarios buscan consolidar esos logros creando comités de empleados capacitados para detectar transgresiones en la prevención de COVID-19, y corregirlas o reportarlas, sin temor al despido o al castigo.
Cal/OSHA, la autoridad estatal de seguridad y salud en el trabajo, está abrumada con quejas y denuncias sobre el incumplimiento de las normas anti-COVID; y los supervisores de salud del condado —había 346 hasta el 9 de octubre— no pueden vigilar los más de 240,000 negocios de Los Angeles, según activistas.
Los comités ayudarían a evitar que Los Angeles retroceda en su esfuerzo por mitigar los casos y las disparidades raciales en el otoño, ya que es probable que más empresas vuelvan a la actividad, señaló Tia Koonse, investigadora del UCLA Labor Center y coautora de la evaluación sobre la propuesta para formar comités de empleados.
Se espera que la Junta de Supervisores del condado de Los Angeles apruebe una ordenanza este mes para que los negocios permitan que los empleados formen los comités, lo cual solucionaría los problemas de incumplimiento e informaría al departamento de salud cuando sea necesario.
Los críticos, incluyendo muchos líderes empresariales, dicen que la medida creará más burocracia en el peor momento posible para la economía. Pero grupos laborales y algunas empresas aseguran que es crucial para combatir la pandemia.
A trabajadores de diferentes partes del país se los despidió o castigó por quejarse de violaciones de seguridad relacionadas con COVID, y las leyes que los protegen no son consistentes.
“Los trabajadores tienen derecho a estar en un espacio seguro y no deben sufrir represalias” por señalar prácticas deficientes, dijo Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Angeles. Los trabajadores con bajos salarios han estado “en enorme desventaja” al tener que trabajar fuera de casa en contacto con otras personas, a menudo sin protección suficiente, añadió Ferrer.
Durante el aumento de los casos de COVID que siguieron a las reuniones familiares del fin de semana de Memorial Day y a la apertura de negocios, los latinos (que pueden ser ser cualquier raza) en Los Angeles tenían una tasa de mortalidad cuatro veces mayor que la de los blancos no hispanos, mientras que las personas de raza negra tenían el doble de probabilidades que los blancos no hispanos de morir por la enfermedad.
Dos meses después, las tasas de mortalidad entre personas de raza negra y latinos habían disminuido a casi la mitad y se estaban acercando a la tasa de los blancos no hispanos, según los datos ajustados por edad del departamento de salud del condado.
Mientras que a finales de julio el número de latinos que daban positivo por COVID era cuatro veces mayor que el de blancos no hispanos, a mediados de septiembre los índices de casos de latinos eran sólo un 64% más altos. La tasa de positividad entre las personas de raza negra era un 60% más alta que la de los blancos a finales de julio, pero la disparidad había disminuido a mediados de septiembre.
Los expertos no saben si una política concreta es la responsable de esta disminución de muertes. Además, las tasas estatales y de los condados han disminuido para toda la población en las últimas semanas. Pero Ferrer atribuyó el progreso a que su departamento se centra en el cumplimiento de las directrices de salud en el lugar de trabajo, que incluyen reglas sobre el distanciamiento físico, proveer cubrebocas para los trabajadores y también exigir a los clientes que las usen.
“Para los que no cumplan con las directrices, en este momento podemos emitir citaciones, o hay casos en los que simplemente cerramos el lugar porque la transgresión es mayor”, explicó.
Las agudas disparidades raciales, que caracterizaron a la pandemia desde el principio, están ahora bajo mayor escrutinio ya que California se ha convertido en el primer estado que ha hecho de la “equidad en salud” un factor a la hora de permitir una reapertura ampliada.
Es posible que los condados grandes no avancen hacia la reapertura total hasta que sus vecindarios más desfavorecidos, y no sólo el condado en su conjunto, cumplan o estén por debajo de los niveles de enfermedad previstos. Los criterios obligan a los gobiernos locales a invertir más en pruebas, rastreo de contactos y educación en los barrios pobres con altos niveles de la enfermedad.
El enfoque de Ferrer en el lugar de trabajo se cristalizó durante una intervención en Los Angeles Apparel, una fábrica de ropa que se había puesto a fabricar máscaras faciales durante la pandemia. A pesar del inventario de máscaras, un brote en la fábrica resultó en al menos 300 casos, y cuatro muertes.
El departamento de salud intervino después de una denuncia de los centros de salud comunitarios que se vieron desbordados por los trabajadores enfermos de Los Angeles Apparel. El departamento cerró la fábrica el 27 de junio. Esa acción resaltó la necesidad de unir al gobierno y a los sindicatos para luchar contra la pandemia, indicó Jim Mangia, CEO de St. John’s Well Child & Family Center, una cadena de centros de salud comunitarios en el sur de L.A.
“En el St. John’s, casi todos nuestros pacientes son trabajadores pobres”, explicó Mangia. “Se contagiaban en el trabajo y lo llevaban a sus familias, y creo que intervenir en el lugar de trabajo es lo que realmente marcó la diferencia”.
Al principio de la pandemia, Ferrer también había establecido una línea de denuncia anónima para los empleados que quisieran reportar incuplimientos en el lugar de trabajo. Recibe unas 2,000 llamadas a la semana, según Ferrer. Hasta el 10 de octubre, el sitio web del departamento nombra 132 lugares de trabajo que han tenido tres o más casos confirmados de COVID-19, con un total de 2,191 positivos. Otra tabla, con fecha 7 de octubre, enumera 124 citaciones, la mayoría a gimnasios y lugares de culto, por no cumplir con una directriz de un oficial de salud.
“Afortunadamente, no somos como Cal/OSHA, en el sentido de que no nos lleva meses completar una investigación”, comentó Ferrer. “Somos capaces de movernos más rápidamente siguiendo las órdenes del oficial de salud para asegurarnos de que estamos protegiendo a los trabajadores”.
Los comités de salud pública son la siguiente fase del plan de Ferrer para mantener a los trabajadores seguros. El plan surgió de la respuesta de Overhill Farms, una factoría de alimentos congelados en Vernon, California, después de un brote de más de 20 casos y una muerte. La fábrica y su agencia de trabajo temporal fueron penalizadas con más de $200,000 en multas propuestas por Cal/OSHA en septiembre, pero antes de que llegaran las multas, la dirección de la fábrica reaccionó celebrando reuniones con los trabajadores para mejorar la seguridad.
“Encontraron que los trabajadores les ayudaron a bajar la tasa de infección y ayudaron a resolver los problemas”, dijo Roxana Tynan, directora ejecutiva de la Alianza de Los Angeles para una Nueva Economía, una organización de defensa de los trabajadores.
Si bien no es exactamente un caso que ensalce la generosidad corporativa, el cambio en Overhill Farms agregó credibilidad a los beneficios de los comités de trabajadores, señaló Koonse de UCLA.
Ninguna empresa tendría que gastar más del 0,44% de su nómina en los comités de salud, según Koonse.
Aún así, la idea ha sido recibida con división de opiniones por parte de las empresas. En una declaración del 24 de agosto, la CEO Tracy Hernández de la Federación de Negocios del Condado de Los Angeles escribió que la propuesta agregaría “programas onerosos y enrevesados que dificultarán, aún más, la capacidad de un empleador para cumplir con las demandas, recuperarse y servir adecuadamente a sus empleados y clientes”.
Pero Jim Amen, presidente de la cadena de supermercados Super A Foods, dijo que los negocios deberían dar la bienvenida a los comités, como una forma de mantener abiertas las líneas de comunicación. Tales prácticas han mantenido los índices de infección bajos en las tiendas, incluso sin un mandato, expresó Amen.
“En lo que respecta a Super A, nuestros empleados están muy involucrados en todo lo que hacemos”, añadió Amen.
Las organizaciones laborales ven a los comités como una forma crucial para que los trabajadores planteen sus preocupaciones sin temor a represalias.
“En industrias de bajos salarios, como la de la confección, el hecho de que los trabajadores se unan hace que los despidan”, dijo Marissa Nuncio, directora del Centro de Trabajadores de la Confección, una organización sin fines de lucro que sirve principalmente a inmigrantes de México y América Central.
Aunque las disparidades se están reduciendo en el condado de Los Angeles, algunas empresas siguen siendo inseguras y los posibles denunciantes no confían en que sus informes a la línea de denuncias del condado se lleven a cabo, añadió Nuncio.
“Seguimos recibiendo llamadas de miembros de nuestra organización que están enfermos, tienen COVID y están hospitalizados”, señaló Nuncio. “Y el lugar más obvio para que se hayan infectado es en su lugar de trabajo, porque no se están tomando precauciones”.
La reportera de datos Hannah Recht colaboró con esta historia.
