Hace seis años, Erin se graduó del Instituto de Arte de Chicago, trabajando en tres empleos de medio tiempo y adaptándose a la vida lejos de las aulas. Una noche, se detuvo a tomar una copa en un restaurante del vecindario Bucktown de Chicago, donde se puso a conversar con un joven. Lo siguiente que recuerda claramente fue despertar en su casa a la mañana siguiente, dolorida, cubierta de moretones, y con los labios hinchados.
Creyó que había sido violada y fue a la estación de policía local para hacer la denuncia. La policía la envió a la sala de emergencias de un hospital cercano, donde le hicieron un examen médico forense, en busca de lesiones, y tomaron evidencia de su cuerpo y ropa para usarla en un caso de la fiscalía. El examen tomó horas y Erin se sintió aún más miserable.
La policía nunca arrestó a nadie.
A medida que pasaba el tiempo y Erin intentaba superar el asalto, recibió recordatorios regulares no deseados: facturas del hospital y el grupo de médicos de emergencia que la atendió. El grupo médico eventualmente envió su cuenta a una agencia de cobro, y comenzó a recibir llamadas telefónicas molestas. Ahora que tiene 28 años y vive cerca de Dallas, todavía recibe llamadas y cartas un par de veces al año ordenándole que pague.
“Cuando recibo esa llamada, siento que es algo muy cruel. Me quedo temblando”, dijo Erin. (Kaiser Health News no usa el nombre completo de las personas que reportan una violación si así lo piden).
Durante 25 años, el Violence Against Women Act (Acta de Violencia contra la Mujer) ha requerido que cualquier estado que quiera ser elegible para ciertos subsidios federales certifique que cubre el costo de los exámenes médicos forenses para las personas que han sido agredidas sexualmente.
Las re-autorizaciones posteriores aclararon que a estas personas no se les puede exigir que colaboren con la policía para obtener un examen, ni tienen que pagar nada de su bolsillo, incluso si se les reembolsara más tarde.
Sin embargo, para algunas personas que han sido violadas, las cuentas siguen llegando, a pesar de esta prohibición federal de larga data, y las leyes en muchos estados que brindan protección financiera adicional.
“A menudo hay una desconexión entre el personal de la sala de emergencias que atiende a la persona y el departamento de facturación que envía las cuentas”, dijo Jennifer Pierce-Weeks, CEO de la Asociación Internacional de Enfermeras Forenses, profesionales que tienen capacitación especializada sobre cómo evaluar y atender a las víctimas de crímenes violentos o abusos.
Existe una gran diferencia en la forma en que los estados cumplen con sus obligaciones financieras para cubrir estos exámenes, a veces llamados “kits de violación”, que recopilan evidencia del delito. Muchos aprovechan los fondos que reciben de la Federal Victims of Crimes Act (Ley de Víctimas de Delitos). Otros usan dinero de la policía o de los presupuestos de los fiscales.
Los servicios que están cubiertos también pueden variar según el estado. Las reglas federales requieren que a las víctimas se las entreviste y examine, en busca de trauma físico, penetración o fuerza, y que la evidencia sea recopilada y evaluada.
Pero muchos estados incluyen servicios adicionales sin cobrar a las víctimas, incluidas las pruebas y el tratamiento para el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Algunos pueden cubrir el tratamiento de las lesiones que sufren las víctimas durante el asalto, u ofrecer asesoramiento.
Sin embargo, tener protecciones financieras para las víctimas de violación en los libros, no se traduce necesariamente en servicios in situ sin costo alguno.
Por ejemplo, Nueva York requiere que las víctimas de violación reciban algunos servicios sin cargo más allá de los requisitos federales, como anticoncepción de emergencia y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, dijo Christopher Bromson, director ejecutivo del Centro de Tratamiento de Víctimas de Delitos en Nueva York.
Aun así, en noviembre pasado, la oficina del fiscal general de Nueva York anunció acuerdos con siete hospitales que habían facturado ilegalmente a más de 200 pacientes de violación por exámenes médicos forenses, con montos que oscilaron entre $46 y $3,000. En algunos casos, los hospitales ya habían enviado estas facturas a en agencias de cobro.
Luego, la Asociación de Salud del Estado de Nueva York, un grupo sin fines de lucro que aboga por mejores servicios de salud, se unió al Departamento de Salud del estado y a otros para presentar cuatro seminarios web para explicar al personal del hospital sobre sus responsabilidades legales.
Karen Roach, directora senior de asuntos regulatorios y salud rural de la asociación, dijo que el problema de la facturación en Nueva York no parece ser generalizado.
“Algunos de estos problemas surgieron de una mayor automatización del proceso de facturación”, dijo. “Se necesita capacitación para marcar estos casos, para implementar sistemas que no generen automáticamente una factura”.
Trabajando con un grupo de defensa, Erin finalmente consiguió que el hospital dejara de facturarle. Pero el grupo de médicos de emergencia ya no existe, y su factura de $131.68 se ha agrupado con otras deudas y se ha revendido a diferentes cobradores varias veces, contó. Se contactó con Kaiser Health News y NPR a través de la serie “Bill of the Month”, que explora facturas médicas exorbitantes o desconcertantes.
Cuando le dices a un cobrador de deudas que la factura por la que te están llamando es por servicios relacionados con una violación, “Ellos dicen: ‘Oh, lo arreglaremos’, pero no lo hacen”, dijo Erin. “Simplemente lo venden de nuevo y se convierte en un problema ajeno. Pero siempre es mi problema”.
A pesar de las leyes estatales y federales, muchas personas que fueron violadas terminan pagando algunos servicios médicos de su bolsillo, incluso si tienen seguro. Un análisis de 2013 de los registros de facturación de 1,355 víctimas de violación que tenían cobertura encontró que pagaron un promedio de $948 de su bolsillo por medicamentos recetados y servicios de hospitalización o ambulatorios durante los primeros 30 días después del asalto. Esa cantidad representó el 14% de los costos totales, según el estudio.
“Supusimos que esto era solo un problema para las mujeres sin seguro”, dijo Kit Simpson, profesora del departamento de liderazgo y gestión de atención médica de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, quien es coautora del estudio. “Pero esto era un problema sistemático”.
Algunas víctimas de violación no quieren usar su seguro en ningún caso, porque les preocupa la privacidad o los problemas de seguridad si los miembros de la familia u otros se enteran, dijeron defensores.
El Acta de Violencia contra la Mujer, a menudo conocida como VAWA, debe volver a autorizarse este año. No está claro si un nuevo proyecto de ley abordaría estos problemas de los pagos.
Si los estados no certifican que asumen el costo de los exámenes de violación y no requieren que las víctimas participen en el sistema de justicia penal, sus fondos pueden ser congelados. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la aplicación de esas disposiciones de VAWA.
A algunos defensores les gustaría ver la definición federal de lo que debe incluirse en un examen médico forense sin costo, ampliado a servicios tales como pruebas y medicamentos para el embarazo e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Dicen que esta acción establecería un estándar para las víctimas de violación en todo el país.
Janine Zweig, vicepresidenta asociada de política judicial en el Urban Institute, quien es coautora de un estudio que examina las prácticas estatales de pago para los exámenes de violación, dijo que se debe considerar una norma federal. “¿Realmente queremos que se trate del estado en el que vives?”, observó.
