En el campamento que habían montado los estudiantes dentro del campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), de repente la ginecóloga y obstetra residente Elaine Chan se sintió como una médica en un campo de batalla.
La policía avanzó hacia el campamento luego de horas de enfrentamiento y tensión.
Chan, de 31 años, voluntaria en el puesto de atención médica, dijo que los manifestantes llegaban con dificultades para caminar y con graves heridas punzantes. Pero, por el caos que reinaba afuera, había pocas posibilidades de trasladarlos a un hospital donde se les pudiera brindar otro tipo de cuidados.
Chan expresó su sospecha de que esas lesiones habían sido causadas por balas de goma u otros proyectiles “menos letales”. Después del desalojo del campamento, la policía confirmó que había usado estos dispositivos.
“Los proyectiles atravesaron la piel y se clavaron profundamente en el cuerpo de las personas”, explicó Chan. “Todos sangraban profusamente. Los médicos que nos especializamos en obstetricia y ginecología no hemos sido capacitados para atender heridos por balas de goma… No podía creer que se permitiera atacar de ese modo a civiles, a estudiantes, que tenían ningún equipo de protección”.
La protesta de la UCLA, que reunió a miles de personas que se oponen a los continuos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, comenzó en abril y alcanzó un peligroso crescendo en mayo, cuando manifestantes pro Israel y la policía se enfrentaron a los activistas y a los que los apoyaban.
En entrevistas con KFF Health News, Chan y otros tres médicos voluntarios describieron cómo debieron atender a manifestantes con heridas sangrantes, lesiones en la cabeza y huesos presuntamente fracturados en una clínica improvisada en tiendas de campaña, sin electricidad ni agua corriente.
En los puestos sanitarios del campamento hubo día y noche médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, paramédicos y voluntarios sin formación médica formal.
En muchos momentos, la escalada de la violencia fuera de la carpa sanitaria fue de tal magnitud que impedía que los manifestantes heridos llegaran hasta las ambulancias, explicaron los médicos. Esto obligó a que los heridos fueran caminando por sus propios medios hasta algún hospital cercano. A otros los llevaron más allá de los límites de la protesta para trasladarlos a una sala de emergencias.
“Nunca había estado en una situación en la que se nos impidiera ofrecer una atención de mayor nivel”, dijo Chan. “Y eso me aterrorizó”.
Tres de los médicos entrevistados por KFF Health News dijeron que estaban presentes el 2 de mayo, cuando la policía arrasó el campamento, y describieron que debieron ocuparse de múltiples lesiones que parecían haber sido causadas por proyectiles “menos letales”.
Estos proyectiles “menos letales” incluyen balas llenas de perdigones de metales pesados o plomo; y municiones comúnmente conocidas como balas de goma. Los utiliza la policía para controlar a sospechosos o para dispersar multitudes y protestas.
La policía recibió una condena generalizada por haber utilizado estas armas contra las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter, que se extendieron por todo el país tras el asesinato de George Floyd en 2020.
Aunque el nombre de estas armas parece minimizar su peligrosidad, los proyectiles menos letales pueden viajar a más de 200 mph y está comprobada su capacidad de herir, mutilar o matar.
Las entrevistas a los médicos que atendieron en la posta sanitaria contradicen directamente la versión del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Después que los agentes desalojaran el campamento, el jefe de Policía, Dominic Choi, afirmó en una publicación en la plataforma social X que “no hubo heridos graves entre los agentes ni entre los manifestantes” durante el operativo en el hubo más de 200 arrestos.
En las respuestas enviadas por correo electrónico a las preguntas de KFF Health News, tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles como la Patrulla de Carreteras de California afirmaron que investigarían cómo habían actuado sus agentes durante la protesta en la UCLA. Esas indagaciones, dijeron, darán lugar a un “informe detallado”.
La declaración de la Patrulla de Carreteras asegura que los oficiales advirtieron previamente a los manifestantes que si no se dispersaban podrían utilizar “municiones no letales”.
Después que algunos manifestantes se convirtieran en una “amenaza inmediata” porque “lanzaban objetos y armas”, algunos oficiales utilizaron “balas cinéticas especiales para protegerse a sí mismos, a otros oficiales y a los miembros del público”. Un agente resultó con heridas leves, según el comunicado.
Las imágenes de un video que circuló por Internet después del desalojo del campamento parecían mostrar a un oficial de la Patrulla de Carreteras disparando con una escopeta estos proyectiles de menor letalidad contra los manifestantes.
“El uso de la fuerza y cualquier incidente que implique el uso de un arma por parte del personal de la CHP es un asunto serio, y la CHP llevará a cabo una investigación justa e imparcial para garantizar que las acciones fueron coherentes con la política y la ley”, respondió la Patrulla de Carreteras en su declaración.
El Departamento de Policía de la UCLA, que también participó en el operativo vinculado a la protesta, no respondió al pedido de testimonio de KFF Health News.
Jack Fukushima, de 28 años, estudiante de medicina de la UCLA y socorrista voluntario, contó que presenció cómo un agente de policía les disparó a por lo menos dos manifestantes con proyectiles de menor letalidad.
Entre ellos, a un hombre que se desplomó tras recibir un impacto “justo en el pecho”. Fukushima explicó que, junto con otros médicos, acompañaron al hombre, aturdido, a la carpa sanitaria. Luego volvieron a la zona de los enfrentamientos para buscar más heridos.
“Realmente lo sentí como una guerra”, aseguró Fukushima. “Encontrarse con semejante brutalidad policial fue muy descorazonador”.
Cuando los médicos estuvieron de regreso en la primera línea, la Policía ya había traspasado los límites del campamento y se encontraba forcejeando directamente con los manifestantes, recordó Fukushima.
En esa situación, el socorrista vio como el mismo policía que antes le había disparado al herido que habían llevado al puesto sanitario ahora le disparaba a otro manifestante en el cuello. El muchacho cayó al suelo. Fukushima supuso lo peor y corrió a su lado.
“Cuando logré acercarme le pregunté: ‘Oye, ¿estás bien?’”, contó Fukushima. “Y él, con una valentía impresionante, me respondió: ‘Sí, no es mi primera vez’. Y volvió de inmediato a la acción”.
Sonia Raghuram, de 27 años, otra estudiante de medicina que colaboró en la carpa sanitaria dijo que durante el operativo policial atendió a un manifestante que tenía una herida punzante abierta en la espalda, a otro con un moretón del tamaño de una moneda en el centro del pecho y a un tercero con un corte que sangraba “a borbotones” sobre el ojo derecho y que probablemente tenía una costilla rota.
Raghuram contó que los pacientes le dijeron que las heridas habían sido causadas por los proyectiles policiales, lo que, según ella, coincidía con la gravedad de sus lesiones.
Los pacientes les advirtieron claramente que los agentes de policía se estaban acercando a la posta sanitaria, dijo Raghuram, pero ella no se movió.
“Nunca abandonaremos a un paciente”, aseguró, aludiendo al mantra de la carpa médica. “No me importa que nos detengan. Si estoy atendiendo a un paciente, eso es lo prioritario”, concluyó.
La protesta de la UCLA es una de las muchas que se han organizado en campus universitarios de todo el país. Los estudiantes que se oponen a la guerra que Israel mantiene en Gaza exigen que la universidad apoye un alto el fuego y que se retiren las inversiones que pueda tener en empresas vinculadas a Israel.
La Policía utilizó la fuerza para desalojar a los manifestantes de campamentos en la Universidad de Columbia, la Universidad de Emory y las universidades de Arizona, Utah y el sur de Florida, entre otras.
En el campus de la UCLA, el 25 de abril los estudiantes que protestaban instalaron tiendas de campaña en una plaza cubierta de césped frente al teatro Royce Hall.
El asentamiento atrajo a miles de simpatizantes, según Los Angeles Times. Días más tarde, una “violenta turba” de manifestantes de signo contrario “atacó el campamento”, informó el Times, e intentó derribar las barricadas que protegían sus límites, arrojando fuegos artificiales contra las carpas que había en su interior.
La noche siguiente, la Policía declaró ilegal la demostración y luego desalojó el campamento en las primeras horas del 2 de mayo. Hubo cientos de arrestos.
La Policía ha sido muy criticada por no haber intervenido durante el enfrentamiento entre los manifestantes que acampaban y los que fueron a atacarlos, una confrontación que se prolongó durante horas.
La red de Universidades de California anunció que había contratado a un consultor independiente en materia policial para que investigara los actos de violencia y para “resolver las preguntas sin respuesta sobre la planificación y los protocolos de la UCLA, así como sobre el trabajo de colaboración interinstitucional”.
Charlotte Austin, de 34 años, residente de cirugía, dijo que cuando los manifestantes opositores atacaron el campamento de protesta, vio a unos 10 agentes de seguridad privada del campus de pie, “con las manos en los bolsillos”, mientras los estudiantes eran golpeados y ensangrentados.
Austin asegura que atendió a pacientes con cortes en la cara y posibles fracturas de cráneo. La posta médica envió al menos a 20 personas al hospital esa noche, agregó.
“Cualquier profesional de la medicina calificaría esas lesiones de graves”, dijo Austin. “Hubo personas que debieron ser internadas, no se limitó solo a una visita a la sala de emergencias, sino que necesitaron una hospitalización real”.
Tácticas policiales: “lícitas pero horribles”
Los manifestantes de la UCLA no son los primeros heridos por proyectiles de menor letalidad, ni mucho menos.
En los últimos años, la policía de todo Estados Unidos ha disparado cientos de veces estas armas contra manifestantes, sin que prácticamente exista una normativa general que regule su uso o su seguridad. Algunos de los heridos nunca han vuelto a ser los mismos y las ciudades han gastado millones para responder a las demandas de los damnificados.
Durante las protestas que se produjeron en todo el país tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020, al menos 60 manifestantes sufrieron lesiones graves —incluso ceguera y fractura de mandíbula— por disparos de estos proyectiles, a veces en aparente violación de las políticas de los departamentos de policía, según una investigación conjunta de KFF Health News y USA Today.
En 2004, en Boston, una estudiante universitaria que celebraba la victoria de los Red Sox murió por el impacto de un proyectil lleno de gas pimienta, que le atravesó el ojo y le llegó al cerebro.
“Se llaman ‘menos letales’ por una razón”, sentenció Jim Bueermann, ex jefe de policía de Redlands, en California, que ahora lidera el Future Policing Institute. “Pueden matarte”.
Bueermann, que a petición de KFF Health News revisó las imágenes de video de la intervención de la policía en la UCLA, dijo que muestran a agentes de la Patrulla de Carreteras de California disparando balas de salva con una escopeta.
Bueermann opinó que las imágenes no proporcionaban suficiente contexto como para determinar si los proyectiles se estaban utilizando “razonablemente”, según indica la norma establecida por los tribunales federales, o se estaban disparando “indiscriminadamente”, lo que fue prohibido por una ley de California en 2021.
“Hay un dicho en la Policía — “legal pero horrible”— lo que significa que es razonable bajo los estándares legales, pero se ve terrible”, explicó Bueermann. “Y creo que un policía cargando múltiples balas en una escopeta y disparando contra los manifestantes, no es algo que se vea muy bien”.
