Colton George, un niño de 9 años, de Indiana, se sintió enfermo. Les dijo a sus padres que le dolía el estómago. No paraba de correr al baño y se sentía demasiado mal como para terminar un partido de baloncesto.
Días más tarde, estaba en una cama de hospital, luchando por su vida. La demanda presentada con fecha 17 de abril por sus padres contra un productor de lechugas ante un tribunal federal del Distrito Sur de Indiana asegura que el chico había comido una ensalada contaminada.
La bacteria E. coli, que devastó los riñones de Colton, era genéticamente idéntica a la cepa que, en el otoño anterior, había matado a una persona y enfermado a otras 90, en 15 estados. Las agencias federales de salud investigaron los casos y los relacionaron con una granja que cultivaba lechuga romana.
Pero la mayoría de la gente nunca oyó hablar de ese brote de E coli al que un memorándum interno de la FDA —fechado el 11 de febrero— relacionó con un único rancho y un único productor de lechuga como fuente de la contaminación.
En lo que muchos expertos calificaron como un cambio radical de las prácticas habituales, las autoridades nunca emitieron comunicados públicos luego de la investigación, ni tampoco identificaron al productor de la lechuga contaminada.
El gobierno de Trump ha impulsado recortes de recursos y redujo las regulaciones. Las consecuencias son desde no dar a conocer un brote importante hasta la reducción del personal especializado en alertas y normas de seguridad.
Defensores del consumidor, investigadores y ex funcionarios de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sostienen que esa política pone en riesgo un sistema fundamental que ayuda a proteger la seguridad alimentaria del país.
La investigación sobre las enfermedades comenzó hacia el final de la administración Biden, pero el trabajo sobre el brote relacionado con la lechuga no se completó hasta el 11 de febrero. En ese momento, la administración Trump tomó la decisión de no revelar los nombres ni del productor ni del procesador porque la FDA afirmó que no quedaba ningún producto en el mercado.
La administración también ha retirado una propuesta de regulación para reducir la presencia de Salmonela en las aves de corral crudas, según una alerta del USDA publicada en abril. La propuesta calculaba que esta medida ahorraría más de $13 millones al año al prevenir más de 3.000 casos de enfermedad.
Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) han afirmado que la seguridad alimentaria es una prioridad, y Marty Makary, comisionado de la FDA, declaró en una entrevista el 29 de abril con el boletín Inside Medicine que los recientes recortes de personal no afectarían el funcionamiento de la agencia.
“La FDA tenía 9.500 empleados en 2007. El año pasado eran casi 19.000. ¿Ha aumentado el 100% de empleados los tiempos de aprobación, la innovación, la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria o la moral de la agencia?”, se preguntó Makary. “No, no lo ha hecho. De hecho, ha aumentado la burocracia regulatoria”.
La FDA remitió las preguntas al HHS, que se negó a hacer comentarios o a poner a Makary a disposición para una entrevista.
En un comunicado, la agencia afirmó que “proteger la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria siguen siendo prioridades fundamentales para el HHS. Los inspectores de la FDA no se han visto afectados [por los recortes de empleos] y esta labor fundamental continuará”.
Sin embargo, defensores de la salud pública advierten que, como resultado de las recientes medidas de la FDA, las empresas y los agricultores se enfrentarán a una menor supervisión reguladora, y vender productos alimenticios contaminados tendrá menos consecuencias.
Por ejemplo, la administración está disolviendo una unidad del Departamento de Justicia (DOJ) que lleva a cabo acciones civiles y penales contra las empresas que venden alimentos contaminados y está reasignando a sus abogados.
Algunas tareas serán asumidas por otras divisiones, según un memorándum publicado por el jefe de la división penal del departamento y un informe de la firma de abogados Gibson Dunn.
El DOJ no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.
“Necesitan que el Departamento de Justicia haga cumplir la ley”, afirmó Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios del Center for Science in the Public Interest, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los consumidores. “Para un ejecutivo que invierte en seguridad alimentaria, saber que podría ir a la cárcel si no lo hace es un motivador muy poderoso”.
Los reguladores federales también quieren que los estados realicen más inspecciones, según dos ex funcionarios de la FDA, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias. Pero algunos legisladores demócratas afirman que los estados no tienen los recursos necesarios para hacerse cargo de la mayoría de estas inspecciones.
“Delegar esa responsabilidad en las agencias estatales y locales es realmente preocupante”, afirmó la representante Shontel M. Brown (demócrata de Ohio). “No tienen los recursos necesarios y eso crea una situación potencialmente insegura que pone en riesgo a las familias de Ohio y de todo Estados Unidos”, agregó.
El alto costo de las enfermedades transmitidas por alimentos
Según datos federales, las enfermedades transmitidas por alimentos tienen un gran impacto económico en Estados Unidos y causan miles de muertes cada año. El USDA estima que las muertes, las enfermedades crónicas, el tratamiento médico y la pérdida de productividad derivadas de estas afecciones ascendieron a $75.000 millones en 2023.
Cada año, alrededor de 48 millones de personas en el país desarrollan enfermedades transmitidas por alimentos; 128.000 son hospitalizadas y 3.000 mueren, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
En sus primeros meses, la administración ha suspendido un programa conocido como Food Emergency Response Network Proficiency Testing (Pruebas de Competencia de la Red de Respuesta a Emergencias Alimentarias), que garantiza que los laboratorios de análisis de alimentos identifiquen con precisión los patógenos que pueden enfermar o matar, explicó un ex funcionario de la FDA.
En marzo, la agencia anunció que retrasaría de enero de 2026 a julio de 2028 el cumplimiento de una norma de la época de Biden que tiene por objeto acelerar la identificación y retirada del mercado de los alimentos potencialmente contaminados.
Sin embargo, la FDA está apuntando contra la producción de alimentos en el extranjero, y en un aviso del 6 de mayo dijo que ampliaría las inspecciones fuera de Estados Unidos sin previo aviso. “Este enfoque ampliado marca una nueva era en la aplicación de la ley por parte de la FDA: más fuerte, más inteligente y sin concesiones en defensa de la salud y la seguridad públicas de los estadounidenses”, decía el anuncio.
Algunos funcionarios de la FDA y del USDA afirmaron que ese objetivo no es realista, ya que los inspectores estadounidenses a menudo necesitan obtener visas que pueden alertar a las empresas de su llegada.
“Es muy, muy difícil realizar inspecciones sorpresa”, afirmó Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports y ex subsecretario adjunto de seguridad alimentaria del USDA. “El proceso de obtención del visado puede alertar a las autoridades locales”, explicó.
El HHS se negó a abordar las preocupaciones de Ronholm.
La FDA no ha cumplido los objetivos obligatorios de inspección de las instalaciones alimentarias desde el año fiscal 2018, y la agencia ha incumplido sistemáticamente sus objetivos anuales de inspecciones en el extranjero, según un informe de enero de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos.
Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser graves. En abril y mayo, la bacteria Salmonela presente en pepinos enfermó a decenas de personas, y dejó al menos nueve hospitalizadas, según la FDA.
En 2008-09, un brote de Salmonela en mantequilla de maní causó la muerte de nueve personas y dio lugar a cargos penales contra los ejecutivos de la empresa. Y en 2009, la E. coli presente en masa para galletas enfermó a más de 70 personas, entre ellas una madre de Nevada que murió por complicaciones derivadas de comer la masa cruda.
“La vida o la muerte de nuestro hijo”
La E. coli, que se encuentra comúnmente en las heces, puede ser especialmente peligrosa para niños como Colton, el niño de Avon, Indiana, que comió lechuga contaminada. La bacteria puede dañar los vasos sanguíneos y causar coágulos que destruyen los riñones, lo que provoca accidentes cerebrovasculares y coma.
Los consumidores que se enferman por la E. coli pueden contagiarla a otras personas y, en algunos casos, la bacteria acaba matando a víctimas que nunca consumieron los alimentos contaminados.
Cuando la madre de Colton lo llevó a la sala de emergencias aquel día de noviembre, la bacteria ya estaba liberando toxinas y dañando sus células sanguíneas y sus riñones, según el padre, Chris George.
Colton fue trasladado al Riley Hospital for Children de Indianapolis. Chris recuerda que los médicos les dijeron a él y a su esposa, Amber George, que su hijo tenía insuficiencia renal y que las siguientes 24 a 72 horas serían decisivas para su supervivencia.
“Dijeron que era una cuestión de vida o muerte para nuestro hijo, y yo pensé: “Esperen, si solo estaba jugando al baloncesto””, dijo Chris, quien es bombero. “Les dije: “Hagan lo que tengan que hacer para salvar a mi hijo””.
Normalmente, la FDA alerta al público e identifica a los productores y fabricantes de alimentos cuando se producen brotes como el que enfermó a Colton. La FDA dijo en su resumen interno de febrero que no se reveló el nombre del productor porque no quedaba ningún producto en el mercado.
Pero Bill Marler, un abogado de Seattle especializado en litigios relacionados con la seguridad alimentaria y que representa a la familia George, dijo que la información sigue siendo importante porque puede prevenir más casos, presionar a los productores para que mejoren las condiciones sanitarias e identificar a los infractores reincidentes.
También ofrece a las víctimas una explicación de su enfermedad y les ayuda a determinar contra quién pueden emprender acciones legales, afirmó.
“Normalmente, veríamos la información en sus sitios web”, dijo Marler, agregando que las conclusiones de la investigación de la agencia sobre el brote fueron “todas censuradas” y que las obtuvo a través de una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información.
La FDA, el USDA y los CDC desempeñan un papel fundamental en la supervisión de la seguridad alimentaria, incluidas las inspecciones y las investigaciones. La FDA y los CDC se han visto sacudidos por recortes de personal que forman parte de una reducción de 20.000 empleados en el HHS, su agencia matriz. El USDA también ha reducido su plantilla.
Los recortes de personal suponen retrasos en la divulgación de brotes mortales, según Susan Mayne, profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de Yale, quien se jubiló de la FDA en 2023.
“Se está informando a los consumidores con retraso sobre notificaciones importantes relacionadas con la seguridad alimentaria”, afirmó, en referencia a un brote reciente en pepinos. “Las personas pueden morir si hay patógenos como la listeria, que puede tener una tasa de mortalidad del 30%”.
Makary ha dicho que los recortes no afectarían a los inspectores o científicos de la agencia.
Sin embargo, la FDA despidió en abril a científicos que trabajaban en laboratorios de seguridad alimentaria en Chicago y San Francisco, donde realizaban análisis especializados para los inspectores de alimentos, según ex funcionarios de la FDA. Posteriormente, la FDA restableció algunos puestos.
“¿No se despidió a ningún científico? Eso es inexacto”, dijo Mayne.
Siobhan DeLancey, que trabajó en la Office of Foods and Veterinary Medicine de la agencia durante más de 20 años antes de ser también despedida en abril, dijo que los nuevos requisitos para revisar los anuncios de la agencia se volvieron tan arduos que se tardaba semanas en obtener la aprobación de alertas que deberían haberse emitido mucho antes.
Dijo que entre los empleados despedidos hay especialistas en comunicación y personal que trabaja en internet, que se dedican a la divulgación entre los consumidores con el fin de prevenir enfermedades. El USDA y la FDA han reincorporado a algunos trabajadores o han pedido a algunos que renunciaron que reconsideraran su decisión.
“Se trata de destruir, no de mejorar la eficiencia”, afirmó DeLancey. “Veremos los efectos durante años. Costará vidas”.
El HHS no respondió a un correo electrónico en el que se les pedía una respuesta a los comentarios de DeLancey.
Colton permaneció en diálisis en el hospital durante 13 días, inicialmente sin poder comer ni beber. Su madre mojaba una esponja para humedecerle los labios y la lengua.
Cumplió 10 años en el hospital. Chris George pegó carteles en las ventanas de la habitación de su hijo.
“No estoy contento con los CDC y la FDA”, dijo Chris George. “Las víctimas tienen derecho a saber quién les ha enfermado. Se trata de mi hijo. Él es mi vida”.
Colton pudo salir del hospital casi tres semanas después de comer por primera vez la lechuga contaminada, pero sigue teniendo pesadillas sobre la terrible experiencia, y está viendo a un terapeuta.
“¿Todo eso de “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos sea saludable de nuevo), el enfoque en eliminar los colorantes alimentarios de los cereales?”, dijo Chris George, quien se opone a la decisión de la administración Trump de censurar la información sobre el productor en el informe de febrero. “¿Qué tal si eliminamos la E. coli de nuestra lechuga, para que no mate a nuestros hijos?”.
