Tras la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho federal al aborto, las cosas están más que confusas.
Mientras los tribunales inferiores lidian con leyes estatales que cambian rápidamente, las pacientes tienen que preguntarse de un día para otro si el aborto sigue siendo legal, y, si lo es, si sigue estando disponible en su estado.
Y los profesionales de salud de los estados donde se prohibe el aborto temen ser perseguidos por las autoridades estatales por realizarlos, o por las autoridades federales por NO realizarlos en situaciones de peligro para la vida o la salud.
Incluso los empleadores se ven atrapados entre normas estatales y federales, a veces contradictorias, sobre lo que se puede, lo que no, y lo que debe cubrir el seguro.
Para colmo, en medio de la confusión, hay algunas cosas que simplemente no son ciertas. Aquí tres mitos a desterrar:
MITO #1: La decisión de la Corte Suprema solo afecta a las personas que quieren abortar.
Al eliminar 49 años de política federal establecida, la Corte Suprema ha provocado enormes cambios e incertidumbres que afectan directamente a las mujeres que se quedan embarazadas. Pero no son las únicas cuya atención médica se ve alterada.
A medida que los proveedores de servicios de aborto hacen las maletas y abandonan los estados con prohibiciones, también se llevan la experiencia en la gestión de embarazos de alto riesgo, así como los partos rutinarios, en particular en las zonas menos pobladas, o el acceso a métodos anticonceptivos de acción prolongada, y la detección y el tratamiento del cáncer y las enfermedades de transmisión sexual.
Asimismo, es posible que los estudiantes y residentes médicos no quieran formarse en estados en los que no puedan aprender las técnicas de aborto, que suelen ser las mismas que las de la atención para abortos espontáneos. Esto podría provocar una escasez de personal formado para ayudar a las pacientes a dar a luz de forma segura, justo cuando más mujeres se ven obligadas a llevar sus embarazos a término.
El control de la natalidad también se ve afectado, como una consecuencia más o menos intencional. Un sistema hospitalario de Missouri dejó de distribuir temporalmente la píldora anticonceptiva “del día después”, que es un medicamento que no provoca el aborto. Este es otro mito en sí mismo: que la píldora del día después, Plan B, es lo mismo que la píldora abortiva mifepristona.
La primera es una dosis alta de anticonceptivo regular que impide la ovulación, pero no interrumpe un embarazo existente. La segunda interrumpe un embarazo aproximadamente en las primeras 10 semanas de gestación.
Y no solo las pacientes con necesidades de atención reproductiva sufren la incertidumbre. Las personas con lupus y otros trastornos autoinmunes ya informan de la dificultad para obtener metotrexato, un medicamento de primera línea para esas dolencias que también puede utilizarse como medicamento abortivo.
MITO #2: El Congreso demócrata podría haber codificado las protecciones contra el aborto mucho antes, pero decidió no hacerlo.
El 15 de julio, la Cámara de Representantes votó —por segunda vez en este Congreso— a favor de un proyecto de ley que codificaría efectivamente las protecciones federales al aborto de Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema de 1973 que garantizó el acceso a este procedimiento.
Desde que esa Corte anuló la decisión el mes pasado, los demócratas se han quejado en redes sociales y en otros lugares de que se trata de un proyecto de ley que el Congreso debería haber aprobado hace años, cuando los demócratas tenían un control más firme de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca.
Pero aunque los demócratas tenían una mayoría más amplia en el Congreso durante las presidencias de los demócratas Bill Clinton y Barack Obama, el gran número de demócratas antiabortistas en ambas cámaras significó que no hubo una mayoría para aprobar dicha legislación, y mucho menos la supermayoría de 60 votos que se habría requerido en el Senado.
Pero, en contra de lo que dicen algunos historiadores revisionistas, no se dejó de intentar.
En 1992, los líderes demócratas prometieron presentar la propuesta de “Libertad de elección”, un proyecto de ley que habría incluido el derecho al aborto en la legislación federal, aunque solo fuera para presionar al entonces presidente George H.W. Bush justo antes de la convención del Partido Republicano.
Al final, el proyecto de ley no llegó ni a la Cámara ni al Senado, ya que los líderes demócratas no pudieron reunir los votos necesarios.
De hecho, desde la sentencia de Roe, la Cámara de Representantes ha sido más antiabortista que el Senado, en parte porque muchos demócratas de distritos sureños y/o conservadores se oponen al aborto (la mayoría han sido sustituidos por republicanos), y porque el Senado ha tenido durante mucho tiempo al menos un puñado de republicanos que apoyan el derecho al aborto.
En la actualidad, esto se limita a las senadoras Susan Collins (republicana de Maine) y Lisa Murkowski (republicana de Alaska). La Cámara de Representantes obtuvo su primera mayoría a favor del derecho al aborto en 2019, cuando Donald Trump era presidente.
MITO #3: Ahora, sería sencillo para el Congreso eliminar las restricciones legales al aborto.
Con los demócratas a cargo tanto del Congreso como de la Casa Blanca, pueden simplemente cambiar las leyes existentes que limitan el aborto, según los activistas. De hecho, en los presupuestos del presidente Joe Biden en 2021 y 2022 se propuso eliminar la llamada “Enmienda Hyde”, que lleva el nombre de su patrocinador, el fallecido representante Henry Hyde (republicano de Illinois), que ha prohibido la mayor parte de la financiación federal del aborto desde finales de la década de 1970.
Pero aunque la Cámara de Representantes votó en 2021 el proyecto de ley de financiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), sin la cláusula sobre el aborto por primera vez en décadas, los republicanos del Senado volvieron a imponer las restricciones en la redacción final de la medida. Se espera que ocurra lo mismo este año. Los demócratas solo tienen 50 escaños en el Senado y necesitan al menos 10 republicanos en cualquier proyecto de ley que se vea amenazado por un filibusterismo (obstruccionismo parlamentario mediante un discurso de larga duración).
La Enmienda Hyde también podría impedir que el gobierno federal permita que las clínicas de aborto funcionen en terrenos federales, como han pedido muchos progresistas. Pero otras cuestiones más complicadas entre el gobierno federal y el estatal pueden poner en riesgo esa posibilidad.
Para complicar aún más las cosas, el lenguaje Hyde en el proyecto de ley de gastos del HHS está lejos de ser la única restricción al aborto incluida en la ley federal. Aunque los defensores del derecho al aborto han rechazado con éxito la mayoría de los esfuerzos para hacer permanentes estas restricciones, otros proyectos de ley de gastos incluyen anualmente límites al aborto en el ejército, en las prisiones federales, en el Servicio de Salud Indígena y como prestación de seguro para los trabajadores federales. El Congreso también ha limitado la capacidad del Distrito de Columbia para usar fondos de los impuestos locales en el aborto.
Es posible que la revocación de Roe lleve a la anulación de algunas de estas restricciones. Pero con la escasa mayoría demócrata en el Senado, no es probable, al menos en 2022.
