Al comienzo de la pandemia, Ximena Rebolledo León, enfermera registrada en el Centro Médico Regional de Telluride, en el suroeste de Colorado, necesitaba encontrar a todas las personas que habían estado en contacto con un trabajador latino enfermo cuyo jefe le había dicho que perdería su empleo si no se presentaba a trabajar.
El hombre había ido a trabajar y había infectado a cuatro compañeros, todos latinos, con COVID-19, por lo que Rebolledo León tuvo que rastrear sus movimientos para determinar quién más había estado expuesto al coronavirus en la rica comunidad de pistas de esquí.
“Terminé llamando a 13 familias y puse a un total de 85 personas en aislamiento o cuarentena”, recordó Rebolledo León.
Las personas que luchan contra la propagación de COVID-19 enfrentan muchos desafíos específicos, al rastrear contactos entre inmigrantes latinos de bajos ingresos en comunidades cerradas.
Las disparidades en la atención de salud de larga data, la inseguridad laboral, el estatus migratorio, las barreras del idioma y una profunda desconfianza en el gobierno complican la ya difícil tarea.
COVID-19 también ha resaltado lo esenciales que son estos inmigrantes para sus comunidades.
Si bien Telluride es conocido por su deslumbrante centro turístico en las montañas, el lugar funciona gracias a los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes de primera generación, en los alrededores del condado de San Miguel.
Cuando el centro médico implementó nuevos protocolos de limpieza por COVID, recayó en el personal de limpieza latino. Los supermercados, restaurantes y muchos otros negocios permanecieron abiertos sólo porque sus trabajadores hispanos continuaron yendo a trabajar.
“Son la columna vertebral que hace funcionar a este pueblo”, dijo Rebolledo León.
Es por eso que los trabajadores latinos de primera línea, en Telluride y en todo el país, sufren algunas de las mayores consecuencias de COVID-19. Los hispanos en los Estados Unidos enfrentan tasas de infección más altas que la población general. Y si bien representan aproximadamente el 17% de la población, contabilizan el 24% de las muertes por COVID.
Al 6 de diciembre, el condado de San Miguel tenía 267 casos confirmados de COVID-19, pero ninguna muerte. Los hispanos representan aproximadamente el 11% de la población de cerca de 8,000, pero el 23% de los casos de marzo a agosto.
Aun así, pasaron semanas mientras avanzaba la pandemia hasta que el departamento de salud del condado proporcionara información sobre el virus en español o en chuj, una lengua maya que hablan muchos de los residentes latinos que son oriundos de Guatemala.
“Estábamos en modo de crisis y creo que una de las primeras cosas que se queda en el camino es la equidad en salud”, dijo Grace Franklin, directora del departamento de salud. “Nos tomó un poco de tiempo reenfocarnos y decir: ‘¿Qué nos falta? ¿A quién estamos perdiendo?’”.
Desde entonces, funcionarios de salud pública, como los de Telluride y el condado circundante, se están apoyando en voces confiables como Rebolledo León desde dentro de esas comunidades de inmigrantes para rastrear y contener al virus, y para ayudar a las personas vulnerables a acceder a la atención y a los recursos que necesitan.
“La confianza es un factor enorme”, dijo Maggie Gómez, subdirectora del Center for Health Progress, un grupo de defensa de salud con sede en Denver. “Cuando apareces en una comunidad latina con un traje, y estás llamando a la puerta y no saben quién eres, pueden decir que no eres de allí, van a sospechar”.
Muchas de las personas a las que llamaba Rebolledo León no habían recibido ni la información más básica sobre COVID-19 en palabras que pudieran entender.
La enfermera dijo que no habían recibido mensajes claros sobre por qué tenían que quedarse en casa si no se sentían enfermos, o por qué una prueba de COVID negativa no significaba que estaban a salvo.
Rebolledo león llamaba a los hogares todas las mañanas, verificaba si alguien había desarrollado síntomas o si necesitaban comida u otro apoyo para permanecer en cuarentena. Les daba su número de celular personal.
“Quería que tuvieran acceso a una enfermera”, dijo. “Así que se convirtió en un trabajo de 24 horas al día”.
Una mujer con diabetes llamó para preguntar si estaría segura trabajando en un restaurante. Una limpiadora se preguntó si era seguro trabajar si los dueños estaban en casa. La llamaban a altas horas de la noche y le preguntaban si deberían ir a la sala de emergencias cuando tenían problemas para respirar.
“¿Tienes seguro? Sí, vas a la sala de emergencias”, dijo. “¿Pero si no tienes seguro? Estás aterrorizado con una cuenta de $2000”.
Cada vez que había nueva información, Rebolledo León, quien emigró de México hace más de 20 años, grababa videos en español en su teléfono, los subía a Facebook y los enviaba por mensaje de texto. Ella no habla chuj, pero el departamento de salud contrató a un intérprete y publicó un video de COVID en Chuj en su sitio web.
Los videos se volvieron virales entre las comunidades latinas del condado. Tanto que muchas personas que Rebolledo León nunca había conocido la reconocían como la Enfermera Ximena de los videos.
Pero para el verano, Rebolledo León estaba abrumada y tuvo que dar un paso atrás para concentrarse en su trabajo en el Centro Médico Telluride. En abril, el departamento de salud del condado contrató a Dominique Bruneau Saavedra, un arquitecto que emigró de Chile en 2016 y había estado trabajando en una organización sin fines de lucro local.
Bruneau Saavedra se hizo cargo de la mayor parte del rastreo de contactos entre los residentes de habla hispana.
En un caso, Bruneau Saavedra pidió a cuatro hombres latinos que se pusieran en aislamiento. Uno perdió su trabajo por eso. Muchas de las personas con las que entraba en contacto tenían varios trabajos. Eso ampliaba sus potenciales contactos.
Las viviendas destinadas a cuatro personas a menudo albergan a seis o siete, dijo. Algunas casas tenían un solo baño, lo que dificultaba que una persona se mantuviera aislada del resto. Para muchos inmigrantes, todo su círculo social son las personas con las que trabajan, dijo. Cuando se les pide que se mantengan alejados de sus trabajos, es posible que no tengan otros amigos fuera de su hogar que puedan ayudarlos con la comida u otras necesidades.
Bruneau Saavedra también descubrió que muchos de los que tenían varios trabajos usaban diferentes nombres o apodos en cada empleo. Al tratar de rastrear posibles casos, a veces descubría que dos nombres en su lista eran la misma persona, y tenían el mismo número de celular.
Pero también encontró hogares en los que varios residentes compartían un solo número.
Bruneau Saavedra dijo que, cuando llamaba a personas no hispanas, notaba una diferencia en su nivel de preocupación. Algunos optaban por aislarse yendo a acampar solos en el bosque, dijo, casi como unas vacaciones.
Para los inmigrantes de bajos ingresos, el aislamiento puede significar una crisis económica y legal. En Colorado, se estima que 1 de cada 3 inmigrantes es indocumentado.
Si bien los servicios sociales pudieron ayudar con alimentos y otra asistencia, las agencias necesitaban saber los números de Seguro Social, el estatus migratorio y quién más vivía en el hogar. Algo que llevaba al fracaso para muchos que tenían problemas de estatus, o familiares indocumentados que vivían con ellos.
“Ha sido una lucha en cada paso”, dijo Rebolledo León. “Si eres indocumentado en este país, sabes que la información que estás compartiendo podría poner a muchos otros en serios problemas”.
Telluride es tan pequeño que cuando una persona está infectada, no es difícil encontrar conexiones con la mitad de la ciudad.
Por otro lado, Bruneau Saavedra agregó que el condado tiene suerte porque es una comunidad pequeña.
“Parece que el rastreo de contactos es manejable y posible, a diferencia de una infraestructura urbana”, dijo Bruneau Saavedra. “Todos se conocen”.