Los reguladores de California están proponiendo establecer un límite estricto a una sustancia química tóxica producida por el hombre que ha contaminado los suministros de agua en todo el estado, particularmente en el corazón de la vasta zona agrícola.
California sería el segundo estado, después de Hawaii, en establecer un tope para el ingrediente que previamente se usaba en pesticidas y disolventes industriales conocido como TCP (1,2,3-tricloropropano) en el agua potable. El compuesto químico, identificado en California como un carcinógeno humano, ya no se usa en gran cantidad, pero se ha filtrado a lo largo de los años en muchos pozos y embalses en California y otros estados.
La propuesta de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California establecería la cantidad máxima permitida de TCP en el agua potable pública en cinco partes por trillón, el nivel más bajo que los sistemas de filtración existentes pueden detectar de manera confiable y muy inferior al de Hawaii.
“Es una prioridad para la junta estatal”, dijo Andrew DiLuccia, el portavoz de la junta.
El TCP daña los sistemas de agua que sirven a casi un millón de personas desde Sacramento a San Diego, según la junta. De acuerdo a los datos de 2016, el compuesto está presente a niveles por encima del límite propuesto en 562 pozos, embalses y otras fuentes pertenecientes a 94 sistemas públicos de agua. Estos números no incluyen pozos privados.
Citando datos federales, el Environmental Working Group (EWG), una organización de defensa con sede en Washington, D.C., dice que este químico también se ha detectado en el suministro de agua de una docena de otros estados, incluyendo Nueva York, Pennsylvania y Nueva Jersey, así como Puerto Rico. El grupo dijo que el grado de contaminación es probablemente subestimado porque las pruebas federales usaron un tope de contaminación mucho más alto que el de California. El gobierno federal no ha establecido restricciones al TCP en el agua potable.
Una vez que el TCP entra en el agua subterránea, “persiste durante siglos”, según el informe de abril del EWG.
En California, hay contaminación en muchas áreas urbanas, incluyendo los condados de Los Ángeles, San Bernardino y San Mateo. Aunque se desconoce el origen en esas regiones más pobladas, se cree que la contaminación proviene de sitios de desechos industriales y peligrosos.
“Los Ángeles tiene un poco de contaminación”, dijo Andria Ventura, gerente de programas de tóxicos para el grupo de defensa ambiental Clean Water Action. “Es difícil para los proveedores de agua determinar de dónde proviene”.
Pero la contaminación de TCP más grave y generalizada de California se encuentra en los condados agrícolas de Central Valley, donde el químico era un ingrediente en los fumigantes para suelo vendidos por las compañías Shell Oil y Dow Chemical desde por lo menos los años 50 hasta la década de los 80.
Durante ese período, los agricultores que cultivaban papas, remolacha y otros vegetales usaban fumigantes para matar unos minúsculos gusanos llamados nematodos, que habitaban el suelo. Decenas de municipios y proveedores públicos de agua en todo el estado han presentado demandas contra Shell y Dow, alegando que las compañías sabían, o debieron haber sabido, que el TCP en sus pesticidas para fumigar suelo migraría a las aguas subterráneas y representaría un grave peligro para la salud.
Shell y Dow han negado las irregularidades. Shell dejó de vender su producto, conocido como D-D, a mediados de los ochenta. Al mismo tiempo, Dow optó por reformular su fumigante, conocido como Telone, tras lo cual el TCP bajó a niveles “generalmente indetectables”, según Jarrod Erpelding, portavoz de la compañía. Se negó a comentar más, citando los litigios pendientes.
Shell envió una respuesta por correo electrónico: “El antiguo producto agrícola de Shell, fabricado por última vez hace más de 30 años, contenía trazas de 1,2,3 tricloropropano (TCP). Se usó para controlar gusanos microscópicos que atacaban los cultivos causando a los agricultores pérdidas de millones de dólares en cultivos cada año y fue aprobado para su uso por el gobierno de los Estados Unidos y el estado de California”.
Defensores del medio ambiente dicen que la adopción de un límite regulatorio para el TCP es un paso crucial para ayudar a que los distritos de agua rurales con escasez de dinero, paguen por la limpieza de su agua potable.
“Permite que los distritos sean muy específicos al ir a la corte y decirle al juez, ‘Vamos a necesitar exactamente esta cantidad de dinero para comprar este tipo de sistema para cumplir con los estándares estatales'”, dijo Bill Walker, director del Grupo de Trabajo Ambiental y coautor del informe sobre el papel de Shell y Dow en el problema del TCP en el agua potable en California.
“No hay garantía de que ganen”, dijo, “pero aumenta su influencia”.
Tap water contaminated with TCP was detected in several states outside of California from 2013 to 2015. (Environmental Working Group)
En una audiencia pública el 19 de abril, los miembros de la junta del agua escucharon testimonios y recibieron comentarios por escrito sobre el límite propuesto. Ahora, la junta está revisando la información que recibió y probablemente votará el plan este verano, dijo DiLuccia.
La regulación requeriría que las compañías de agua analicen el TCP en sus suministros y que lo retiren de cualquier fuente pública de agua potable que exceda el límite, a partir de 2018.
El límite propuesto es más estricto que el de Hawaii porque ayudará a California a cumplir con su “meta de salud pública” para el TCP establecida en 2009, dijeron las autoridades.
Aunque es difícil saber cuánto tiempo podría durar la limpieza de California, el costo de las pruebas de TCP y su posterior limpieza podría alcanzar un gasto de casi $500 millones en 20 años, de acuerdo con una estimación de la junta.
La contaminación de TCP “afecta de manera desproporcionada a las comunidades pobres y a las comunidades de color”, dijo Jenny Rempel, del Community Water Centre, un grupo de defensa de Visalia, California. “Este es un problema donde el costo no debe ser cubierto por los contribuyentes”.
Todd E. Robins, abogado de San Francisco que representa a más de dos docenas de proveedores de agua que están demandando a Shell y Dow, argumenta que las compañías incluyeron TCP en sus pesticidas para matar gusanos para deshacerse del compuesto sin tener que pagar por una eliminación adecuada. Era un derivado de procesos de manufactura no relacionados y, según las demandas, no jugó ningún papel en matar a los gusanos que dañaban las plantas.
“El TCP que encontramos hoy en las aguas subterráneas es el resultado del uso pasado de fumigantes para suelo que contenían TCP como un ingrediente innecesario”, dijo Robins. “En lugar de pagar por los costos de eliminación de residuos, consiguieron que los agricultores pagaran por ellos”.
“La parte más triste de la historia”, agregó Robins, “es que el ingrediente activo real se rompe en el suelo después de una cuestión de días y rara vez se ha detectado en el agua subterránea de alguien”.
Una de las demandas presentadas por Robins, en nombre del Distrito de Servicio Comunitario de Del Rey, en el condado de Fresno, dice que las compañías sabían que podían eliminar o reducir la cantidad de TCP en sus pesticidas sin comprometer su efectividad, pero no lo hicieron.
La denuncia llama al TCP un “residuo peligroso”, un subproducto creado en la fabricación de un producto químico diferente, el cloruro de alilo, que Shell y Dow utilizan para fabricar plásticos y otros productos comerciales.
Un memorando interno de Shell descubierto en el litigio de Robins cita $3,2 millones en ahorros por “evitar gastos por eliminación de residuos” relacionado con las operaciones de cloruro de alilo. El memo está fechado el 20 de enero de 1983, un año antes de que la compañía dejara de producir el pesticida con TCP.
Además de los casos pendientes, que también nombran a los distribuidores y vendedores como demandados, Robins dijo que ha resuelto ocho casos contra Shell y Dow desde 2010. Dijo que no puede revelar las cantidades debido a los acuerdos de confidencialidad.
En diciembre pasado, en un caso liderado por otro abogado, un jurado del Tribunal Superior de Fresno otorgó a la ciudad de Clovis $22 millones contra Shell para limpiar su agua potable contaminada con TCP.
En 2010, en un caso presentado por la ciudad de Redlands, Shell ganó. La empresa argumentó que una planta aeroespacial cercana era la fuente de la toxina. Por otra parte, los pozos en cuestión se utilizaron para el riego, y el jurado no creyó que alguna vez se utilicen para agua potable.
A medida que avanzan los juicios, algunos residentes de California hacen lo que pueden para protestar contra los químicos tóxicos en su suministro de agua. Bartolo Chávez, de 57 años, tomó unos días en su trabajo en una casa de envasado de jugos para testificar en la reciente audiencia en Sacramento.
“Hablamos de los contaminantes y del peligro”, dijo Chávez, quien ha vivido 21 años en la ciudad de Arvin, California, en Central Valley. “Y (a lo que) estamos expuestos”.
Dijo que obtiene fichas del distrito de agua para obtener agua pura filtrada, no sólo por el TCP sino por otros contaminantes, como el arsénico y el cromo-6.
“Pero las fichas no son suficientes”, dijo Chávez, hablando en español con ayuda de un intérprete. “Así que, además, compramos agua embotellada en Costco”.
Chávez y su esposa, quien trabaja en un hotel, pagan alrededor de $50 al mes por esa agua, un precio que, dicen, apenas pueden cubrir. Pero dejar Arvin tampoco es una opción, dijo Chávez.
“He pensado en mudarme, pero no es tan fácil encontrar trabajo en otros lugares, especialmente cuando eres mayor”, dijo. “Nuestra casa ya casi está pagada, y mudarnos sería empezar de nuevo, así que es casi imposible”.
