Tameka Henry se encarga de su marido discapacitado, su abuelo de 87 años y sus cuatro hijos, que tienen entre 10 a 16 años. Dos de ellos tienen asma. Su marido tiene una condición intestinal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes. Está desempleado.

Henry, que gana alrededor de $30,000 al año como administradora de casos para un proveedor de salud que atiende problemas de conducta, ahorra días de enfermedad y tiempo de vacaciones para usar cuando alguien en la familia está enfermo o necesita ayuda. Dijo que su marido a menudo requiere de horas de atención diaria.

“No he tenido vacaciones en más de 10 años”, dijo Henry, quien vive en Las Vegas. “Pero sé que tengo suerte porque mi empleador entiende mi situación y me da un tiempo libre”.

Lo que el jefe de Henry no provee, ni su estado ni el gobierno federal, es licencia familiar o médica. De hecho, los Estados Unidos es el único país industrializado rico que no garantiza una licencia paga para cuidar a un niño nuevo, o adoptado, a un miembro de la familia enfermo o para abordar el problema de salud grave de una persona.

Tanto los republicanos como los demócratas pueden estar actuando para cambiar esto.

En su presupuesto de 2018, la administración Trump incluyó un plan nacional de vacaciones pagas para padres después del nacimiento o adopción de un niño. Es una acción infrecuente para un nuevo programa de derechos de la administración que aún no ha sido aprobado por los líderes del partido republicano en Capitol Hill. Esos legisladores están ponderando opciones para controlar el gasto en otros derechos, incluyendo el Medicaid.

La “primera hija”, Ivanka Trump, lidera la iniciativa en la Casa Blanca. Se proponen seis semanas de vacaciones pagas para madres y padres a un costo anual estimado de $25 mil millones, financiado mediante la reestructuración del sistema federal de seguro de desempleo.

Los demócratas del Congreso, por su parte, han reintroducido la licencia familiar o de seguro médico, conocido como FAMILY Act, que presentaron por primera vez en 2013. Esta ley permitiría a todos los trabajadores tomarse hasta 60 días de vacaciones pagas por año para cuidar a un niño nuevo, un miembro de la familia enfermo o de sus propias enfermedades. Los trabajadores recibirían hasta el 66% de sus salarios regulares a un máximo de $1,000 por semana. El programa, inicialmente introducido en 2013, se financiaría con un impuesto al salario de 0,4% sobre los salarios de los trabajadores, repartido uniformemente entre empleadores y empleados.

“Creemos firmemente que esto es lo correcto”, dijo Vicki Shabo, vicepresidenta de la National Partnership for Women & Families en Washington, DC, que apoya el proyecto de ley de los demócratas. “¿Por qué algunas personas tienen este beneficio y otras no dependiendo de ​​en donde viven o el trabajo que tienen, cuando está claro que todo el mundo lo necesita?”.

Los legisladores republicanos han contraatacado este año con el Strong Families Act. Ese proyecto de ley daría a los empleadores que ofrezcan al menos dos semanas de licencia familiar o médica pagada un crédito fiscal del 25% por los salarios pagados a los trabajadores que toman hasta 12 semanas de licencia. El crédito se limitaría a $3.000 por empleado por año. Este crédito cesaría por completo dos años después de su promulgación.

Los opositores a estos programas gubernamentales no cuestionan los beneficios de las vacaciones pagadas. En su lugar, argumentan, es mejor dejarlo como una opción voluntaria por parte de las empresas, que pueden adaptar sus políticas a las necesidades de sus fuerzas de trabajo.

Ivanka Trump reconoció recientemente ese argumento y dijo que cualquier plan nacional debería alentar a las empresas privadas a proporcionar beneficios por vacaciones pagas a los empleados. En una carta al Wall Street Journal de este mes, dijo que un programa de licencia pagada por el gobierno para nuevos padres era necesario para aquellos “que más lo necesitan y son menos propensos a recibirlo de su empleador”.

Las tendencias cambiantes en la economía y el aumento del apoyo a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada son las fuerzas que impulsan el interés por las vacaciones pagas. Sólo la mitad de las nuevas madres toman tiempo remunerado fuera de sus trabajos para cuidar a un nuevo niño, y alrededor de un cuarto de las madres están de vuelta en el trabajo dentro de las dos semanas de haber dado a luz.

Como resultado, las vacaciones pagas ahora tienen un amplio apoyo público. Según una encuesta del Pew Research Center realizada con 2,029 adultos, dada a conocer en marzo, el 82% apoya la licencia de maternidad paga, el 69% apoya la licencia de paternidad pagada, el 67% apoya el permiso de cuidado familiar pagado (por una enfermedad en la familia), y el 85% apoya la licencia paga para hacer frente a una propia condición grave de salud.

“Este es el momento para poner en marcha esta idea”, dijo Aparna Mathur, economista del conservador American Enterprise Institute y codirectora de un proyecto conjunto sobre licencia pagada con el liberal Brookings Institution. “Pero, por supuesto, hay desacuerdo sobre la mejor manera de hacerlo. Y, sí, será una batalla política cuesta arriba”.

Hasta la fecha, cinco estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes para licencias para padres y médicas. California, Rhode Island y Nueva Jersey han implementado programas. Nueva York, Washington y el Distrito de Columbia lo harán en los próximos años.

Una ley de 1993, la Family and Medical Leave Act (FMLA, por sus siglas en inglés), otorga a algunos trabajadores 12 semanas de permiso por enfermedad o licencia médica sin goce de sueldo, con una garantía federal de protección laboral. Pero, con las restricciones de elegibilidad, cubre sólo el 60% de la fuerza laboral.