Stacey Knoll pensó que la citación judicial que había recibido era una estafa.
Se había atendido en la sala de emergencias del hospital sin fines de lucro Montrose Regional Health en 2020, pero no recordaba que le hubieran llegado facturas por atención médica.
Por eso se sorprendió cuando, tres años después, su empleador recibió una orden judicial para que le retuviera parte de su salario y comenzara a derivarlo a una agencia de cobro por una factura médica impaga de $881 que, con intereses y costos judiciales, ya sumaba $1.155,26.
El momento no podía ser peor. Luego de salir de un matrimonio problemático y vivir en un refugio, Knoll había conseguido la custodia total de sus tres hijos, una vivienda estable en Montrose, Colorado, y un trabajo en una gasolinera.
“Y justo en ese momento recibí la orden de embargo del tribunal”, contó. “Fue aterrador. Nunca había estado sola ni había criado a mis hijos sola”.
KFF Health News revisó 1.200 casos —registrados en Colorado entre el 1 de febrero de 2022 y el 1 de febrero de 2024— en los que la justicia había autorizado embargar sueldos por deudas impagas. Al menos el 30% de esos casos estaban relacionados con servicios médicos, incluso cuando las facturas deberían haber sido cubiertas por Medicaid, el programa de salud federal gerenciado por los estados para personas con bajos ingresos o discapacidades.
Ese 30% probablemente sea una subestimación, ya que muchas veces la deuda médica se oculta bajo otras formas de deuda, como tarjetas de crédito o adelantos de sueldos. Pero incluso esa cifra mínima equivaldría a unos 14.000 casos al año, en los que los tribunales aprueban embargos de sueldo por deudas médicas en Colorado.
Otros hallazgos
- Se persiguió a los pacientes por facturas médicas que iban desde menos de $30 hasta más de $30.000, y la mayoría era menor de $2.400. A medida que los casos avanzaban en el sistema judicial, acumulando intereses y costos legales, las deudas solían crecer en un 25%. En un caso, se multiplicó por más del 400%.
- Las personas podían ser embargadas hasta 14 años después de haber recibido atención médica, incluso si cambiaban de trabajo.
- Detrás del cobro de esas deudas hay todo tipo de proveedores médicos: grandes cadenas de salud, hospitales rurales pequeños, grupos de médicos, servicios públicos de ambulancia, entre otros. En varios casos, los hospitales obtuvieron autorización para embargar el salario de sus propios empleados por facturas pendientes de pago por haberse atendido en esas mismas instituciones.
Sin embargo, Colorado no es una excepción: es uno de los 45 estados que permiten el embargo de sueldos por deudas médicas. Solo Delaware, Nueva York, North Carolina, Pennsylvania y Texas lo prohíben.
Como ha informado KFF Health News, la deuda médica es devastadora para millones de personas en todo el país. Y es probable que el problema se agrave aún más a nivel nacional. Se prevé que millones pierdan su seguro médico en los próximos años debido a los cambios en Medicaid introducidos en la ley fiscal y de presupuesto del presidente Donald Trump y si el Congreso permite que expiren algunos subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Eso significa que, para quienes pierdan el seguro, la crisis de salud también podría convertirse en una espiral de deudas médicas
Y el daño perdurará: las grandes facturas médicas impagas seguirán apareciendo en los informes crediticios en la mayoría de los estados después de que, en julio, un juez federal anuló una nueva norma destinada a proteger a los consumidores.
“Si no puedes mantener tu salud, ¿cómo vas a trabajar para pagar una deuda?”, dijo Adam Fox, subdirector de Colorado Consumer Health Initiative, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es reducir los costos de atención médica. “Y si, básicamente, no puedes pagar la factura, el embargo de tu salario no te va a ayudar a hacerlo. Te va a poner en una situación financiera aún más difícil”.
A ciegas ante la deuda médica
Cuando una persona no paga una deuda, el acreedor —ya sea que deba la reparación de una puerta de garaje, un préstamo para comprar un auto o atención médica— puede llevarla a juicio. También puede vender la deuda a una agencia de cobro o a un comprador de deuda, que a su vez puede hacer lo mismo.
“En cualquier momento, alrededor del 1% de los adultos con empleo están siendo embargados por alguna razón”, dijo Anthony DeFusco, economista de la University of Wisconsin-Madison, quien estudió datos de sueldos de ADP, una empresa que procesa las nóminas de alrededor del 20% de los trabajadores del sector privado en Estados Unidos. “Eso es una porción grande de la población”.
Sin embargo, hay pocos estudios específicos sobre la práctica de embargar salarios por deudas médicas. Estudios realizados en North Carolina, Virginia y Nueva York han demostrado que los hospitales sin fines de lucro frecuentemente embargan salarios y en muchos casos las personas afectadas tienen empleos de bajos ingresos.
Marty Makary, quien dirigió una investigación sobre este tema en Virginia desde la Johns Hopkins University, antes de unirse al gabinete de Trump como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), calificó esta práctica como “agresiva”.
En un estudio que escribió con otros profesionales, Makary encontró que en 2017 el 36% de los hospitales en Virginia —la mayoría sin fines de lucro y en zonas urbanas— embargaban sueldos para cobrar deudas, afectando a miles de pacientes.
Sin embargo, los hallazgos de KFF Health News en Colorado muestran que los hospitales no son los únicos proveedores médicos que persiguen los cheques de pago de los pacientes.
Investigadores y defensores advierten que, además de la falta de datos en los tribunales, hay otro factor que oculta la magnitud del problema. “La gente siente vergüenza de tener deudas”, afirmó Lester Bird, gerente sénior de Pew Charitable Trusts, especialista en temas judiciales. “Todo esto ocurre en las sombras”.
Sin datos sobre la frecuencia de esta práctica, los legisladores están tomando decisiones a ciegas, aunque una encuesta de Associated Press-NORC en 2024 reveló que 4 de cada 5 adultos creen que el gobierno federal debería ayudar a aliviar la deuda médica.
Embargos imposibles
Colorado fue uno de los primeros 15 estados que eliminaron la deuda médica de los informes de crédito. Además, los compradores de deuda no pueden embargar la vivienda de un paciente. Si quienes reúnen los requisitos aceptan pagar en cuotas mensuales, los pagos no deberían superar el 6% de los ingresos familiares y la deuda restante se cancela después de unos tres años de pagos.
Pero si no aceptan un plan de pago, a los habitantes de Colorado se les puede embargar hasta el 20 % de sus ingresos disponibles. El National Consumer Law Center otorgó al estado una calificación “D” por la protección estatal de las finanzas familiares.
“Ya me estoy atrasando con el pago de la electricidad, el gas, el agua, las tarjetas de crédito”, escribió un hombre del oeste de Colorado en una carta a un juez, que KFF Health News obtuvo en los expedientes judiciales. Los registros muestran que trabajaba en construcción y en una tienda de alquiler con opción a compra y debía unos $8.000 por atención médica. Le dijo al juez que estaba pagando cerca de $1.000 al mes.
“Si esto sigue así, voy a perderlo todo”, explicó.
Las personas demandadas que figuraban en la muestra se desempeñaban en muy diversos rubros: distritos escolares, ganadería, minería, construcción, gobiernos locales e incluso el propio sector de salud. Varias trabajaban en Walmart, Family Dollar, gasolineras, restaurantes o supermercados.
“Están golpeando a la gente cuando ya está en el suelo”, dijo Lois Lupica, exabogada de la organización Community Economic Defense Project, con sede en Denver, y del proyecto Debt Collection Lab de la Princeton University. “Básicamente están demandando a gente que no tiene ni un centavo para dar”.
En 2022, los tribunales autorizaron al sistema de salud Valley View, con sede en Glenwood Springs, a embargar el sueldo de una paciente por una factura médica de $400. La paciente trabajaba en una organización local que el sistema sanitario apoyaba como parte de los beneficios comunitarios que ofrece para mantener su estatus libre de impuestos.
Los hospitales sin fines de lucro como Valley View están obligados a proporcionar beneficios comunitarios, que pueden incluir atención gratuita que ayuda a cubrir las facturas médicas de los pacientes.
Stacey Gavrell, directora de relaciones comunitarias de Valley View, dijo que ofrecen opciones como planes de pago sin intereses y atención gratuita o con descuento para familias con ingresos de hasta el 500% del nivel federal de pobreza.
“Como el proveedor de salud más grande de nuestra región rural, es fundamental para la salud y el bienestar de nuestra comunidad que Valley View siga siendo financieramente viable”, señaló. “La mayoría de nuestros pacientes trabajan con nosotros para desarrollar un plan de pago o solicitan asistencia financiera”.
La agencia de cobro que llevó a juicio a esa trabajadora, A-1 Collection Agency, se presenta en su sitio web como empática: “Entendemos que los tiempos son difíciles y el dinero escasea”.
Pilar Mank, encargada de operaciones de Healthcare Management —la empresa matriz de A-1— dijo que aceptan pagos desde $50 dólares mensuales y que la mayoría de los hospitales con los que trabajan permiten ofrecer un descuento si el paciente abona todo de una vez.
“Demandar a un paciente es absolutamente el último recurso”, afirmó. “Hacemos todo lo posible para trabajar con ellos”.
En algunas ocasiones, los hospitales embargan el salario de sus propios empleados por atención médica recibida en la misma institución. En un caso, una trabajadora del hospital pasó de ser empleada de limpieza a registradora y luego analista de calidad. Incluso participó en eventos públicos representando a su empleador y apareció en el sitio web del hospital como empleada destacada. Aun así, los tribunales emitieron órdenes de embargo hasta que pagó su deuda médica de $10.000.
“El cuidado hospitalario cuesta dinero”, argumentó Julie Lonborg, vocera de la Colorado Hospital Association, sobre esta práctica. “En cierto modo, me parece gracioso que nos hagan esta pregunta. Entendería si alguien preguntara: ‘¿Por qué no están embargando su salario?’”.
Según April Kuehnhoff, abogada sénior del National Consumer Law Center (Centro Nacional de Derecho del Consumidor), los embargos salariales representan solo el 0,2% de los ingresos hospitalarios.
“Y sabemos que hay estados que directamente no lo permiten”, añadió. “Los hospitales siguen brindando atención médica a los pacientes”.
Bueno para unos, malo para otros
Los prestadores de salud aparecieron como demandantes directos en solo el 2% de los casos de deuda médica. Casi todas las demandas fueron presentadas por agencias de cobro o compradores de deuda, siendo BC Services y Professional Finance Company responsables de más de la mitad, seguidos por A-1 Collection Agency y Wakefield & Associates.
Estas empresas ganan dinero comprando deudas que los proveedores ya dieron por perdidas y luego intentando cobrar lo que puedan, con intereses. Cobran un porcentaje de lo que logran recuperar. Algunas compañías hacen ambas cosas.
BC Services no hizo comentarios y Wakefield & Associates no respondió a las preguntas.
Charlie Shoop, presidente de Professional Finance Company, dijo que su empresa inicia embargos en menos del 1% de todas las cuentas que recibe para cobro.
Los proveedores de atención médica de Colorado ya no pueden esconderse detrás de los nombres de los cobradores de deudas cuando demandan a las personas. Lo prohibió una ley estatal de 2024 impulsada por una investigación de 9News-Colorado Sun en colaboración con un proyecto informativo de Colorado News Collaborative-KFF Health News.
En muchos estados, el proceso de demanda y embargo es relativamente sencillo, sobre todo si la persona demandada no se presenta ante el tribunal.
“Es increíblemente fácil”, dijo Dan Vedra, un abogado de Colorado que representa a consumidores en casos de deuda. “Si tienes un procesador de textos y una hoja de cálculo, puedes generar miles de demandas en horas o minutos”.
En la muestra revisada por KFF Health News, casi todos los casos de deuda médica terminaron con sentencias en rebeldía, lo que significa que el paciente no se defendió en el tribunal ni por escrito. Las ausencias pueden deberse a varios motivos: no recibir la notificación por correo, suponer que es una estafa, ignorarla deliberadamente o no poder ausentarse del trabajo.
Vedra y otros expertos dijeron que un alto número de sentencias en rebeldía indica un sistema que favorece a los acreedores por sobre los deudores y que aumenta la probabilidad de que alguien termine perjudicado por una factura incorrecta.
En New Hampshire, por ejemplo, los acreedores deben acudir al tribunal por cada cheque que desean embargar, ya que solo se les permite retener salarios ya devengados, explicó Maanasa Kona, profesora investigadora asociada al Center on Health Insurance Reforms de la Georgetown University.
“No parece gran cosa en los papeles”, dijo. “Pero si tienen que regresar al tribunal una y otra vez, no les conviene”.
Demandados por error
El sistema de facturación médica en Estados Unidos tiende a generar errores debido a su complejidad, afirmó Barak Richman, profesor de Derecho en la George Washington University y académico sénior de Stanford Medicine. Richman ha estudiado prácticas de cobro de deudas médicas en varios estados. “Las facturas no solo son incomprensibles, sino que a menudo están equivocadas”, sostuvo.
De hecho, el Health Care Policy & Financing Department de Colorado, que administra Medicaid en el estado, indicó que durante el último año fiscal envió cerca de 11.000 cartas a proveedores y agencias de cobro que, erróneamente, intentaron exigir pagos a pacientes que estaban cubiertos por Medicaid. Las facturas de estos pacientes deben enviarse a Medicaid, no a ellos directamente, ya que normalmente solo pagan una cantidad simbólica, si acaso.
Shoop, de Professional Finance Company, dijo que su industria le ha pedido sin éxito al estado de Colorado acceso a una base de datos que le permita verificar si los pacientes están cubiertos por Medicaid.
El programa de Medicaid de Colorado no hizo comentarios.
Patricia DeHerrera, residente de Rifle, Colorado, tuvo que demostrar que ella y sus hijos estaban inscritos en Medicaid cuando recibieron atención en Grand River Health. Pero eso fue después de que A-1 contactara a quien era entonces su empleador, la cadena de gasolineras Kum & Go, llevando una orden judicial para retener parte de sus salarios.
DeHerrera contactó al estado, que envió cartas al hospital y a la agencia de cobro notificándoles que estaban llevando a cabo una “acción de cobro ilegal” y ordenándoles detenerse. Las empresas acataron.
Theresa Wagenman, jefa de contabilidad de Grand River Health, explicó que si un paciente presenta un documento de Medicaid que demuestre su elegibilidad, la deuda se retira del proceso de cobro.
Wagenman también dijo que los pacientes reciben al menos ocho cartas por correo y varias llamadas telefónicas antes de que el hospital autorice al cobrador a llevar el caso a los tribunales.
El consejo principal de DeHerrera para otras personas en esta situación es este: “Conozcan sus derechos. Si no, se van a aprovechar de ustedes”.
Pero defenderse no es fácil.
Nicole Silva, que vive en Sanford, un pueblo de 900 habitantes en el sur de Colorado, contó que toda su familia tenía cobertura de Medicaid cuando su hija sufrió un accidente automovilístico. Aun así, los registros judiciales muestran que le embargaron el salario por un traslado en ambulancia que costó $2.181,60 y que, con intereses y tarifas judiciales, superó los $3.000.
Silva intentó demostrar que la factura era incorrecta y se puso en contacto con la oficina de servicios sociales de su condado, pero dijo que no recibió ayuda y que no pudo comunicarse con la persona adecuada en la oficina estatal. El programa de Medicaid del estado confirmó a KFF Health News que su hija tenía cobertura en el momento del accidente.
Luchar contra la factura era demasiado para Silva y su marido, que tenían que criar a un número cada vez mayor de hijos, uno de ellos con una discapacidad grave. Y, además, trabajan: ella como profesora de preescolar y él en un rancho.
Dejar de recibir aproximadamente $500 al mes, que, según dijo, se le descontaban del sueldo, afectó su capacidad para pagar otras cuentas. “Teníamos que decidir entre comprar comida o pagar la electricidad”, explicó.
Cuando les cortaron el servicio eléctrico, tuvieron que pedir dinero prestado a colegas y amigos para restablecerlo, con un cargo adicional incluido.
Silva dijo que todo este proceso la hace dudar si en el futuro llamaría a una ambulancia.
Fox, de Colorado Consumer Health Initiative, señaló que muchos consumidores piensan que no pueden hacer nada para evitar que les retengan el salario. Sin embargo, pueden impugnar el embargo en el tribunal. Por ejemplo, señalando que deberían haber tenido derecho a una atención médica con descuento o gratuita si el hospital que brindó el servicio es una institución sin fines de lucro.
El economista DeFusco cree que declararse en bancarrota bajo el Capítulo 7 es una opción subutilizada por los deudores. La bancarrota detiene el embargo de inmediato, aunque no siempre de forma permanente, y tiene otras consecuencias. Pero entiende que es una situación sin salida: es un proceso complejo y usualmente requiere contratar a un abogado.
“Para deshacerse de la deuda, se necesita dinero”, afirma. “Y la razón por la que se encuentra en esta situación es precisamente porque no tiene dinero”.
El pasante de KFF Health News Henry Larweh, la editora de datos Holly K. Hacker, el editor de Mountain States Matt Volz y la editora web Lydia Zuraw contribuyeron con este informe.
