MIAMI, Florida. — Cuando los líderes del condado más poblado de Florida se reunieron en septiembre para elegir un lugar para lo que podría convertirse en el incinerador de basura más grande del país, había tantas personas protestando en el edificio de gobierno que tuvieron que habilitar asientos adicionales.
“¡MIRAMAR DICE NO AL INCINERADOR! NO EN NUESTRO PATIO”, se leía en las camisetas verdes que tenían puestas algunos asistentes, con la intención de frenar la construcción de una nueva instalación de desechos industriales cerca de sus casas. Se trata de una planta capaz de quemar hasta 4.000 toneladas de basura al día.
Los residentes temían que el lugar no solo afectara los valores de sus propiedades y amenazara el medio ambiente, sino que también impactara potencialmente en la salud de las personas.
Además, la forma de seleccionar los potenciales terrenos para esta súper planta preocupaba a grupos defensores de los derechos civiles y el medio ambiente.
Los cuatro sitios considerados ese día estaban en, o cerca de, algunas de las comunidades más diversas de la región, al mismo tiempo que el estado está argumentando en un tribunal federal que la raza no debería ser un factor a tener en cuenta al otorgar permisos para industrias que contaminan el medio ambiente.
“Históricamente, las comunidades de color han sufrido los impactos de plantas tóxicas cerca de nuestras ciudades, afectando nuestra salud y bienestar”, dijo a los comisionados del condado Elisha Moultrie, residente de Miramar por 30 años y líder del comité de la NAACP de Miami-Dade.
“Es una injusticia ambiental y una injusticia racial,” agregó.
Los líderes de Miami-Dade ven un desafío diferente: la necesidad de manejar la basura de manera eficaz. El condado produce casi el doble del promedio nacional de residuos por persona en parte debido al turismo, una de las principales industrias de la región.
Sin embargo, a lo largo de 2024, los funcionarios electos de Miami-Dade retrasaron una decisión sobre dónde construir el incinerador planeado de $1.5 mil millones, mientras la alcaldesa del condado y los comisionados lidiaban con cuestiones políticas.
Los líderes del condado tienen programado votar sobre un nuevo sitio en febrero.
“No hay un lugar perfecto”, dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, en un memorando enviado hace poco a los representantes del condado.
El dilema que se revela en el sur de Florida es indicativo de lo que algunos ven como una tendencia más amplia en la lucha nacional por la justicia ambiental, que aboga por un medio ambiente limpio y saludable para todos, incluidas las comunidades de bajos ingresos y de minorías.
Con demasiada frecuencia, las tierras en donde viven personas negras e hispanas (que pueden ser de cualquier raza) soportan injustamente una carga excesiva de contaminación del aire y otras emisiones provenientes de incineradores de basura, plantas químicas y refinerías de petróleo que dañan su salud, dijo Mike Ewall, director de Energy Justice Network. Esta organización sin fines de lucro aboga por una energía limpia y mapea los incineradores municipales de residuos sólidos.
“Todos los lugares que considerarían para poner algo que nadie quiere están en comunidades de color”, observó Ewall.
En todo el país, operan más de 60 incineradores municipales de residuos sólidos, según datos de Energy Justice. Aunque más del 60% están en comunidades mayoritariamente blancas no hispanas, aquellos en comunidades de color están más cerca de las casas, queman más basura y emiten más contaminantes, explicó Ewall.
En Florida, seis de los nueve incineradores operando están en lugares donde el porcentaje de personas de color es más alto que el promedio estatal del 46%, según datos de EJScreen, una herramienta en línea de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que mide información socioeconómica y de medio ambiente para áreas específicas.
Antes que un incendio en febrero de 2023 destruyera el antiguo incinerador de basura de Miami-Dade, el condado enviaba casi la mitad de sus desechos a esa instalación. Ahora, está enterrando gran parte de su basura en un vertedero local o transportándola en camiones a una planta en el centro de Florida, una solución de corto plazo.
Joe Kilsheimer, director ejecutivo de la Florida Waste-to-Energy Coalition, una organización sin fines de lucro que aboga por los propietarios y operadores de incineradores de basura, reconoce que elegir una ubicación es difícil. Dijo que las empresas deciden basándose en parámetros aceptados por la industria, y los gobiernos locales deben identificar estrategias para tratar los residuos de manera segura y eficiente.
“Tenemos una economía a escala industrial que produce desechos a escala industrial”, dijo Kilsheimer, “y tenemos que manejarlos a escala industrial”.
“Esas personas no importan”
Florida quema más basura que cualquier otro estado; y al menos tres condados, además de Miami-Dade, están considerando planes para construir nuevas instalaciones. Lidiar con la decisión de dónde instalar el incinerador ha sido un desafío especial para los funcionarios electos de Miami-Dade.
A finales de noviembre, los comisionados del sur de Florida consideraron reconstruir el incinerador donde había estado durante casi 40 años, en Doral, una comunidad predominantemente hispana que también alberga el Trump National Doral, un resort de golf propiedad del presidente electo, ubicado a menos de 3 millas del antiguo sitio. Pero, enfrentando una nueva oposición de la familia Trump, la alcaldesa del condado solicitó retrasar una votación que estaba programada para el 3 de diciembre.
El presidente Joe Biden creó un consejo nacional para abordar las inequidades sobre en dónde se construyen instalaciones tóxicas y emitió órdenes ejecutivas que exigen que la EPA y el Departamento de Justicia aborden estos problemas.
Consultada sobre si Trump mantendría las órdenes ejecutivas de Biden, Karoline Leavitt, la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que, en su primer mandato, Trump “promovió la conservación y el cuidado ambiental” mientras reducía las emisiones de carbono.
“En su segundo mandato, el presidente Trump volverá a ofrecer aire y agua limpios para las familias estadounidenses mientras Hace a América Rica de Nuevo”, dijo Leavitt.
Sin embargo, durante su presidencia, Trump propuso recortes drásticos al presupuesto y personal de la EPA y revirtió reglas sobre contaminación del aire y el agua, incluidas las regulaciones sobre emisiones de plantas de energía, autos y camiones.
Esto es una gran preocupación para los vecindarios de minorías, especialmente en estados como Florida, dijo Dominique Burkhardt, abogada del grupo legal sin fines de lucro Earthjustice, que presentó una queja contra el Departamento de Protección Ambiental de Florida en marzo de 2022.
La queja, presentada en nombre de Florida Rising, un grupo sin fines de lucro que promueve el derecho al voto, alega que el regulador ambiental de Florida violó la Ley de Derechos Civiles de 1964 al no traducir al español documentos y avisos públicos relacionados con los permisos de incineradores en Miami y Tampa, y al negarse a considerar el impacto de las instalaciones en las comunidades minoritarias cercanas.
“No están considerando de ninguna manera quiénes son los afectados por la contaminación del aire”, dijo Burkhardt sobre la agencia estatal. Ahora, la EPA está investigando la queja.
Los legisladores conservadores y los reguladores estatales han sido reacios a las leyes y regulaciones que se centran en los derechos de las personas de color, dijo Burkhardt. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha promulgado leyes que limitan la educación sobre raza en las escuelas públicas y prohíben a las universidades y colegios públicos gastar dinero en programas de diversidad, equidad e inclusión.
“Quieren ser neutrales en cuanto a la raza”, dijo Burkhardt. Pero eso ignora “la arraigada historia, muy real, en nuestro país de racismo y discriminación sistémica”.
Estudios han hallado que los barrios con más residentes de bajos ingresos y minorías tienden a estar más expuestos a contaminantes que causan cáncer. Las comunidades con un gran número de instalaciones industriales también tienen notorias disparidades raciales en los resultados de salud.
Los incineradores emiten contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas de materia fina, que se han asociado con enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cáncer. Las personas que viven cerca de ellos a menudo no tienen el poder político para expulsar a las industrias, apuntó Ray.
Ignorar el impacto desigual envía un mensaje claro a los residentes que viven allí, agregó.
“Lo que estás diciendo es: ‘Esa gente no importa'”.
Cubiertos de ceniza
Florida es uno de los 23 estados que han presentado peticiones en los tribunales para anular protecciones clave bajo la Ley de Derechos Civiles. Estas protecciones prohíben la discriminación racial por parte de organizaciones que reciben fondos federales y previenen que las industrias contaminantes “sobrecarguen” a las comunidades de color.
Esas reglas piden a los estados “que participen en una ingeniería racial”, argumentó la fiscal general de Florida, Ashley Moody, en una carta de abril de 2024 a la EPA, firmada también por los fiscales generales de otros 22 estados. Desde entonces, un tribunal federal en Louisiana, que demandó a la EPA en mayo de 2023, ha impedido que la agencia haga cumplir las reglas contra empresas que operan en ese estado.
Cuando se quemó en febrero de 2023, el incinerador de Miami-Dade, construido al oeste del aeropuerto en 1982, recibía casi la mitad de la basura del condado. Aunque la instalación tenía dispositivos de control de contaminación, esas medidas no siempre protegían a los residentes cercanos del olor, humo y ceniza que emitía el incinerador, dijo Cheryl Holder, médica internista que se mudó a ese vecindario en 1989.
Holder dijo que todas las mañanas su auto estaba cubierto de ceniza. Los residentes persuadieron al condado, propietario del lugar, para instalar “depuradores” que atraparan la ceniza en la chimenea. Pero el olor persistía, dijo, describiéndolo como “un extraño químico —mezcla de lejía/vinagre con olor a basurero”— que a menudo se manifestaba tarde en la noche y temprano en la mañana.
Aun así, Holder formó una familia en la comunidad, pero en el año 2000 se mudaron, preocupados de que la contaminación del incinerador estuviera afectando su salud.
“Mi hijo terminó con asma … y nadie en mi familia tiene asma”, contó Holder, quien en 2018 ayudó a fundar Florida Clinicians for Climate Action, un grupo enfocado en los daños a la salud provocados por el cambio climático.
Aunque no puede probar que la contaminación del incinerador causó la enfermedad de su hijo —las autopistas, el aeropuerto y el vertedero cercanos también emiten sustancias tóxicas— está convencida de que fue un factor que contribuyó.
Muchos residentes del sur de Florida están preocupados por los efectos en la salud de la quema de basura, a pesar de las garantías de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y de los consultores ambientales del condado de que los incineradores modernos son seguros.
La oficina de Cava no respondió a las consultas de KFF Health News sobre el incinerador. Cava ha dicho en reuniones públicas y en un memorando de septiembre a los comisionados del condado que el peligro para la salud y el medio ambiente del nuevo incinerador sería mínimo. Citó una evaluación de un consultor ambiental que indicó que el riesgo para la salud está “por debajo del riesgo que representa simplemente caminar por la calle y respirar aire que contiene gases de caños de escape de automóviles”.
Pero algunos expertos en salud ambiental dicen que no solo las operaciones diarias de una instalación son motivo de preocupación. Los eventos imprevistos, como el incendio que destruyó el incinerador de Miami-Dade, pueden causar catástrofes ambientales.
“No debería ser parte de sus operaciones regulares”, dijo Amy Stuart, profesora de salud ambiental y ocupacional en la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida. “Pero sucede de vez en cuando. Y no ha sido tan bien regulado”.
Sin soluciones fáciles
Además del incinerador planificado en Miami-Dade, se han propuesto tres instalaciones más en otras partes del estado, según Energy Justice Network e informes noticiosos.
Los legisladores estatales adoptaron una ley en 2022 que otorga subvenciones para expansiones de incineradores de basura existentes y ayuda financiera para las empresas de gestión de residuos que pierden ingresos por la venta de la electricidad que generan sus instalaciones.
Un proyecto de ley presentado por demócratas este año en la Legislatura de Florida habría requerido una evaluación del impacto de una instalación en las comunidades donde viven minorías antes que el estado proporcionara incentivos financieros. La legislación murió en el comité.
A medida que los gobiernos locales en Florida y otros lugares recurren a la incineración para gestionar los residuos, la industria ha argumentado que quemar basura es mejor que enterrarla en un vertedero.
Kilsheimer, cuyo grupo representa a esta industria, dijo que Miami-Dade no tiene espacio para construir otro vertedero, aunque la ceniza tóxica que queda tras quemar basura debe tirarse en algún lugar.
“Esta es la mejor solución que tenemos para las condiciones en las que tenemos que operar”, dijo.
Pero Stuart, de la Universidad del Sur de Florida, señaló que quemar basura no es la única opción y que el gobierno no debería ignorar el racismo histórico y ambiental. El antídoto no puede ser colocar más incineradores y otras instalaciones contaminantes en vecindarios mayoritariamente blancos no hispanos, dijo.
En cambio, el enfoque del dinero público debería estar en reducir la basura por completo para eliminar la necesidad de incineradores y vertederos, dijo Stuart, disminuyendo el consumo de las comunidades y aumentando el reciclaje, la reutilización y la producción de abono de residuos.
