Miles de ayuntamientos de todo el país han recibido indemnizaciones de empresas que fabricaban, vendían o distribuían analgésicos opioides, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen y Walmart. Las empresas desembolsarán un total de más de $50,000 millones en acuerdos derivados de demandas nacionales. Pero averiguar la cantidad exacta que recibe cada ciudad o condado ha sido casi imposible porque la empresa que administra el acuerdo no ha hecho pública la información.
Hasta ahora.
Después de más de un mes de comunicaciones con fiscales generales estatales, abogados privados que trabajan en el acuerdo y los administradores del acuerdo, KFF Health News ha obtenido documentos que muestran las cantidades exactas en dólares que se asignaron a los gobiernos locales para 2022 y 2023. Más de 200 hojas de cálculo detallan las cantidades pagadas por cuatro de las empresas implicadas en los acuerdos nacionales. (Otras empresas relacionadas con los opioides comenzarán a hacer pagos a finales de este año).
Por ejemplo, el condado de Jefferson, Kentucky —donde se encuentra Louisville— recibió $860,657.73 de tres distribuidores farmacéuticos este año, mientras que el condado de Knox, un condado rural de Kentucky en los Apalaches —la región que muchos consideran la zona cero de la crisis— recibió $45,395.33.
En California, el condado de Los Angeles recibió este año $6,3 millones de Janssen, la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. El condado de Mendocino, que tiene una de las tasas de mortalidad por sobredosis de opioides más altas del estado, recibió unos $185,000.
El acceso a “esta información es revolucionario para las personas que se preocupan por cómo se utilizará este dinero”, dijo Dennis Cauchon, presidente de la organización sin fines de lucro Harm Reduction Ohio.
Algunos estados, como Carolina del Norte y Colorado, han publicado en internet los detalles de su distribución. Pero en la mayoría de los lugares, el seguimiento de los importes de los pagos exige llamar por teléfono, enviar correos electrónicos y presentar solicitudes de registros públicos a todas las administraciones locales de las que se desee obtener información.
Por lo tanto, recopilar los datos de un estado puede suponer ponerse en contacto con cientos de instituciones. En todo el país, podrían ser miles.
Cauchon lleva buscando esta información para su estado desde abril de 2022. “El trabajo de compensación por los opioides se realiza a nivel local, a nivel individual, y ahora por primera vez, quienes trabajan a nivel local sabrán cuánto dinero está disponible en su comunidad”.
Los acuerdos nacionales sobre opioides son el segundo mayor acuerdo de salud pública de todos los tiempos, tras el acuerdo marco sobre el tabaco de la década de 1990. El dinero se destina a remediar el modo agresivo en que las empresas promocionaron los analgésicos opioides, alimentando una crisis de sobredosis que ahora se ha trasladado en gran medida a las drogas ilícitas, como el fentanilo. El año pasado murieron más de 105,000 estadounidenses por sobredosis.
Hasta ahora, los gobiernos estatales y locales han recibido más de $3,000 millones en conjunto, según un documento de resumen nacional creado por BrownGreer, una empresa de administración de acuerdos y gestión de litigios designada por la corte para gestionar la distribución de los pagos. En cada estado, los fondos del acuerdo se dividen en porcentajes variables entre las agencias estatales, los gobiernos locales y, en algunos casos, los consejos que supervisan los fondos de reducción de opioides. Los pagos comenzaron en 2022 y continuarán hasta 2038, estableciendo lo que los expertos en salud pública y los activistas denominan una oportunidad sin precedentes para avanzar contra una epidemia que ha asolado a Estados Unidos durante tres décadas. KFF Health News sigue de cerca el uso —y el mal uso— que los gobiernos hacen de este dinero en una investigación de un año de duración.
Los últimos documentos se han obtenido de BrownGreer. La empresa es una de las pocas entidades que sabe exactamente cuánto dinero recibe cada gobierno estatal y local y cuándo lo recibe, ya que supervisa cálculos complejos que implican los distintos términos y plazos de los acuerdos de cada empresa.
Aun así, hay lagunas en la información que ha compartido. Algunos estados optaron por no recibir sus pagos a través de BrownGreer. Algunos pidieron a la empresa que pagara una suma global al estado, que luego la distribuiría entre los gobiernos locales. En esos casos, BrownGreer no disponía de cifras sobre las asignaciones locales. Tampoco figuran en los datos de BrownGreer algunos estados que llegaron a acuerdos con empresas relacionadas con los opioides al margen de los acuerdos nacionales.
Roma Petkauskas, de BrownGreer, señaló que el acuerdo de conciliación exige que el bufete de abogados envíe notificaciones de los importes de los pagos a los gobiernos estatales y locales, así como a las empresas que llegaron a un acuerdo. El bufete compartió los documentos cuando KFF Health News se lo pidió, pero no está claro si seguirá haciéndolo.
Petkauskas escribió: “Los acuerdos de conciliación no prevén que tales notificaciones se hagan públicas”, indicando que tal divulgación no era un requisito.
Las personas perjudicadas por la crisis de los opioides reclaman más transparencia que la que ofrecen los requisitos mínimos. Dicen que, actualmente, no sólo es difícil determinar cuánto dinero reciben los gobiernos, sino también cómo se gastan esos dólares. Muchos se han puesto en contacto con funcionarios locales con preguntas o sugerencias, sólo para ser rechazadas o ignoradas.
Christine Minhee, fundadora de OpioidSettlementTracker.com, descubrió que, en marzo, sólo 12 estados se habían comprometido a informar públicamente sobre el uso del 100% del dinero de sus acuerdos. Desde entonces, sólo tres estados más han prometido compartir información detallada sobre el uso que hacen del dinero.
Los expertos jurídicos y políticos que observan los acuerdos dicen que la falta de transparencia puede tener que ver con la influencia política. En sus elogiosos comunicados de prensa, los fiscales generales de los estados se han jactado de los logros de estos acuerdos.
“El fiscal general [Daniel] Cameron ha cumplido hoy su promesa de luchar contra la epidemia de opioides anunciando un acuerdo de más de $53 millones con Walmart”, decía un comunicado de prensa emitido a finales del año pasado por el estado de Kentucky.
“Miles de nuestros vecinos han enterrado a sus seres queridos a lo largo de la epidemia de opioides” y “estoy orgulloso de haberles entregado este gran acuerdo”, declaró el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, en un anuncio de julio de 2021, cuando se cerró uno de los primeros acuerdos.
Una mayor transparencia, incluidos los importes de pago específicos para cada gobierno local, puede restar fuerza a algunos de esos comunicados de prensa, dijo Minhee. “Es difícil politizar las cosas cuando no puedes presentar las cifras en el vacío”.
Si una comunidad compara su reparto de varios cientos de dólares con el reparto de varios miles de dólares de otra comunidad, puede haber consecuencias políticas. En las zonas rurales más afectadas por la crisis ya ha surgido la preocupación de que la fórmula de reparto tenga demasiado en cuenta el número de habitantes y no reciban dinero suficiente para hacer frente a los daños sufridos durante décadas.
Aun así, los expertos afirman que hacer públicos estos datos es un paso crucial para garantizar que los acuerdos cumplan el objetivo de salvar vidas y remediar esta crisis.
Las soluciones tienen que estar lideradas por la comunidad, afirmó Regina LaBelle, directora de la iniciativa sobre adicción y política pública del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. “Para ello, las propias comunidades tienen que saber cuánto dinero reciben”.
Si su condado recibe $5,000 este año, no tendría sentido abogar por un centro de desintoxicación de $500,000. En su lugar, podrían centrarse en la compra de naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides. Conocer el importe anual también permite hacer un seguimiento de los fondos y asegurarse de que no se malgastan, añadió LaBelle.
Para Cauchon, de Harm Reduction Ohio, los datos de los pagos a nivel local son fundamentales para garantizar que el dinero de los acuerdos se destina a un buen uso en cada condado de Ohio.
“El conocimiento es poder y, en este caso, es el poder de saber cuánto dinero está disponible para ser utilizado en la prevención de sobredosis”, señaló.
