LAWRENCEVILLE, Georgia- Cuando Nikia Jackson tuvo que hacerse un examen para una enfermedad de transmisión sexual (ETS), buscó una clínica que tuviera buena reputación, que fuera rápida y barata.

Después de buscar en Internet, Jackson, de 23 años, fue a las nuevas instalaciones de Obria Medical Clinics, en los suburbios de Atlanta. Lo que no sabía era que la clínica no ofrece condones u otro tipo de control de natalidad más allá de los llamados métodos naturales de planificación familiar.

Los conservadores religiosos dicen que este tipo de clínicas son el futuro en la atención de la salud sexual de las mujeres en los Estados Unidos.

“Una mujer necesita elegir, pero no se puede elegir si la única clínica a la que puede ir es a Planned Parenthood”, dijo Kathleen Bravo, católica devota y directora ejecutiva del Grupo Obria.

Las mujeres jóvenes “no quieren vivir todos los días teniendo que tomar un carcinógeno”, añadió refiriéndose a la anticoncepción hormonal.

Durante décadas, la anticoncepción obtuvo un amplio apoyo bipartidista, pero desde la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), en 2010, los religiosos conservadores enfocaron su ira sobre los mandatos anticonceptivos de la ley, y crearon una convergencia entre las políticas del aborto y el control de la natalidad.

Bravo está posicionando a su compañía para que se convierta en una alternativa nacional a Planned Parenthood y aspira a calificar para recibir millones de dólares en fondos federales de planificación familiar el próximo año. Con 38 clínicas y 22 más programadas para abrir, Obria ofrece pruebas de embarazo, ETS, VIH, cáncer cervical y atención prenatal.

Pero a las pacientes que buscan prevenir el embarazo en estas clínicas sólo se les ofrecen métodos de planificación de la fertilidad que requieren que las mujeres lleven un registro de sus períodos y se abstengan de tener relaciones sexuales cuando son más fértiles. Cuando se sigue al pie de la letra, el método es efectivo en un 76%, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Esa visión ha sido favorecida por la administración Trump, que ha propuesto cambios radicales a un programa federal de $280 millones llamado Title X, la única fuente de fondos federales para el control de la natalidad para mujeres de bajos ingresos que no tienen seguro médico.

Durante más de cuatro décadas, miles de clínicas de salud de la mujer, incluidas las afiliadas de Planned Parenthood, que recibieron estos fondos federales, han tenido que ofrecer una gama completa de anticonceptivos médicamente eficaces, incluidos los condones, las píldoras anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos y los implantes. (Las clínicas no pueden usar fondos federales para pagar el aborto, y muchas clínicas de Title X no ofrecen el procedimiento).

Pero con Title X ahora bajo la dirección de la doctora Diane Foley, ex-directora ejecutiva de Life Network, una organización cristiana que opera centros antiaborto para embarazadas, se espera que la administración Trump adopte reglas en los próximos meses que promuevan y dirijan el dinero federal a clínicas como Obria, que no ofrecen condones, anticoncepción hormonal, dispositivos intrauterinos o aborto.

Las nuevas restricciones, llamadas “Protect Life Rule”, tienen como meta reducir el acceso de las mujeres a las clínicas que se relacionan o remiten a las pacientes a donde se ofrecen servicios de aborto. Con el vicepresidente Mike Pence, un cristiano evangélico, como poderoso aliado y defensor de la abstinencia y la lucha contra el aborto; y con Foley, nombrada por la administración Trump para supervisar programas de salud federales clave, los religiosos conservadores están aprovechando este momento para cambiar las políticas sobre salud sexual de las mujeres.

En 2011, los legisladores estatales antiaborto de Texas intentaron cerrar las clínicas de Planned Parenthood y recortaron en un 66% fondos estatales para la planificación familiar. Como resultado, se cerraron más de 80 clínicas de planificación familiar, y las mujeres de todo Texas de repente vieron como sus necesidades de anticoncepción caían en las redes de la lucha contra el aborto.

El impacto fue rápido y generalizado: los investigadores encontraron que el número de mujeres que utilizaban las formas más efectivas de control de la natalidad (DIU, implantes e inyecciones) se redujo en un tercio, y que los partos de mujeres pobres en Medicaid aumentaron un 27% entre 2011 y 2014.

Ofelia Alonso, una organizadora comunitaria de 22 años, comentó que, debido a las tácticas engañosas y a la falta de educación sexual integral, las mujeres jóvenes en Texas tienen dificultades para discernir entre las clínicas médicas y los centros de crisis de embarazo, oficinas donde se aconseja a las mujeres contra el aborto.

“Es como que solo queda la abstinencia, y luego, los centros de crisis por embarazo, la propaganda contra el aborto, y dejar sin fondos a nuestras clínicas familiares. Entonces, ¿qué nos queda?”, se preguntó Alonso. “¿Vamos a quedarnos con estos centros raros donde no puedes conseguir nada?”

Pero las mujeres que buscan anticonceptivos tienen que ir a alguna parte, y una alternativa, dijo, es cruzar la cercana frontera con México para comprar anticonceptivos sin receta médica.

“No debería ser así”, añadió Alonso. “No deberíamos tener que viajar a otro país para conseguir lo que necesitamos”.

La cobertura de KHN de los temas de salud de la mujer es apoyada en parte por The David and Lucile Packard Foundation.