Cecilia Ramirez está preocupada por su peso y por síntomas preocupantes que aluden a la diabetes, pero no buscará ayuda médica porque no se lo puede permitir.
“No voy al doctor cuando estoy enferma, es demasiado costoso”, dijo.
A pesar que es vendedora en una agencia de seguros en Highlandtown, un vecindario del este de Baltimore que ha visto un influjo de inmigrantes hispanos en años recientes, Ramirez, de 23 años, no tiene seguro de salud.
Su predicamento lo comparten miles de inmigrantes hispanos en el este de Baltimore, y millones a nivel nacional, quienes no pueden solventar servicios médicos regulares y están sin seguro porque carecen de los beneficios derivados de la residencia legal y de la ciudadanía estadounidense.
Los padres de Ramirez vinieron ilegalmente a los Estados Unidos desde México cuando ella tenía 10 años. Ahora, su estatus migratorio —“legalmente”— le permite trabajar y estudiar aquí sin miedo a la deportación, pero no tiene un camino a la ciudadanía. No es elegible para cobertura de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible o cualquier programa de seguro de salud público.
(La reciente decisión de la Corte Suprema en un caso de inmigración relacionado no cambió esto).
Su ingreso anual de $23,000 la haría calificar fácilmente para el Medicaid, pero sólo lo pueden tener sus dos pequeñas hijas. El empleador de Ramirez tampoco puede permitirse ofrecerle seguro de salud privado, y aunque lo hubiera hecho, ella duda que pudiera pagarlo. Entonces, ¿cómo puede Ramirez lidiar con la sequedad de sus pulmones?
“Vicks VapoRub”, ofrece su jefe, David Rosario, dibujando una sonrisa irónica a Ramirez y a otros en la oficina.
Los latinos, con o sin seguro, enfrentan muchos desafíos cuando se trata de encontrar cuidado médico. Muchos tienen problemas para hablar y entender el inglés, son pobres y sin educación adecuada, o no tienen medio de transporte. Otros vienen de culturas donde el cuidado de salud es un lujo que no buscan con regularidad.
Cecilia Ramirez y sus dos hijas, Jenny Rodriguez-Ramirez, de 7 años, y Kimberly Gonzalez-Ramirez, de 3. Las niñas califican para el Medicaid porque nacieron en los Estados Unidos, pero su madre no por su status migratorio. (Doug Kapustin para KHN)
Pero la incapacidad de los no ciudadanos de unirse a planes de salud asequibles sigue siendo el principal obstáculo que separa a las personas de México, Centroamérica y Sudamérica de la atención. “Lo que vemos a lo largo del país es que los indocumentados son uno de los grupos más vulnerables cuando se trata de asegurabilidad”, dijo Steven Lopez, gerente del projecto de política de salud en el National Council of La Raza, el grupo más extenso de defensa de los latinos en Estados Unidos. “La oportunidad de tener cuidado de salud regular es la clave para encontrar mayor oportunidad. Si no tiene su salud, no va a progresar en la vida”.
A nivel nacional, más de 5 millones de personas viviendo ilegalmente en Estados Unidos están sin cobertura médica, con indicadores de que la mayoría son hispanos, de acuerdo con un informe del Urban Institute publicado en marzo.
Casi la mitad de todos los inmigrantes que viven aquí sin permiso no tienen seguro médico, en comparación con el 10,5 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos y aproximadamente el 15 por ciento de los no ciudadanos que viven aquí legalmente, según el informe. La tasa de adultos hispanos no asegurados cayó al 28 por ciento el año pasado —13 puntos porcentuales por debajo de 2013— pero sigue siendo muy superior a la de los blancos no hispanos, las personas de raza negra y los asiáticos, según estadísticas federales publicadas en mayo.
“Ésto es tramposo para nosotros”, dijo Leana Wen, comisionada de salud de Baltimore. “La Ley de Cuidado de Salud Asequible excluye a estos individuos” quienes carecen de autorización para vivir en los Estados Unidos. Lo han hecho incluso mientras la alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake trabaja para atraer a más inmigrantes con la esperanza de repoblar zonas abandonadas del centro de la ciudad.
Los latinos, quienes ocupan un lugar destacado en la unidad del alcalde para reclutar a 10.000 nuevas familias, continúan infiltrándose en varios de los vecindarios más antiguos del este de Baltimore, incluyendo Fells Point, Greektown, Highlandtown y Patterson Park.
La población de Baltimore incluye a cerca de 30.000 latinos, de los 9.000 que eran 15 años atrás, dicen oficiales. Los proveedores médicos y defensores de los latinos dicen que entre 40 y 60 por ciento de ellos viven en Estados Unidos ilegalmente, un rango cercano a los estimados nacionales del Urban Institute. La salud es la mayor preocupación. Los latinos de Baltimore tienen dos veces más probabilidades que los no latinos de decir que tienen una salud pobre o regular, de acuerdo con una encuesta del departamento de salud de la ciudad del 2011.
Hay información insuficiente para hacer juicios sobre la salud de los latinos de la ciudad o compararlos con otros grupos. Pero la muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer fueron las dos principales causas de muerte entre los latinos de la ciudad en el 2012, de acuerdo con un reporte del departamento del 2014. Las lesiones no intencionales y la enfermedad hepática crónica o cirrosis empatan por la caurta causa principal de muerte entre los latinos de la ciudad, pero es mucho menos común entre los blancos no hispanos y las poblaciones de raza negra, halló el informe.
“Las personas pueden comenzar negocios y comprar casas, pero no pueden tener seguro médico”, dijo Rosario, quien ejerce como presidente de la junta para la Latino Providers Network, una organización que conecta a los hispanos con los servicios.
Trabajando en una oficina dentro del Johns Hopkins Bayview Medical Center en Baltimore, la trabajadora social Flor Giusti conversa con pacientes latinos en su oficina. (Doug Kapustin para KHN)
Como resultado, los proveedores de salud dicen que cuando ven personas llegar a sus oficinas o clínicas, están generalmente en estados avanzados de la enfermedad.
“Típicamente, vemos muchas enfermedades relacionadas con diabetes y obesidad, como presión arterial alta”, dijo Kathleen Page, una especialista en enfermedades infecciosas en el Johns Hopkins Hospital y cofundadora del Centro SOL, un programa de alcance de Bayview que trata a los clientes hispanos a precios reducidos. Los latinos de Baltimore sufren tasas más altas de estos trastornos, a pesar de ser más jóvenes como grupo que el resto de la población de la ciudad. Los problemas de infecciones crónicas y de salud mental como ansiedad y depresión aumentan de manera rampante, agregó Page.
Cerca del 95 por ciento de los pacientes hispanos que ella ve en la clínica de VIH están viviendo aquí ilegalmente y carecen de seguro de salud.
La habilidad de los latinos para encontrar tratamiento está ligada directamente a su estatus migratorio.
Algunas personas sin papeles en los Estados Unidos pueden recibir pagos por partos a través de la emergencia del Medicaid. Las clínicas de salud calificadas federalmente ofrecen cuidado médico básico a miles de no asegurados a tasas reducidas, sin preguntar sobre el estatus, pero el gobierno federal no ofrece opciones de seguros para aquéllos que viven en los Estados Unidos sin permiso.
El estatus de seguro puede variar incluso dentro de los hogares, reflejando estatus migratorios mixtos entre los miembros de la familia. La madre de Cecilia Ramirez, quien no tiene permiso para vivir en los Estados Unidos, permaneció sin seguro por mucho tiempo, dejando de lado el tratamiento para los fibroides uterinos por años porque estaba preocupada por el costo de la atención.
Mientras tanto, las hijas de Ramirez, Jenny de 7 años y Kimberly, de 3, reciben seguro a través del Medicaid. Porque nacieron en los Estados Unidos, lo que le da la ciudadanía, y cumplen con los estándares de elegibilidad del Medicaid, son capaces de ver a médicos de atención primaria y tener otro cuidado si lo necesitan.
La doctora Sarah Polk, pediatra, provee cuidado en la clínica Centro SOL en Johns Hopkins, en Baltimore, para pacientes como Janexy Marquez-Ramirez. (Doug Kapustin para KHN)
Como una hija de inmigrantes nacida en el extranjero que entró a los Estados Unidos sin permiso, el acceso de Ramirez al cuidado de salud es problemático. Ella aplicó para, y recibió, el estatus de “presente legalmente” bajo una norma de la administración Obama del 2012 que permitió a las personas que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años, y ahora tienen menos de 35, trabajar y estudiar en el país, sin temer la deportación. Otros 665.000 también han recibido tal estatus a nivel nacional, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Pero fueron excluidos para obtener seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible por una norma relacionada del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services). Algunos estados, incluyendo California y Nueva York, han ablandado estos estándares y registraron a algunas personas que viven aquí ilegalmente en el Medicaid. Pero a nivel nacional, la mayoría permanece sin seguro.
Para ayudar a las personas como Ramirez y a otras personas de bajos ingresos sin permiso para vivir aquí, varias instituciones en el este de Baltimore han improvisado una variedad de servicios médicos fuera de los entornos típicos del hospital. Baltimore City, Johns Hopkins Bayview, dos clínicas subsidiadas federalmente y una clínica de caridad ofrecen intérpretes bilingües, proveedores de salud que hablan español y, tal vez lo más importante, tarifas bajas y escalas móviles para la atención.
El Access Partnership, o TAP, un programa caritativo de Johns Hopkins, ofrece pruebas diagnósticas y visitas a especialistas a muy bajo costo, usualmente no más de $20. El programa sirve a personas que no tienen seguro, que hacen 200 por ciento o menos del nivel federal de pobreza y que han sido residentes locales por seis meses.
Más del 90 por ciento son hispanos, y a ninguno se le ha preguntado si vive en los Estados Unidos ilegalmente, dijo Barbara Cook, directora médica del grupo.
Con ayuda de TAP, la madre de Cecilia Ramirez tuvo pruebas diagnósticas y la subsecuente cirugía poco más de un año atrás para remover el útero.
No obstante, Ramírez se pregunta si el resultado hubiera sido mejor si hubiera recibido ayuda antes.
“Si hubiera tenido seguro, podría haber buscado atención, en lugar de tener que esperar tanto tiempo que tuvieron que quitarle parte de su cuerpo”, dijo.
Esta historia fue apoyada en parte por una beca de la Annie E. Casey Foundation.
