Un breve cierre parcial del gobierno federal se resolvió el lunes 22 de enero, cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron una legislación que mantendrá el flujo de dólares federales hasta el 8 de febrero. La misma legislación financiará el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) durante los próximos seis años.
El presidente Donald Trump firmó la legislación la misma tarde del lunes.
El programa CHIP, que brinda cobertura a niños de familias que ganan demasiado para calificar para Medicaid —pero no lo suficiente para pagar un seguro privado— ha tenido apoyo bipartidista desde su inicio en 1997. Pero su renovación se convirtió en una moneda de cambio partidista en los últimos meses.
Técnicamente, los fondos para CHIP expiraron el 1 de octubre, aunque un proyecto de ley de gastos temporarios en diciembre le otorgó al programa $2.85 mil millones. Se suponía que esa suma alcanzaría para que los estados mantuvieran la cobertura de aproximadamente 9 millones de niños hasta marzo, pero algunos comenzaron a quedarse sin dinero casi de inmediato.
El Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown estimó que 24 estados podrían enfrentar déficits de financiamiento de CHIP a fines de enero, poniendo en riesgo la cobertura de 1.7 millones de niños en 21 de esos estados.
Mientras tanto, ambas cámaras del Congreso habían estado en desacuerdo sobre cómo poner al programa en una base financiera más firme.
En octubre, pocos días después que expirara el financiamiento de CHIP, el Comité de Finanzas del Senado aprobó una extensión bipartidista de cinco años de fondos mediante una votación oral. Pero ese proyecto de ley no incluía una forma de pagar el costo estimado en ese momento, que era $8,2 mil millones.
En noviembre, la Cámara aprobó su propio proyecto de ley de financiamiento de cinco años, pero los demócratas se opusieron en gran medida porque habría compensado los fondos de CHIP con recortes al Medicare y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Las perspectivas para un acuerdo sobre CHIP se iluminaron a principios de este mes cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) volvió a estimar cuánto costaría la extensión de los fondos para el programa. En una carta al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin Hatch (republicano de Utah), el 5 de enero, el CBO dijo que los cambios en la atención médica realizados en el proyecto de ley de impuestos reducirían el costo a cinco años del programa de $8,2 mil millones a $800 millones: efectivamente una reducción del 90%.
El 11 de enero, el director del CBO, Keith Hall, le escribió al representante Frank Pallone (demócrata de New Jersey) que la renovación de los fondos de CHIP durante 10 años en lugar de cinco realmente ahorraría dinero al gobierno federal. “Las agencias estiman que promulgar tal legislación disminuiría el déficit en $6,000 millones durante el período 2018-2027”, dijo en la carta.
Eso facilitó que los republicanos incluyeran los fondos de CHIP en el último proyecto de ley de gastos. Pero enfureció a los demócratas, quienes habían prometido no votar por otro proyecto de ley de gastos a corto plazo hasta que el Congreso no abordara el tema de los hijos de inmigrantes traídos ilegalmente al país por sus padres de pequeños (conocidos como Dreamers).
El líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (demócrata de Nueva York) dijo el domingo 21 que los republicanos “estaban usando a los 10 millones de niños en CHIP, manteniéndolos como rehenes de los 800,000 niños que eran Dreamers. Niños contra niños. Niños inocentes contra niños inocentes. Esa no es forma de operar en este país”.
Sin embargo, los republicanos dijeron que era todo lo contrario: que los demócratas retenían a CHIP como rehén al no votar por la ley de presupuesto. “No hay ninguna razón para que mis colegas emprendan su justa cruzada sobre inmigración en contra de su justa cruzada por CHIP”, dijo Hatch. “Esto es simplemente una cuestión de prioridades”.
El proyecto de ley no extiende los fondos para los centros de salud comunitarios, otro programa con fuerte apoyo bipartidista cuyo dinero se está agotando. Este debate tendrá que esperar por otro proyecto de ley.
