OAKLAND, California. – Jane García comenzó como pasante en La Clínica de La Raza a fines de la década de los 70, atraída por la misión de brindar atención médica a todos, especialmente a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal o capacidad de pago.
Cuarenta años después, García, de 66 años, es la directora ejecutiva de la organización, que ahora opera más de 30 clínicas en los condados de Alameda, Contra Costa y Solano, y atiende a unos 90,000 pacientes al año. Cerca del 65% son latinos, muchos de ellos inmigrantes.
García, quien tiene raíces mexicanas, creció en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Recuerda que su familia visitaba con frecuencia Juárez, en México, para comprar alimentos, cargar gasolina o cortarse el cabello.
Por eso, abogar por los inmigrantes fue algo natural, dijo García. Pero la mujer no ha limitado su defensa a las clínicas comunitarias.
En la década de los 90, California experimentó una oleada de ataques antiinmigrantes, similares a las que se han manifestado en otras partes de los Estados Unidos en la actualidad. El entonces gobernador, el republicano Pete Wilson, tomó medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y defendió la Proposición 187, que negaba el acceso de inmigrantes sin papeles a la atención médica y a la educación públicas. La medida, adoptada por los votantes en 1994, nunca entró en vigencia porque fue declarada inconstitucional por una corte federal.
García demandó a la administración de Wilson en 1997 por sus intentos de cancelar la atención prenatal para embarazadas indocumentadas a través de Medi-Cal, la versión estatal del programa federal de Medicaid para personas de bajos ingresos. Presentó la demanda en nombre de las mujeres inmigrantes indocumentadas, y ganó.
“En ese entonces, fue algo muy valiente poner a la clínica en medio de esa lucha y ser la vocera de esa demanda”, dijo Carmela Castellano-García, CEO de la Asociación de Atención Primaria de California, que representa a las clínicas comunitarias de salud. “Recuerdo haber estado impresionada por su audacia”.
Hoy, La Clínica es la principal demandante en una de varias acciones legales que desafían el intento de la administración Trump de expandir la regla de “carga pública”, lo que permitiría a funcionarios federales de inmigración negar más fácilmente la residencia permanente a quienes dependen de ciertos beneficios públicos, como Medicaid.
Los jueces federales bloquearon temporalmente la entrada en vigencia de la norma a mediados de octubre, por lo que la demanda de García está suspendida.
La Clínica de La Raza tiene una larga historia. Fue fundada en 1971 por estudiantes de la Universidad de California-Berkeley que eran objetores de conciencia a la Guerra de Vietnam, contó García. En lugar de servir en las fuerzas armadas, llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para establecer una clínica gratuita en el vecindario Fruitvale de Oakland, en donde la principal preocupación de sus residentes era el acceso a la atención médica.
García habló con Ana B. Ibarra, de California Healthline, en su oficina, ubicada al otro lado de la calle de la clínica original de Fruitvale. El lugar está lleno de plantas, retratos del activista César Chávez, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y un póster enmarcado de “Salud para todos”.
-Ampliar el acceso a la atención médica para inmigrantes ha sido su misión desde el primer día. ¿Qué la atrajo a esta causa?
Crecí en el barrio de El Paso, Texas. Mi familia recibió muchos servicios a través de los departamentos de salud pública o de las escuelas. Por ejemplo, nuestras vacunas. Entendí desde siempre la importancia de los programas de salud pública.
Al comienzo de mi carrera universitaria estaba en medicina, pero decidí que la química y la biología no eran para mí. Cuando estaba estudiando en Yale, trabajé en un centro de salud comunitario como traductora, con familias principalmente puertorriqueñas.
Luego llegué a La Clínica y realmente me fascinó lo que estaban haciendo. Me encantó de lo que se trataba este movimiento: era sobre justicia social.
– ¿Por qué cree que es importante que todos tengan acceso a una atención médica integral, independientemente de su estatus migratorio?
Solo brindando servicios a todos podemos tener un verdadero impacto. Cuando llega la temporada de gripe, no te pregunta sobre tu estatus migratorio.
Nos corresponde a todos mantener sanas a todas nuestras comunidades y proporcionar acceso al nivel más básico para evitar la sala de emergencias.
Mi hija es enfermera de urgencias y me dice: “Mamá, no sabes cuántas personas usan la sala de emergencias de manera inapropiada”. Y eso es porque no tienen acceso a nada más. Esa es su atención primaria.
-A partir de 1986, las mujeres inmigrantes indocumentadas de bajos ingresos pudieron comenzar a recibir atención prenatal a través de Medi-Cal, pero usted pasó muchos años defendiendo esa cobertura, incluso en los tribunales. ¿Por qué fue algo tan polémico?
Nuestro enfoque siempre ha sido las familias, por lo que realmente nos enfocamos en brindar acceso a la atención primaria básica, y la atención prenatal era un gran problema para nuestras comunidades en ese entonces porque era como una papa caliente para los políticos: mujeres indocumentadas buscando servicios.
Tuvimos que luchar para asegurarnos que los hospitales a los que íbamos a dar a luz a nuestros bebés admitieran a nuestras pacientes. Y que nuestras pacientes se sintieron cómodas. Las ayudamos a acceder a Medi-Cal, o a negociar planes de pago con el hospital. Recuerdo que nuestros médicos escuchaban comentarios como: “Estás convirtiendo nuestro hospital en una instalación comunal”.
Presentamos una demanda en nombre de algunas mujeres indocumentadas en 1997. Ellas fueron las verdaderas guerreras. Yo solo fui la intermediaria.
-Ahora La Clínica está desafiando el intento de la administración Trump de expandir la regla de “carga pública”. ¿En qué se parece esta situación a su pelea de los 90?
Cuando surgió este problema de la “carga pública”, era una reminiscencia de aquellos días y todo al respecto me recordó la Proposición 187.
Esa fue una época en la que todo giraba en torno a ser antiinmigrante. Y hoy estamos viendo lo mismo: los padres mantienen a sus hijos en casa y nuestro número de citas disminuye. Esta es como la segunda ola de la misma situación, salvo que, creo, hemos podido cambiar un poco la narrativa.
Particularmente aquí en California, no vemos tanto la palabra “ilegal”, y vemos menos visualizaciones de personas que cruzan la frontera como “cucarachas”. Los mensajes que le estábamos dando a los pacientes en ese momento no eran muy diferentes de los que les damos ahora. Son: continúa recibiendo tus servicios aquí, somos un lugar seguro y no compartimos tu información.
– ¿Pensaba que el país entraría en el año electoral 2020 con esta situación?
Como país, definitivamente hemos dado algunos pasos hacia atrás, no hay duda, pero no estamos comenzando desde cero. Como defensores, estamos mucho mejor armados con datos y podemos mostrarte la cantidad de impuestos que pagan las familias inmigrantes, podemos decirte lo importantes que son para la fuerza laboral.
Creo que California, les guste o no, es líder. Y con el compromiso del estado de cubrir a todos, podremos demostrar que, al final, esa estrategia es el camino a seguir para tener comunidades más saludables y una sociedad más productiva.
Esta historia de KHN fue publicada primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
