El plan de precios de medicamentos recetados de Medicare que los demócratas presentaron la primera semana de noviembre no es tan ambicioso como muchos legisladores buscaban, pero tanto ellos como los expertos aseguran que la medida abre la puerta a reformas que podrían tener efectos dramáticos.
Reducir el gasto en medicamentos ha sido, durante mucho tiempo, un grito de guerra para consumidores acosados por el rápido aumento de los precios. Aunque las personas con planes privados contaban con alguna protección, las de Medicare no. No tenían topes de gastos de bolsillo y a menudo se quejaban de que la ley federal les impedía utilizar los cupones de los fabricantes de medicamentos o cualquier estrategia de reducción de costos.
Un plan ofrecido a principios de este año por los demócratas de la Cámara de Representantes, que incluía una fuerte negociación sobre los precios de los medicamentos en Medicare, fue bloqueado por un puñado de moderados argumentando que el control de los precios sofocaría la innovación. La legislación también parecía destinada a encontrar obstáculos entre los senadores.
Los moderados apoyaban una negociación más limitada sobre los medicamentos de la Parte B de Medicare, es decir, los que se administran en los consultorios médicos y los hospitales. La mayoría de los afiliados de Medicare obtienen sus medicamentos a través de la Parte D, que cubre los medicamentos dispensados en una farmacia.
Cuando parecía que el proyecto de ley para financiar la agenda social del presidente Joe Biden saldría adelante sin una propuesta sobre el precio de los medicamentos, la presión aumentó, hubo intensas negociaciones y se dio a conocer una propuesta híbrida. Incluye la identificación de 100 de los medicamentos más caros, y la selección de 10 de ellos para negociar una reducción de precios a partir de 2025. También pondrá topes a la inflación en los precios de los medicamentos recetados para todos los planes de seguros, restringirá los copagos de la insulina a no más de $35 y limitará los gastos anuales en medicamentos de los beneficiarios de Medicare a $2,000 dólares.
“Parecía como si el gobierno tuviera las manos atadas. Ahora se sienta un precedente”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, el demócrata de Oregon Ron Wyden, que lideró las conversaciones de los senadores. “Se va a negociar sobre los medicamentos más caros: los del cáncer, los de la artritis o los anticoagulantes. Y eso es un precedente, y una vez que se sienta el precedente de que se puede negociar, se está dando un giro importante”.
Los fabricantes de medicamentos dicen que los cambios podrían obstaculizar las opciones de los consumidores. “El pretexto de la ‘negociación’, da al gobierno el poder de dictar cuánto vale un medicamento”, afirmó Stephen Ubl, CEO del grupo comercial PhRMA, en un comunicado, “y deja a muchos pacientes ante un futuro con menos acceso a los medicamentos y menos tratamientos nuevos”.
Pero, ¿cómo afectarán exactamente estos cambios a la mayoría de los estadounidenses, y a quiénes ayudarán?
Las respuestas varían, y muchos detalles tendrán que ser aclarados por las agencias gubernamentales si se aprueba la legislación. Los miembros de la Cámara de Representantes advirtieron, el 4 de noviembre, que todavía se estaban haciendo algunos cambios menores y que se requiere la aprobación de ambas cámaras.
Control en el precio de la insulina
Uno de los beneficios más evidentes será para quienes necesitan insulina, el medicamento que salva la vida de las personas que viven con diabetes tipo 1 y la de algunas con tipo 2. Aunque el medicamento existe desde hace décadas, su precio ha subido rápidamente en los últimos años. Los legisladores escucharon dramáticos relatos sobre personas que morían por no poder permitirse la insulina o sobre tener que conducir hasta Canadá o México para conseguirla más barata.
Según el proyecto de ley, a partir de 2023, el costo de bolsillo para un suministro de insulina para 30 días sería de $35 máximo. Y la prestación no se limitaría a los beneficiarios de Medicare.
Ese tope es el mismo que se estableció en un programa modelo de cinco años en Medicare. En él, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estimaron que el paciente promedio ahorraría unos $466 al año.
Todavía no están disponibles los análisis detallados de las propuestas, por lo que no está claro cuál sería el impacto fiscal o el ahorro para los pacientes fuera de Medicare.
Limitación del gasto de bolsillo
Otra ayuda obvia para los beneficiarios de Medicare es el límite de $2,000 en los gastos de bolsillo para los medicamentos recetados. En la actualidad, los precios para los planes de medicamentos recetados de la Parte D se calculan con una fórmula complicada que incluye una brecha en la cobertura, el infame “donut hole”, sin que haya un límite a lo que los pacientes pueden gastar.
Esto ha llevado a los consumidores con enfermedades graves, como el cáncer o la esclerosis múltiple, a pagar miles de dólares para cubrir su medicación, según un reciente análisis de KFF. Según la ley actual, cuando un beneficiario individual y su plan gastan $4,130 este año en medicamentos, el beneficiario entra en la brecha de cobertura del “donut hole” y paga hasta el 25% del precio del medicamento. Una vez gastados $6,500 en medicamentos, será responsable del 5% del costo hasta el final del año.
Limitar ese gasto es especialmente importante para las personas que reciben poca ayuda por sus bajos ingresos y padecen enfermedades caras, dijo el doctor Jing Luo, profesor de medicina en el Centro de Investigación sobre Atención Sanitaria de la Universidad de Pittsburgh. “El paciente paga el 5% de todos los costos de los medicamentos, y el 5% de $160,000 sigue siendo mucho dinero”, añadió.
La legislación aliviaría ese temor de los consumidores. “En lugar de tener que enfrentar una factura al final del año de más de $10,000, quizá la factura al final de ese año por ese carísimo tratamiento del mieloma múltiple sea de $2,000”, explicó.
Negociar los precios de los medicamentos
La negociación de los precios de Medicare es probablemente la disposición más destacada de la legislación, y la más controversial. Según el proyecto de ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encargaría de identificar los 100 medicamentos más caros y elegir los 10 que se negociarían. Ese esfuerzo no comenzaría hasta 2023, pero los nuevos precios entrarían en vigor en 2025. Otros 10 medicamentos podrían añadirse en 2028. Todavía no se ha identificado ningún medicamento.
Para responder a las preocupaciones de algunos legisladores, la legislación establece disposiciones específicas sobre la forma en que el HHS seleccionará los medicamentos que se incluirán. Sólo se incluirían los medicamentos identificados como únicos en su género o como único remedio para un problema de salud concreto.
La lista también se limitaría a los medicamentos que hayan estado en el mercado más allá del periodo de exclusividad que el gobierno les concede para estar libres de competencia y recuperar los costos. Para la mayoría de los medicamentos, la exclusividad puede durar nueve años. Para los medicamentos biológicos más complicados, el periodo sería de 13 años. El uso del plazo de exclusividad permitió a los legisladores eludir la cuestión de si los medicamentos seguían estando bajo la protección de una patente.
La medida permite negociar los precios a un nivel inferior para los medicamentos más antiguos elegidos para el programa. Así, por ejemplo, el precio negociado para un medicamento no biológico que lleve menos de 12 años disponible sería el 75% del precio promedio del fabricante. Este porcentaje se reduciría al 65% en el caso de los medicamentos que hayan superado los 12 a 16 años de exclusividad inicial, y al 40% en el caso de los medicamentos que hayan superado los 16 años de exclusividad inicial.
Los medicamentos de las empresas más pequeñas, con ventas inferiores a $200 millones, quedan excluidos porque los legisladores temen que la reducción de sus precios perjudique la innovación.
Algunos expertos se preguntan si los precios negociados repercutirán directamente en los consumidores.
“Sin duda ayuda a Medicare a reducir sus gastos”, señaló William Comanor, profesor de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA. “Pero, ¿cómo afecta eso a los consumidores? Seguro que Medicare no cambia el copago”.
Sin embargo, añadió, el copago es menos problemático si el gasto en las recetas tiene un límite de $2,000 para el consumidor.
Vincular los precios a la inflación
Según el proyecto de ley, los fabricantes tendrían que informar de sus precios al secretario del HHS, y si los precios aumentan más rápido que la inflación, los fabricantes de medicamentos tendrían que pagar un reembolso al gobierno. Los que no paguen el reembolso se enfrentarían a una sanción civil del 125% del valor del reembolso.
La normativa se aplicaría a los medicamentos adquiridos a través de los planes de Medicare y los que no lo son.
A largo plazo, la idea es frenar la inflación de los precios de los medicamentos, que ha superado la inflación general durante décadas.
Los precios de los medicamentos estarían vinculados a lo que eran en marzo, y el sistema entraría en vigor en 2023, por lo que habría poco impacto inmediato. (Algunos legisladores esperaban fijar el programa a los precios de hace varios años, lo que podría producir un efecto mayor, pero eso se cambió en las negociaciones del último fin de semana de octubre). El impacto a largo plazo también es difícil de juzgar, porque bajo el complicado sistema actual, muchas personas que pagan por los medicamentos reciben ayuda de las farmacéuticas, y la mayoría de los genéricos en los Estados Unidos son relativamente baratos, indicó Comanor.
A largo plazo, sin embargo, se espera que el ahorro sea sustancial para el gobierno, así como para los consumidores que no tienen derecho a otros programas para ayudar a pagar sus medicamentos y necesitan medicinas de alta gama.
Como mínimo, la legislación haría que Estados Unidos avanzara en la dirección del resto del mundo.
“Cuanto más tiempo esté el medicamento en el mercado, más bajo será el precio”, afirmó Gerard Anderson, profesor de política sanitaria en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. “En todos los demás países, el precio baja con el tiempo, mientras que en los Estados Unidos es habitual que los precios aumenten”.
