Demócratas y republicanos comparten una preocupación: la seguridad de los menores en internet

Los candidatos al Senado de Estados Unidos en Texas difícilmente podrían ser más diferentes: uno es James Talarico, ex seminarista convertido en legislador estatal demócrata que habla con tono sereno sobre el amor y la empatía, y el otro es Ken Paxton, el combativo fiscal general republicano del estado, que revindica el negarse a ceder.

Sin embargo, comparten un enemigo.

A ambos los preocupa el impacto de las redes sociales sobre la salud mental de los niños. Talarico, quien no respondió a una solicitud de comentarios, ha respaldado la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años y ha denunciado “los algoritmos depredadores que nos dividen a cada hora, todos los días”.

Como legislador, fue coautor de un proyecto de ley dirigido contra los deepfakes explícitos, imitaciones digitales de personas, a menudo creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial y utilizadas para acosar a otros en las redes sociales.

Paxton ha demandado a grandes empresas tecnológicas, alegando que hacen que los jóvenes se vuelvan adictos a sus aplicaciones o que no restringen el acceso de los niños a videos con contenido sensible.

“Cuando sea elegido para el Senado de Estados Unidos, Paxton continuará con su trayectoria comprobada de impulsar políticas que protejan a los niños en internet, fortalezcan los derechos de los padres y responsabilicen a las grandes empresas tecnológicas cuando violen la ley”, dijo Madison Cercy, portavoz de la campaña del fiscal, en una declaración a KFF Health News.

La salud mental de los jóvenes se está deteriorando. Mientras los investigadores estudian las posibles causas del problema, crece entre políticos de ambos partidos el impulso para imponer restricciones a las compañías de redes sociales.

Varias de las principales empresas enfrentan demandas e investigaciones y pronto podrían estar sujetas a nuevas regulaciones. Una razón fundamental es la posibilidad de que estén perjudicando la salud mental de los niños.

Las compañías están empezando a sentir la presión. A fines de agosto, el conglomerado de redes sociales Meta llegó a un acuerdo por 17.000 millones de dólares con una coalición de 48 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios, y prometió modificar sus políticas y configuraciones para proteger a los niños. Inmediatamente después, Meta publicó anuncios en grandes periódicos para presionar a sus competidores a adoptar medidas de protección similares. Los defensores de la salud infantil quieren ir más lejos, impulsando una legislación federal.

De hecho, este año, al menos 35 candidatos al Senado de Estados Unidos han patrocinado proyectos de ley para limitar el uso de las redes sociales, iniciado investigaciones o criticado públicamente a las grandes empresas tecnológicas a las que acusan de haberse aprovechado de adolescentes y niños.

“Estamos protegiendo a nuestros niños, no a quienes se benefician de su presencia en internet”, declaró en junio Juliana Stratton, vicegobernadora demócrata y candidata al Senado en Illinois, al destacar una ley aprobada por el Estado.

El Congreso está cada vez más cerca de votar el Kids Online Safety Act, el proyecto de ley que encabeza los esfuerzos por regular las redes sociales. La iniciativa les exigiría a estas compañías adoptar diversas medidas de protección, entre ellas, limitar la posibilidad de que los usuarios se comuniquen con menores.

Un intento anterior de aprobar una versión del proyecto obtuvo 91 votos a favor en el Senado. Donald Trump Jr., hijo del presidente, dijo en diciembre de 2024 que la legislación debía aprobarse “lo antes posible”.

En medio del creciente impulso hacia nuevas regulaciones federales, las grandes compañías tecnológicas están haciendo lobby para promover las políticas que más les convienen. Apple apoya el proyecto de ley, dijo un vocero a KFF Health News, mientras que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ha gastado10 millones de dólares en publicidad televisiva para promocionar sus cuentas para adolescentes.

“Cualquier legislación sobre seguridad juvenil debe dar el control a los padres; una prohibición total de las redes no lo hace”, afirmó el vocero de Meta, Ed Patterson, quien sostuvo que ese tipo de prohibición absoluta empuja a los jóvenes hacia plataformas menos seguras. “Apoyamos una legislación que dé poder a los padres —y no al gobierno— para aprobar las aplicaciones que sus hijos adolescentes pueden descargar de la App Store”.

Meta y otros grupos del sector se están apresurando en dar forma a las regulaciones de las redes sociales y de la tecnología en general.

The Wall Street Journal informó que Meta donó unos 10 millones de dólares a Securing American Greatness, una organización política sin fines de lucro alineada con el presidente Donald Trump. Según una búsqueda de KFF Health News en la base de datos de lobby del Senado, unas 70 corporaciones, asociaciones comerciales, organizaciones sin fines de lucro y otros grupos han estado haciendo lobby ante los senadores en relación con el proyecto.

Según The Washington Post, la administración Trump ha intentado vincular el proyecto de seguridad en internet con otros aspectos de su agenda sobre inteligencia artificial, que incluye legislación destinada a dificultar la regulación de esta tecnología a nivel estatal. La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios.

La opinión pública sobre las grandes empresas tecnológicas es cada vez más negativa. En 2024, el Pew Research Center encontró que el 78% de los estadounidenses consideraba que las empresas tecnológicas tenían demasiada influencia en la política, mientras que el 64% opinaba que las redes sociales tenían un efecto mayormente negativo en el país.

Un amplio movimiento, que incluye a buena parte de las instituciones de salud pública, grupos de padres, fiscales generales y empleados que denuncian irregularidades desde dentro de las empresas, está pidiendo una mayor regulación, mientras sectores de la industria tecnológica responden con grandes gastos en lobby y publicidad.

“Tienes a toda la industria y todo su dinero para hacer lobby”, dijo Allison Ivie, directora de políticas de la Coalición de Desórdenes Alimentario (Eating Disorders Coalition). Muchos expertos consideran que las redes sociales contribuyen a los trastornos alimentarios al mostrar a los niños imágenes de jóvenes con una delgadez poco realista y amplificar contenidos que promueven dietas extremas.

“No es una lucha equilibrada en absoluto”, afirmó Ivie en referencia al poder de lobby de la industria. “¿Cómo competir contra eso día tras día?”

Crece internet, se deteriora la salud mental

Según datos de 2025 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un tercio de los jóvenes tiene sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, alrededor de un 10% más que una década atrás. Sin embargo, muchos investigadores cuestionan que las redes sociales sean la causa del problema. Sin embargo, otros indicadores monitoreados por el organismo muestran mejoras.

“La ciencia todavía es rudimentaria y está llena de contradicciones”, explicó Sandro Galea, decano de salud pública de la Universidad de Washington en St. Louis, quien anteriormente presidió un informe de la National Academy of Sciences sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los niños.

Académicos e investigadores han propuesto una amplia variedad de posibles causas de la crisis, entre ellas los cambios en la economía, una disminución de las conexiones sociales, el acceso a armas de fuego y la pandemia.

A pesar de la incertidumbre, buena parte de las instituciones de salud pública se está movilizando contra las redes sociales. A principios de septiembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) organizó un evento de tres horas en el que aconsejó a padres e hijos pasar más tiempo alejados de las pantallas. Es la advertencia más reciente de una serie emitida por la oficina del cirujano general de Estados Unidos —tanto durante la administración Biden como durante la de Trump— sobre estas tecnologías.

“Sigue aumentando la evidencia sobre los peligros reales y potenciales del acceso no regulado de los niños”, aseguró a KFF Health News Jerome Adams, ex cirujano general durante la primera presidencia de Trump.

Entre esos peligros, dijo, se encuentran “riesgos graves como tasas más altas de ansiedad, depresión, problemas de sueño y preocupaciones relacionadas con el desarrollo. Los niños que pasan demasiado tiempo en estas plataformas enfrentan verdaderos desafíos durante etapas fundamentales de su crecimiento”.

La reacción política contra las redes sociales se ha extendido por todo el mundo. El Reino Unido y Australia prohibieron recientemente las redes sociales para menores de 16 años. La Unión Europea ha amenazado a Meta con una posible multa de hasta el 6% de sus ingresos por promover “diseños adictivos”, lo que constituiría una violación de las regulaciones del bloque.

Además del acuerdo de17.000 millones de dólares con Meta, otras demandas en Estados Unidos han apuntado contra Snapchat, propiedad de Snap, y TikTok, una aplicación de videos cortos propiedad de un consorcio de compañías estadounidenses y chinas.

Un distrito escolar de Kentucky obtuvo un acuerdo por 27 millones de dólares con compañías de redes sociales; otros mil distritos, incluidos algunos de Los Ángeles, han presentado sus propias demandas colectivas, citando, entre otros daños, los presuntos efectos adictivos de estas plataformas sobre los jóvenes.

Coaliciones de fiscales generales de distintos estados, entre ellos Paxton, han demandado a grandes empresas tecnológicas y, en algunos casos, han logrado acuerdos relacionados con acusaciones de daños a la salud mental y adicción.

A principios de agosto, se ordenó a Meta pagar cerca de 950 millones de dólares después de que un tribunal estatal de Nuevo México determinara que la compañía había sido un “factor importante que contribuye a la actual crisis de salud mental”. La decisión precedió al acuerdo multimillonario.

Una amplia variedad de empresas está sintiendo los efectos de las demandas gubernamentales y civiles. Roblox, la compañía de videojuegos en línea, informó haber pagado 91 millones de dólares en acuerdos legales durante la primera mitad de 2026, incluidos gastos relacionados con “asuntos de protección del consumidor juvenil y seguridad digital”. YouTube, también llegó a acuerdos este año en varios casos relacionados con jóvenes.

Grandes tecnológicas en jaque

Sin embargo, las iniciativas en el Congreso han acaparado gran parte de la atención. Las comisiones parlamentarias han citado a ejecutivos de las tecnológicas, algunas veces para escucharlos de manera cordial, pero con mayor frecuencia para cuestionarlos duramente.

A la presión para aprobar nuevas leyes se suman investigaciones que siguen en curso, muchas de ellas basadas en testimonios de personas que denunciaron prácticas de la industria desde dentro. En 2025, Sarah Wynn-Williams —una exdiplomática de Naciones Unidas que posteriormente se incorporó a Meta— testificó ante el Senado sobre las prácticas de la compañía.

Cuando le preguntaron sobre las acusaciones de que la empresa había ocultado o negado conocer los daños que provocaban sus plataformas, contestó: “Facebook apuntaba a chicos de entre 13 y 17 años. Podía identificar cuándo se sentían inútiles, indefensos o fracasados, tomaba esa información y la compartía con los anunciantes”.

Como ejemplo, Wynn-Williams les contó a los legisladores: “Si una chica de 13 años borraba una selfie, ese era un muy buen momento para intentar venderle un producto de belleza”.

Meta ha enfrentado repetidas acusaciones de haber intentado ocultar investigaciones internas relevantes, incluso al gobierno. En una serie de fallos entre 2025 y 2026, un juez de Washington, D.C., determinó que los abogados de la compañía habían ordenado a empleados “eliminar partes de investigaciones que mostraban que Meta conocía la vulnerabilidad de los usuarios adolescentes durante su desarrollo porque esas investigaciones podían ser utilizadas por las autoridades gubernamentales que investigaban a Meta”.

Pero Meta afirma que ha aprobado tres decenas de estudios sobre cuestiones sociales relacionadas con los jóvenes y que ha “realizado cambios concretos para proteger a los adolescentes en internet”. Entre estos cambios está la creación de cuentas para adolescentes cuyas configuraciones pueden ser controladas por los padres.

Sin embargo, las protecciones a la libertad de expresión y la privacidad complican cualquier intento de regulación. Para que la legislación funcione, dijo Jenna Leventoff, asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), “las plataformas van a querer saber quién es menor y quién no”.

“No bastará con preguntarles a los usuarios qué edad tienen”, señaló. Y recordó: “Cuando yo era niña siempre decía que era mayor de lo que realmente era para poder crear cuentas”.

Pero la tendencia a imponer restricciones continúa. Con el tiempo, dijo Ivie, “vamos acumulando toda esta evidencia condenatoria. Y eso cambia las perspectivas”.