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Se ha comprobado que estas iniciativas mejoran la salud de las personas y el acceso a la atención preventiva, al tiempo que reducen las costosas visitas al hospital
Organizaciones comunitarias de salud en California y en todo el país forman a adolescentes, muchos de ellos latinos, para que actúen como educadores de la salud en la escuela, en las redes sociales y en las comunidades donde persiste el miedo a la vacuna contra covid.
Los trabajadores comunitarios de salud son críticos para ayudar a los más vulnerables. Pero sus empleos están en peligro a medida que disminuyen los casos de covid.
El 15 de abril, todos los adultos de California serán elegibles para inscribirse para recibir una vacuna y, a principios del verano, el objetivo es tener suficientes dosis para cualquier adulto que la quiera.
Alrededor de 29 millones de personas en el país dependen de estos centros, que ofrecen atención médica a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. Millones de latinos utilizan estas clínicas.
En China es habitual ver transeúntes usando máscaras faciales. Pero en los Estados Unidos se trata de un fenómeno nuevo que genera algo de rechazo.
Jane García, directora ejecutiva de la Clínica de La Raza, que opera una red de 30 centros comunitarios de salud, ha sido testigo activo de la lucha por la salud de los inmigrantes.
La doctora Yamanda Edwards es la única psiquiatra en el Martin Luther King, Jr. Community Hospital. Ella decidió ejercer en el vecindario en donde creció, que tiene una necesidad acuciante de servicios de salud mental.
Siempre se creyó que era un enclave de los ricos, pero hoy en día más de 17 millones de personas viven en los suburbios, en donde es un desafío encontrar un doctor.
Como parte de la legislación para no cerrar el gobierno federal, estos centros que reciben a 27 millones de personas cada año en todo el país tendrán dinero por dos años.
La dura posición del gobierno de Trump sobre inmigración podría estimular recortes en la financiación federal y complicar una amplia variedad de programas de salud en estas ciudades.
Sólo el 38% de los hogares latinos tienen un plan ante un desastre, el porcentaje más bajo de cualquier grupo racial o étnico.
El uso de moteles deteriorados para cuidar y albergar temporalmente a personas sin hogar recientemente dadas de alta del hospital ayuda a estabilizarlos de manera económica, previniendo retornos innecesarios y costosos a las salas de emergencia y a los hospitales.
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