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Su uso generalizado, mientras que una enfermedad infecciosa, para la cual no hay vacuna, continúa propagándose en los Estados Unidos, ha sorprendido a expertos y médicos.
A fines de marzo, el Congreso aprobó dos leyes, que esencialmente establecieron no solo que las pruebas para COVID tenían que estar cubiertas, sino que los pacientes no debían pagar un centavo.
Del 8 de marzo al 11 de abril, el número de donantes de órganos que murieron en accidentes de tránsito disminuyó un 23% en todo el país, en comparación con el mismo período del año pasado.
El ambicioso plan es no solo retrasar, sino frenar, el poder destructivo de COVID-19 a través de la tediosa pero poderosa herramienta de salud pública llamada rastreo de contactos.
Son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus. Y pueden estar enfrentando desafíos imprevistos para obtener atención, quimioterapia, e incluso cirugías para remover tumores.
Consultorios y grupos médicos en todo el país están dando licencia forzada a personal no médico. Y también recortando salarios luego que se suspendieran procedimientos electivos y se comenzaran a cancelar citas no urgentes.
Alrededor de 29 millones de personas en el país dependen de estos centros, que ofrecen atención médica a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. Millones de latinos utilizan estas clínicas.
Al aumentar el número de pacientes con coronavirus, escasean las máscaras y otros equipos de protección. Y las enfermeras de Washington recurren a métodos alternativos para cuidarse y cuidar a los pacientes.
En Boulder High School, en Boulder, Colorado, se ha convertido una tarea cotidiana recoger productos del vapeo, que pueden ser tóxicos.
Si bien la investigación es limitada, una revisión de 2017 de varios trabajos sobre el tema halló que la violencia de hijos a padres es un problema grave que suele no reportarse.
Defensores de la salud mental dicen que la situación es particularmente difícil para los indocumentados, tanto para el acceso al tratamiento como con las autoridades de inmigración.
Cerca de 9,2 millones de adultos en los Estados Unidos enfrentan tanto un problema de salud mental como de drogas, o ambos. Y les resulta difícil acceder a atención especializada.
El uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes se ha duplicado desde 2017, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
La prevalencia del TDAH se ha disparado en las últimas dos décadas, y ahora, 1 de cada 10 niños recibe este diagnóstico en el país. Hay controversia sobre qué terapia utilizar primero.
Activistas y legisladores se han centrado en el aumento del precio de la insulina, pero controlar la afección requiere de otros suministros médicos que a menudo son difíciles de conseguir.
Algo que resulta obvio no se ha estado haciendo en el sistema de atención de salud del país: coordinar tratamientos físicos y mentales, para lograr una mejor evolución de los pacientes.
La Organización Mundial de la Salud llama al cambio climático "el mayor desafío para la salud del siglo XXI", y una docena de sociedades médicas estadounidenses instan a la acción para limitar el calentamiento global.
Un programa piloto en el condado de Miami-Dade demostró la efectividad de esta intervención de salud pública. Una nueva ley podría ampliarla a otros condados.
A medida que la hierba se ha vuelto más fácil de conseguir para la gente, también se ha convertido en un peligro para los perros, que la pueden consumir involuntariamente en parques.
Presionan a centros de salud a tomar más medidas de seguridad para prevenir una forma de violencia que ha sido considerada por largo tiempo como "parte del trabajo".
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